Por Arturo Soto Munguía

Conforme pasan los días les está resultando cada vez más difícil a los ex funcionarios de Guillermo Padrés defender la administración del ex gobernador y son varios los que poco a poco comienzan a tomar distancia, preparando el deslinde para cuando inicien los procesos administrativos y/o penales por diversos delitos.

 

Y esto podría ocurrir dentro de un mes, considerando el plazo de 30 días fijado por legisladores locales para que el Instituto Superior de Auditoría Fiscal inicie esos procedimientos, sin contar los que ya se encuentran abiertos contra varios ex funcionarios que ya acudieron a declarar en calidad de inculpados a la Fiscalía Especial Anticorrupción.

 

Entre ellos se cuentan Roberto Romero López, John Swanson Moreno, Mario Cuen y otros que forman fila ante ese organismo de nueva creación.

 

El debate de las cuentas públicas en el Congreso del Estado sirvió para documentar nuevas y viejas denuncias por desvío de recursos que podrían derivar en un daño patrimonial susceptible de ser castigado.

 

Frente a eso, la bancada del PAN decidió hacer frente a las acusaciones y salir a defender la causa padrecista bajo un discurso en el que aceptan que los culpables, si los hay, deberán ser sujetos al imperio de la ley, aunque lo matizaron con argumentos a favor de que no se criminalice a priori. Y también sacaron sus cartas para negociar, sobre todo con algunas administraciones municipales priistas que también presentan irregularidades en el manejo de sus presupuestos.

 

Pero incluso en la bancada del PAN se sabe que hay casos indefendibles y se valora la conveniencia de mantener la defensa a ultranza de esos casos, sobre todo por los costos políticos que pudiera tener para quienes albergan expectativas de contender por algún cargo de elección dentro de tres años.

 

De hecho, la negativa a bajar al pleno el jueves pasado tuvo entre sus principales promotores a Javier Dagnino y Célida López, dos de los más recalcitrantes padrecistas, quienes, sin embargo, no cuentan con la adhesión de toda la bancada, aunque todavía están en condiciones de apelar al espíritu grupal, la unidad del partido y otras cosas que cada vez resultan menos convincentes, a la luz de la sucesión que se avecina en la dirigencia estatal del PAN.

 

Mantenerse en la defensa de Padrés y sus cercanos, a ultranza, no parece ser una apuesta redituable políticamente, y lo será menos cuando empiecen a rodar cabezas. Ya veremos.

 

II

 

Nuevas revelaciones hizo la ex empleada doméstica de la familia Padrés Dagnino, Gisela Peraza Villa durante el programa de Adela Micha, donde sostuvo que durante el tiempo que trabajó para ellos “vio muchas cosas”, entre ellas, la normalidad con que allí “había muchas maletas de dinero”.

 

Gisela Peraza, quien trabajaba para esa familia desde años antes de que Guillermo Padrés llegara a ser gobernador, explicó que esas maletas de dinero llegaban durante las campañas electorales.

 

En una nota que difunde Excélsior, se citan las declaraciones de la ex trabajadora doméstica, quien estuvo presa durante cuatro años, acusada de robar 450 mil pesos en efectivo y 150 mil pesos en joyas, junto con un agente de seguridad de la Casa de Gobierno que también purgó una sentencia similar.

 

Hace un par de días, Peraza Villa presentó una demanda contra el ex gobernador y 19 de sus colaboradores, por tortura física y sicológica, abuso de autoridad, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lo que resulte, exigiendo una indemnización de 20 millones de pesos.

 

Maloro: a bailar con la más fea

 

El inicio de la administración municipal en Hermosillo ha sido más complicado de lo que se preveía.

 

A los problemas ‘de temporada’ –por llamarlo de alguna forma-, que tienen que ver con el desastre provocado por las lluvias en las vialidades de la capital, el alcalde Maloro Acosta ha tenido que enfrentar otros de coyuntura, como es la insolvencia para enfrentar el cierre de año, para lo cual solicitó un crédito de cien millones de pesos que todavía no autoriza el Congreso del Estado.

 

Pero aun sin salir de ese asunto, se le viene otro encima: el aumento en la tarifa de agua potable, un tema muy sensible y altamente explotable por la oposición para arrimarle leña a la autoridad municipal. Y no aludimos a la actual administración: cuando el PAN ha estado en el gobierno, el PRI levanta la bandera de tarifas justas, transparencia y eficiencia en el servicio.

 

El tema, particularmente en Hermosillo, ha sido políticamente muy redituable para la oposición, independientemente de quién esté en el gobierno.

 

Hoy no será la excepción y, frente al inminente incremento a las tarifas, ayer salió a hacer algunas precisiones el director de Agua de Hermosillo, Renato Ulloa Valdez, quien recordó que ese incremento se incluyó desde 2010 en la Ley de Ingresos de ese año, y estaba justificado en la construcción de una planta tratadora de aguas residuales, cuyos recursos, por cierto, fueron gestionados desde la administración de Ernesto Gándara, quien los gestionó ante el gobierno federal.

 

Como se recordará, el alcalde que le siguió, Javier Gándara licitó mañosamente la construcción de esa obra, por lo que tal licitación fue cancelada y se tuvo que volver a lanzar. Pasaron esos tres años sin que la planta se construyera. Luego vino la administración de Alejandro López Caballero, que tampoco la concluyó. Los incrementos, sin embargo, por estar contemplados en la Ley de Ingresos, se aplicaron invariablemente.

 

Es decir, los incrementos se vienen aplicando desde 2010, sin que eso se refleje en mejoras sustanciales en el servicio y sin que entre en operación la planta tratadora, que está proyectada para comenzar a funcionar el próximo año, al presentar avances a la fecha, del 98 por ciento.

 

Veremos cómo evoluciona este tema en los próximos días.

 

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