A los partidos políticos nacionales y locales les quedarán pendientes las reformas a la normatividad interna para frenar la migración de militantes entre partidos. La novedad es que ahora los que se van, no dejan el cargo para el que fueron electos ni siquiera a los suplentes —si es que los suplentes no se van también con ellos—.

Ha sido un fenómeno recurrente en el México del siglo XXI esa modalidad de hacer política brincando de partido en partido en tiempos de una mayor oferta política de partidos y organizaciones.

Sí es cierto que el tema se complica cuando se involucran las libertades ciudadanas de militar o no en determinado partido —o escoger la vía independiente (ciudadana, dicen algunos para adornarse)— para participar en política y buscar cargos de elección popular.

Deberá revisarse la fracción III del artículo 35 constitucional, que establece como derechos de la ciudadanía: “Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país”. O el inciso “b” del artículo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, que establece como derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos: “afilarse libre e individualmente a los partidos políticos”. Lo que necesariamente llevará también a tomar en cuenta lo que establece la fracción II del artículo 3 de la misma ley, que prohíbe la intervención de: organizaciones civiles, sociales o gremiales nacionales o extranjeras, organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Lo demás lo tendrán que definir los estatutos de los partidos políticos en lo relativo a la postulación de candidatos, las convocatorias respectivas y los acuerdos que se establezcan con las dirigencias de los partidos políticos. Estos asuntos necesariamente tendrán que discutirse pasadas las elecciones del 2 de junio en las asambleas o consejos nacionales de los partidos, como órganos supremos de autoridad partidista.

¿Ha mejorado la vida política nacional y local el transfuguismo político? Desde luego que no. Las raíces del fenómeno no son tan fáciles de encontrar, pero en la mayoría de los casos, los que se van alegan malos tratos en sus partidos de origen o jugosas ofertas del partido que los convoca para abandonar el barco —casi siempre en medio de tormentas políticas— reales o armadas para tal propósito.

En los momentos que vivimos existe una soterrada lucha por los números en la integración de las bancadas legislativas, y se ha utilizado el fenómeno de compraventa política para lograr mayorías legislativas; casi siempre entregadas al partido en el poder.

¿Y eso que ha provocado? Que se degrade la política a través de la compraventa de lealtades de corto y mediano plazos; y que se anule la crítica y se rebaje notablemente la calidad del debate político pasando a ser los congresos simples repetidores de las políticas oficiales de los gobiernos, sin mínimos señalamientos de las crisis y los problemas que se enfrentan.

El trabajo legislativo se ha transformado en un simple trámite burocrático con reparto de canonjías y recursos, peor que antes, y con una diferencia mayor —en el reparto de recursos— a lo que siempre criticaron.

¿Ha percibido alguien que los legisladores locales y federales ya no gestionan nada para sus comunidades como se hacía antes?

El poder se ha centralizado y ni siquiera para eso les dejan un márgen.

Y con los votantes, ¿qué imagen queda de los que se van? Cuando la salida se debe a escándalos o inconformidades por la selección de candidaturas y no se da la conciliación entre los grupos políticos, la gente reacciona a favor de los que se van. Cuando la salida se da por simple cálculo político (es decir, de aquellos que piensan que les irá mejor si se van a otro partido, aunque los hayan tratado bien en su partido de origen), la gente los trata con desdén y rechazo al darse cuenta del oportunismo y la debilidad en las convicciones y valores al traicionar a sus partidos de origen por interés meramente mercantilista político.

Los resultados en las elecciones son los que finalmente hablan por los votantes y sus niveles de preferencia política hacia aquellos que acostumbran con frecuencia cambiarse de partido (en casos muy burdos de trapecio político), o lo peor, que se alquilen a cambio de dinero y de favores políticos para intentar restarle votos a los partidos de los cuales renunciaron, como si realmente representaran algo más que un simple oportunismo político de coyuntura, sin más.

¿Y tiene remedio el fenómeno del transfuguismo? Por ahora, jurídica y políticamente, no, para los militantes en lo individual. Nadie está obligado a permanecer por un tiempo (o de por vida) en un partido como militante. Se trata del ejercicio de una libertad garantizada en la Constitución. Pero sí debe revisarse el caso de aquellos que, después de obtener un cargo de elección popular, optan por salirse del partido y pasar a otras fuerzas, sea para conformar mayorías o simplemente para hacer el daño.  Ahí sí que deberán buscarse reformas legales y estatutarias para obligar a los que se van a dejar el cargo en manos de los suplentes o, en el caso de los ayuntamientos, a quien se designe para continuar los trabajos municipales hasta la conclusión del encargo.

¿Se puede hacer algo al respecto? En la legislación sí, y también en los órganos internos de los partidos políticos, que deberán tomar medidas sobre un fenómeno no tan novedoso, pero sí que los ha afectado en los últimos tiempos y que empieza desde la postulación de candidatos en ese afán de llenar formatos de candidaturas a tiempo, sin los filtros necesarios para garantizar lealtades y consistencia política.

¿Se puede hablar de degradación política, entonces? Claro. En ningún caso el fenómeno ha mejorado la práctica ni la convivencia política. Al contrario, la ha degradado, porque no se fomentan los cambios de partido para mejorar el debate ni para enriquecer al sistema político, sino para dañar a los adversarios, humillarlos y rebajarlos con fines estrictamente de cálculo político, y simulando no ver los daños provocados por aquellos que conociendo a fondo la condición humana se prestan para eso y más.

Desde la reforma política de 1977, la ampliación del número de partidos en el espectro político mexicano ha diversificado también las opciones de participación de los ciudadanos en un número mayor de partidos políticos, incluyendo algunos que se crearon recientemente y desaparecieron por no haber obtenido el 3% de la votación exigido por la ley.

La mayoría o casi todas las dirigencias actuales de los partidos más jóvenes guardan relación con los partidos grandes como el PAN creado en 1939, el PRI en 1946 y el PRD creado por una escisión del PRI en 1989 tal y como lo advirtiera a tiempo el poeta Octavio Paz.

También aparecerían el Verde—después ecologista— (1986), el Partido del Trabajo (1990) Convergencia- Movimiento Ciudadano (1999-2011) y Morena (2014). Los partidos grandes formaron, impulsaron y dieron pie a que surgieran nuevas dirigencias provenientes de sus filas

Nada nuevo bajo el Sol, excepto el fenómeno de los tránsfugas, que en lugar de fortalecer el sistema de partidos han venido a debilitarlo y, lo peor, a degradar la práctica política a todos los niveles, en un México donde al parecer, el oportunismo político ha venido a desplazar a la movilidad producto del mérito y las capacidades de otros tiempos.

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