El manejo de los recursos públicos es una comisión dentro de la labor de los funcionarios de Gobierno y sí, una deoc las más importantes. Se espera una correcta ejecución, transparencia y rendición de cuentas. Son cansadas las historias de tanta malversación del erario e inconcebible la certeza, de que se recupere ese dinero.

Las nuevas tecnologías permiten crear plataformas para consultar e incluso comentar información sobre el ejercicio del gasto público. No obstante, en los portales  de Gobierno su presentación es compleja, complicada su búsqueda, poca evidencia probatoria de lo expuesto y más. Esto provoca un enjambre de datos y engrandece la brecha de una apropiada transparencia y rendición de cuentas.

Uno de los intentos por parte de  los Gobiernos, hacia la apertura en el manejo de los recursos públicos, es transmitir vía Internet en tiempo real, la presentación de la convocatoria de una licitación, el nombre de los participantes, el monto a licitar, el producto que se va a adquirir, el proceso de selección, etc y por supuesto que es un paso positivo, sin embargo no es suficiente para saber y conocer el porcentaje de impacto en la población beneficiaria y que no exista conflicto de interés al elegir al proveedor.

Es decir, nos informan la cantidad del recurso que se va ha erogar, el dinero que saldrá de las arcas públicas, pero no se publica con claridad la partida afectada, la cantidad sobrante de ese rubro para el ejercicio anual, el procedimiento de pagos. Tampoco, el nombre de los integrantes del comité de adquisiciones, su proceso de selección, el alcance de cobertura para la población con ese producto adquirido, el nivel de porcentaje de cumplimiento según el Programa Operativo Anual, entre otros.

Al considerar el modelo de la Asociación de Contrataciones Abiertas, en su estrategia 2015 - 2018 establece ciertos criterios, los cuales marcan un nivel alto de exigencia, reflexionando que por naturaleza para los Gobiernos es complicado implementar prácticas diferentes tendientes a la rendición de cuentas.

Este modelo destaca que se debe hacer público: el alcance y las especificaciones de cada contrato; cualquier conflicto de intereses o inhabilidad revelados; Los resultados de la evaluación, incluyendo la justificación de la adjudicación; Cronogramas de trabajo o de entrega; Fechas y pagos efectuados o recibidos por etapas (en relación con el importe total) y el origen de esos pagos.

También, condiciones para la terminación del contrato; evaluaciones de impacto ambiental y social de la ejecución del contrato; disposiciones para la gestión de riesgos e imprevistos; Información financiera relativa a los ingresos y gastos así como sobrecostos e incumplimiento de plazos, si los hubiere.

Además incluye que los gobiernos fomentarán un entorno favorable que reconozca, fomente, promocione, proteja y genere oportunidades de consulta y monitoreo por parte de la ciudadanía en relación a las contrataciones públicas, desde la etapa de planificación hasta la terminación de las obligaciones contractuales, para lo cual puede ser necesario adoptar nueva legislación.

Yo le agregaría que se muestre también con mucha puntualidad y claridad el nivel de intervención de cada funcionario en el proceso del manejo del erario, desde que el recurso ingresa a las cuentas públicas hasta su erogación. Para identificar quien o quienes, el momento y el motivo por el cual hicieron uso del recurso público.

Es viable considerar en el diseño de nuevas plataformas anexar todo esto, podría abonar al aumento del sentido de responsabilidad de quienes ejercen la administración pública.