Por Arturo Soto Munguía

En el debate por el eventual incremento a la tarifa de agua potable en Hermosillo hasta en un 35 por ciento, se ha revelado sólo una parte del complejo problema de abasto para la ciudad capital de Sonora.

 

Falta aún conocer los números reales relacionados con el costo que tiene el agua traída desde la presa El Novillo a través del Acueducto Independencia, la polémica obra del sexenio padrecista que sigue impugnada en tribunales federales, y que entre otras cosas encareció desmesuradamente el costo del agua para esta ciudad.

 

Cálculos conservadores dados a conocer el año pasado por parte de la Comisión Nacional del Agua, estiman que el metro cúbico del líquido, puesto en Hermosillo puede llegar hasta los 30 pesos debido a los costos de operación del Acueducto, señaladamente los relacionados con el pago de energía eléctrica para hacer funcionar las bombas a lo largo de más de 150 kilómetros.

 

30 pesos el metro cúbico es una desmesura que entre otras cosas ha sido el origen de una deuda de más de cien millones de pesos que mantiene el organismo operador de Hermosillo con la Comisión Federal de Electricidad y con la Comisión Nacional del Agua que opera el Acueducto, después de que el gobierno federal decidió quitarlo de las manos del gobierno estatal.

 

El organismo operador de Hermosillo le debe al Fondo de Operaciones de Obras Sonora Sí y la Comisión Estatal del Agua; y éstos le deben a Conagua. Persiste además una deuda con productores de Huasabas y Granados a quienes el gobierno estatal compró sus derechos de agua, con la promesa de un pago de por vida, mismo que no sólo ha sido incumplido, sino que todavía unos días antes de finalizar la pasada administración, esos productores recibieron un abono a la deuda que data desde 2011, y nada más.

 

Todo ese enredo viene a complicarse aún más con la entrada en operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales el año próximo que, se argumenta, es el origen de la aprobación del incremento del 35 por ciento a la tarifa de agua potable, que ciertamente fue incluido en la ley de ingresos desde el trienio de Javier Gándara Magaña, pero que le tocará aplicar al actual presidente municipal Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, quien ha declarado que busca aminorar el impacto, reduciendo ese incremento.

 

El costo político de un aumento a la tarifa de agua será grande, y la oposición panista ya ha velado armas para capitalizar el descontento social por una medida de esa naturaleza, aunque el gobierno municipal ya diseñó una estrategia para responsabilizar a las anteriores administraciones, no sólo por el incremento, sino por el desastre financiero en el organismo operador, donde recientemente se reveló que existe una deuda de mil 600 millones de pesos.

 

Según datos dados a conocer por el director de la paramunicipal, se adeudan 627 millones de pesos a proveedores de llantas, tuberías y gasolina; de ellos, 351 millones de pesos deben pagarse el año entrante. Hay otros 700 millones de pesos que debieron pagarse este año, lo cual no ocurrió.

 

A Comisión Federal de Electricidad, Bancos y Acueducto Independencia se deben 100 millones de pesos; otros 119 millones de pesos a proveedores diversos; 94 millones de pesos a Banobras y otros 141 millones de pesos a Conagua.

 

La paramunicipal está pues, ahorcada por las deudas contratadas en su mayor parte durante las dos anteriores administraciones, algo que desde luego omiten recordar los panistas que hoy enderezan una campaña de golpeteo políticos contra la actual administración, pero que en un determinado momento no tendrían empacho en incluir en sus cuestionamientos, toda vez que eso implicaría un ajuste de cuentas con el ex alcalde Alejandro López Caballero, a quien le endosan la derrota electoral del pasado siete de junio.

 

Pero insisto: esa es sólo una parte del problema. La otra es el destino del Acueducto Independencia, pues su viabilidad técnica y financiera se encuentra en entredicho. En esa obra se invirtieron casi cuatro mil millones de pesos, lo que sin duda hinchó las cuentas bancarias de no pocos funcionarios de la administración estatal pasada por la vía de los moches.

 

Una obra costosísima que nunca ha operado al cien por ciento ya que por un lado resulta carísimo hacerlo, pero por el otro, Hermosillo tiene fuentes de abasto suficientes para satisfacer la demanda de agua a menor costo, como ya ha quedado demostrado.

 

Durante su pasada visita, el presidente de la República Enrique Peña Nieto se reunió con representantes del Movimiento Ciudadano por el Agua, de Cajeme, quienes han encabezado la lucha legal y política contra la operación de ese acueducto, comprometiéndose a regresar a Sonora con una respuesta a esas demandas.

 

Bien a bien, no se sabe en qué términos venga esa respuesta, aunque se presume que los días de la megaobra del padrecismo están contados.

 

Poco se ha hablado de los beneficios que traerá la operación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, pero se sabe que al tratar el cien por ciento de las mismas en Hermosillo, serán reutilizadas en agricultura, ganadería y riego de parques, vialidades y jardines, lo que significará un considerable ahorro ya que actualmente para esas actividades se utiliza agua de pozos.

 

Este tema apenas comienza.

 

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