Por Arturo Soto Munguía

En el caso del incremento a las tarifas de agua en Hermosillo, hay un legítimo reclamo por parte de la ciudadanía, exigiendo que no se cargue a sus bolsillos el costo de la corrupción y la ineficiencia de quienes provocaron el actual estado de cosas.

 

Hay también una sobrada carga de oportunismo de quienes en su momento aprobaron el multi mencionado incremento del 35% a los derechos por saneamiento de agua en una planta tratadora que no construyeron por motivos ya muy citados, que tienen que ver con licitaciones amañadas (suspendidas dos veces por irregularidades) durante el trienio de Javier Gándara Magaña.

 

Hay una postura crítica de parte de los regidores y dirigentes del Movimiento Ciudadano exigiendo información suficiente y precisa sobre la situación financiera del organismo operador y pidiendo llamar a cuentas a quienes haya que hacerlo, para que expliquen cómo es que se llegó a esta situación.

 

Hay un eufemismo innecesario de parte del alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, aludiendo a una ‘nivelación’ cuando lo que se resentirá en los hechos es un incremento en el cobro de los derechos por el servicio de agua potable. Innecesario, porque los eufemismos de ese tipo sólo hacen más evidente lo que se pretende esconder o, por alguna razón, maquillar, escamotear.

 

Hay una escalada crítica en medios de comunicación como el imparcial (minúsculas deliberadas) que es inversamente proporcional a su credibilidad y directamente proporcional a su desazón frente a lo que parece ser el fin de sus contratos multimillonarios con los gobiernos estatal y municipal, que incluyeron, señaladamente durante el padrecismo, la ausencia total de cuestionamientos, la manipulación de la información, el escamoteo de la misma y una alta, muy alta dosis de alabanzas y magnificación del culto a la personalidad de su socio y amigo, Guillermo Padrés y sus secuaces.

 

Hay una operación en redes sociales, de un diezmado ejército de troles mal pagados y peor convencidos, para culpar a la administración malorista por el incremento, construyendo la historia como si ésta hubiese comenzado en junio de 2015 y no antes.

 

Hay una coyuntura propicia para revolver el agua, pues a nadie le gusta que los gobiernos le cobren de más por derechos, impuestos y servicios, cuando lo que se obtiene a cambio no tiene nada qué ver con esos costos.

 

Y esa cargada la encabezan los panistas, súbitamente defensores de las causas populares a las que acuchillaron sin misericordia durante los anteriores seis años, de los que salieron -también súbitamente-, familias multimillonarias que en 2009 andaban pidiendo prestado para pagar la luz y el agua.

 

Separando el trigo de la paja, el gobierno del Maloro debería tener clara la diferencia entre el legítimo reclamo ciudadano para que ya no le sigan clavando la uña en el bolsillo a cambio de nada, y los chillidos de mercachifles de la política, engaña bobos como la regidora Elsa Velasco, presidenta de la Comisión del Agua en el Cabildo, quien jamás convocó a reunión alguna para discutir el tema, mucho menos presentó alguna propuesta al respecto y que hoy abandera la causa de la oposición al incremento, sumándose a una campaña de propaganda en la que le sale gratis mandar a un segundo plano los verdaderos atracos del padrecismo, en los que su marido, Carlos Tapia Astiazarán jugó un papel protagónico.

 

Lo que sigue, ciertamente, es la discusión de este tema en el Congreso del Estado, donde es previsible que se imponga la mayoría del PRI y sus aliados para validar la propuesta del alcalde.

 

Sigue, desde luego, la escalada en las críticas desde una oposición que, lamentablemente, no tiene la voz completa después de seis años de mayoriteos tanto en el cabido como en el Congreso, para festinar incrementos no sólo al agua potable, sino a todos y cada uno de los servicios que presta el gobierno, incluyendo algunos nuevos en su momento, como la tenencia disfrazada, de tan triste memoria.

 

En esa lógica, hace bien el alcalde de Hermosillo en poner oídos de matancero a los chillidos de marrano que vienen, fundamentalmente, de los panistas hoy en el descrédito político.

 

También en atender las voces ciudadanas que claman por políticas públicas que enderecen el rumbo, que transparenten el uso de los recursos, que vuelvan eficientes los servicios y que llamen a cuentas a quienes saquearon el erario.

 

Atendiendo esas voces, es que desde este domingo el Ayuntamiento comenzó un programa de cortes en el servicio a grandes morosos, personas físicas y morales que acumulan adeudos de hasta 150 mil pesos y que nunca habían sido molestados por los gobiernos panistas.

 

En esa lista se incluye el Centro de Convenciones Villa Toscana, la empresa habla Tel CC Internacional, que opera el complejo de oficinas en renta Saguaro Business Park (cuyo adeudo es de 349 mil pesos y que en varias ocasiones hizo reconexiones ilegales al servicio de agua potable). Esta empresa es propiedad de Mario Aguirre, el empresario favorito de Guillermo Padrés y cuyo historial es bien conocido sobre todo por el asunto de los uniformes escolares.

 

 

También a la empresa Power Gas, que opera una gasolinera con ese nombre y una purificadora de agua, que en conjunto deben más de 240 mil pesos de agua.

 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha emprendido una campaña para informar las precarias condiciones en que se encuentra la infraestructura hidráulica en la ciudad, producto de la poca o nula inversión: 50% de la red ya rebasó su vida útil; 60 mil tomas domiciliarias en mal estado; del caudal de aguas residuales, sólo se trata el 12%; una deuda del organismo operador que asciende a mil 635 millones de pesos, entre otras herencias del pasado.

 

Este y otros temas, ocuparán espacios en medios durante la semana que comienzan. Hay que estar informados.

 

 

También en Caborca hace aire

 

Hace algunos días, en reciente visita a Hermosillo, la alcaldesa de Caborca, Karina García Gutiérrez nos comentaba que lo encontrado al recibir la administración municipal fue un desastre de proporciones mayúsculas, aunque aún no estaba en condiciones de precisarlo, pues la Comisión de Entrega-Recepción seguía estudiando los documentos.

 

Una vez finalizada la revisión por parte de la comisión plural de regidores integrada ex profeso, se descubrió que el daño patrimonial podría alcanzar los 70 millones de pesos producto del desvío de recursos, asignación irregular de terrenos, préstamos a ex funcionarios y empleados no cubiertos y la retención a los trabajadores de más de 4 millones de pesos no reportados.

 

Si la memoria no falla, Caborca había sido un enclave panista durante los últimos 12 años en los que se sucedieron gobiernos blanquiazules, pero el grueso de las irregularidades -faltas a manuales y procedimientos, incorrecta contratación de obras, manejo discrecional de recursos, obras reportadas como concluidas y que no se realizaron, entre otras-, se acumularon durante la pasada administración encabezada por el panista Francisco Jiménez Rodríguez.

 

Karina García rompió en junio pasado con esa racha ganadora de los blanquiazules, pero sólo fue para encontrarse con esas sorpresas, entre las que destaca la asignación de obras por 5.6 millones de pesos a Premaco del Desierto, la empresa propiedad del ex diputado Ignacio García Fierro, quien fue su contendiente en la pasada elección. Las licitaciones no cumplieron requisitos de ley.

 

La alcaldesa ya giró instrucciones para terminar de integrar los expedientes respectivos y citar a comparecer a los ex funcionarios que resulten involucrados, especialmente en el caso de defraudación a los propios trabajadores del ayuntamiento, a quienes les fueron desviadas sus cuotas sindicales y caja de ahorros, por más de cuatro millones de pesos.

 

Por las dimensiones del atraco en la llamada Perla del Desierto, es seguro que en los próximos días acapare titulares.

 

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