Diciembre 2, 2015 / ElChiltepin > El Zancudo. (No mata, pero hace roncha)

Hasta el último día, las transas en Codeson

Hasta el último día, las transas en Codeson
Por Arturo Soto Munguía

Hasta el último día, funcionarios del pasado gobierno operaron para saquear lo que quedaba del presupuesto y hacer negocios con sus amigos.

 

En casi todas las dependencias se registraron casos como los que a continuación documentaremos, éstos ocurridos en la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, donde antes de irse, el director Vicente Sagrestano Alcaraz y sus cuates rasparon hasta los sartenes para no dejar ni las sobras.

 

Jorge Antonio López Noriega, Anna Noriega Salazar y Juan Martín Herrera Moreno están en la mira de la Contraloría por presuntas irregularidades en la licitación y adjudicación de obras por casi seis millones de pesos, en los que se presumen acuerdos violatorios a la convocatoria de las mismas.

 

Solamente en 2014, el señor Jorge Antonio López Noriega fue beneficiado con la asignación de las siguientes obras: bodega para el ISC (156 mil pesos); segunda etapa de esa bodega (181 mil pesos); rehabilitación de biblioteca en Bahía Kino (686 mil pesos); rehabilitación de biblioteca en Esqueda (677 mil pesos); rehabilitación de biblioteca en La Manga, Hermosillo (250 mil pesos); rehabilitación de biblioteca en Moctezuma (722 mil pesos); rehabilitación del Kiosko del Arte en Hermosillo (351 mil pesos); rehabilitación del edificio de la banda de Música (sí, esa que protestó muchas veces porque no les pagaban y no tenían ni instrumentos), por 545 mil pesos.

 

Los casos aquí citados corresponden a licitaciones de obras por más de cinco millones de pesos a través de un proceso de ‘invitación’ en el que participaron tres concursantes: los mismos para cinco obras que se repartieron entre ellos a partir de lo que se presume un acuerdo previo, algo que es prohibido en la propia convocatoria, pero eso es algo que tendría que demostrar la autoridad competente: Contraloría estatal, el Instituto Superior de Auditoría Fiscal o la Fiscalía Especial Anticorrupción.

 

Y es que al menos dos de los concursantes presentaron el mismo domicilio fiscal de sus empresas, lo que hace presumir el delito.

 

Explicando: Codeson emitió la convocatoria para licitar por invitación a cuando menos tres personas, para la construcción del campo de fútbol 7 en la colonia La Caridad, de Hermosillo, el 28 de agosto de 2015, dos semanas antes de terminar la gestión de Guillermo Padrés Elías. El acto de apertura y presentación de proposiciones se llevó a cabo el 7 de septiembre de 2015 a las 8:30 horas.

 

El 21 de agosto de 2015, el oficial mayor del gobierno del estado, Carlos Tapia Astiazarán envió el oficio 404/2015 al secretario de Educación y Cultura, Jorge Luis Ibarra Mendívilen el que notifica la autorización para que las obras por un monto de 5.84 millones de pesos, inicialmente programadas como ‘rehabilitación’ se modifiquen a ‘construcción’.

 

Se trata de las siguientes obras: Campo de futbol en la colonia La Caridad; campo de futbol 7 en la escuela primaria Leona Vicario en la colonia 4 Olivos; campo de futbol 7 en la colonia Cortijo Unison; campo de futbol 7 en la escuela primaria Amadeo Hernández en la colonia Insurgentes y campo de fútbol 7 en la escuela primaria Profesor Juan Ruiz Durazo en la colonia Villa Sonora.

 

Para las cinco obras licitadas fueron invitados tres empresarios: Jorge Antonio López Noriega (cualquier coincidencia con los apellidos de la ex diputada federal Alejandra, puede no ser mera coincidencia); Anna Noriega Salazar y Juan Martín Herrera Moreno, de la empresa HMLV Construcciones y Proyectos.

 

En resumen, el señor Herrera Moreno ganó la licitación del campo de futbol en La Caridad, presentando una propuesta de 1 millón 141 mil 359 pesos, 36 mil 772 pesos menos que el monto presupuestado.

 

El señor Jorge Antonio López Noriega ganó la licitación del campo de futbol en la Leona Vicario, con una propuesta de 1 millón 141 mil 303 pesos, con 36 mil 827 pesos menos que el monto presupuestado.

 

También ganó la licitación del campo de fútbol en la escuela Amadeo Hernández, con una propuesta de 1 millón 093 mil 567 pesos; 35 mil 474 pesos menos que el monto presupuestado.

 

La señora Anna Noriega Salazar, por su parte, ganó la licitación del campo de futbol en la colonia El Cortijo Unison, con una propuesta de 1 millón 093 mil 606 pesos; 35 mil 435 pesos menos que el monto presupuestado.

 

También ganó la licitación del campo de futbol en la escuela Ruiz Durazo, con una propuesta de 1 millón 093 mil 606 pesos; 35 mil 435 pesos menos que el monto presupuestado.

 

La precisión con que coinciden las cifras que hacen la diferencia entre lo presupuestado y lo propuesto es, por lo menos, sospechosa, sobre todo considerando que las aperturas de los procedimientos se llevaron a cabo con media hora de diferencia una de la otra, en los cinco casos para los tres mismos licitantes.

 

En los contratos de obra se observa que el señor Jorge Antonio López Noriega declaró como domicilio fiscal el de Calle 14 de Abril número 114, Colonia San Benito, en Hermosillo, Sonora.

 

La señora Anna Noriega Salazar, en los contratos de obra respectiva, dio exactamente el mismo domicilio fiscal, lo cual podría contravenir una de las cláusulas de la convocatoria, la XVII relativa al Desechamiento de Proposiciones, que a la letra establece como causal para ello: “Si la convocante comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes”.

 

En ese sentido hay varios elementos que hacen presumir algún tipo de acuerdo: desde la invitación a las mismas tres personas para que concursen las cinco obras y la asignación de las mismas en algo que en la jerga de las licitaciones se conoce como “carrusel” (una pa’ ti, una pa’ mí; otra pa’ ti, otra pa’ mí, y así), hasta el hecho de que dos de las empresas presenten el mismo domicilio fiscal.

 

Igual las propuestas con precisión milimétrica para que dos sean desechadas y una aceptada según sea el caso, tendrían que ser materia para investigación de la Contraloría estatal, por lo menos.

 

Toda esta información, obtenida a través de una solicitud vía Transparencia es apenas una muestra de lo que la anterior administración llevó a cabo sistemáticamente y hasta el último día de su ejercicio, para favorecer a sus amigos.

 

Hay, desde luego, otros casos, en otras dependencias, que en próximos despachos estaremos documentando.

 

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