Varios factores influyeron para complicar la elección presidencial de 1988: Por un lado, el sistema cerrado de la selección del candidato del PRI, que provocó una rebeldía interna con la creación de la llamada corriente democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. Y por el otro, los altos niveles de inflación, que alcanzaron el 162% y concluyeron con el tercer sexenio de crisis económicas consecutivas, donde la paridad del peso frente al dólar llegó a los 2,284.85 pesos por unidad a finales de 1988 (en 1976 había pasado de 12.50 por dólar a 17.00 pesos).

En lo político lo resintió el candidato del PRI Carlos Salinas de Gortari al obtener 9 millones contra 6 millones de votos del candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas después de la llamada caída del sistema, lo que desencadenó una serie de inconformidades y abonaría a la falta de credibilidad en los procesos electorales de México.

Al año siguiente, las principales organizaciones de las izquierdas formaron el Partido de la Revolución Democrática, y en julio del mismo año el PRI perdería la primera elección estatal en Baja California.

La elección de 1994 también se resolvió en medio de tensiones internas en el PRI, por la rebeldía de Manuel Camacho al no reconocer —en principio—la candidatura de Luis Donaldo Colosio. Apareció después el conflicto con la guerrilla chiapaneca, el enrarecimiento de la política nacional por una serie de rumores que pregonaban la sustitución de Colosio. La realidad era que el método para elegir candidato presidencial había entrado en crisis, pero eso nunca se quiso aceptar.

El candidato del PRI fue asesinado en marzo y lo demás fueron solo consecuencias. Por esas razones —entre otras— el porcentaje de participación popular subió al 77% de la lista nacional de electores, lo que obligó al presidente Ernesto Zedillo a impulsar grandes reformas.

Al inicio del nuevo gobierno se dio el primer conflicto abierto entre un presidente y un expresidente de México, que culminó con el encarcelamiento del hermano del expresidente, Raúl Salinas y con los tremendos efectos económicos y políticos del llamado “error de diciembre”que obligó al gobierno mexicano a demandar el apoyo del gobierno de Bill Clinton para superar la crisis.

Previo a la sucesión presidencial del año 2000, el PRI pierde por primera vez la mayoría en el Congreso de la Unión y la primera elección de gobernante de la Ciudad de México. Ya había perdido algunas gubernaturas más, lo que preparó el terreno para la derrota en la elección presidencial del año 2000.

Cuando muchos apostaban por una sucesión complicada y difícil y por resistencias en el relevo del poder, la sucesión resultó tersa y pacífica, en parte por el reconocimiento del propio presidente Ernesto Zedillo de la derrota de Francisco Labastida, y porque ya estaban en funciones algunas instituciones políticas que darían mayor credibilidad a los procesos electorales; como el IFE y el Tribunal Federal Electoral.

La sucesión presidencial de 2006 estuvo marcada por las tensiones generadas ante lo apretado del resultado final, que le dio a Felipe Calderón el triunfo por una diferencia del 0.56% contra Andrés Manuel López Obrador del PRD, en su primera campaña presidencial.

En 2012 no hubo mayor problema por el margen de 3.3 millones de votos de diferencia que Enrique Peña Nieto le sacó a Andrés Manuel López Obrador en su segunda campaña presidencial.

El mal gobierno y la frivolidad de Enrique Peña Nieto, más la señalada corrupción de algunos gobernadores estatales, el llamado “gasolinazo”, la crisis en la selección de candidato presidencial en el PRI, y la campaña oficial en contra del candidato panista Ricardo Anaya Cortés, fueron determinantes para darle la victoria a Andrés Manuel López Obrador, postulado en esa elección por su propio partido político: Morena, formado en 2014.

Tanto Zedillo, como Vicente Fox y Felipe Calderón trataron de manejar sus propias sucesiones al designar herederos. Pero a Fox le falló la apuesta con Santiago Creel, a Felipe Calderón con Ernesto Cordero y a Enrique Peña Nieto con José Antonio Meade. Ninguno pudo imponer a su propio sucesor y dieron pie a que regresara el PRI al poder en 2012 y no lo pudiera conservar en el 2018.

¿Son diferentes las circunstancias que se viven en 2024 con relación a lo que pasó en la elección del 2018?

En 2024, el presidente López Obrador —como lo hicieron también sus antecesores— ha manejado su propia sucesión y optó por Claudia Sheinbaum al mejor estilo político del pasado, tal y como lo hicieron los presidentes de la República del PRI y el PAN a pesar de la cacareada “transformación” que tanto les gusta presumir en el discurso.

López Obrador decidió quién, él dijo cómo y cuándo, él estableció sus propias reglas y sus tiempos y hasta llegó al extremo de anunciar una entrega del bastón de mando (sic) a su potencial sucesora Claudia Sheinbaum, como para enviar la señal al resto de sus competidores (Ebrard, Monreal, López, Noroña) y a sus propios adversarios sobre dónde se ubicaban sus preferencias políticas y por dónde andaba su afecto político sucesorio, como lo anunció también en las conferencias de prensa llamadas “Mañaneras” y, al mismo tiempo, violentado el marco jurídico electoral que impide a las autoridades involucrarse en los procesos electorales.

Pero ni para el presidente de la República ni para los gobernadores de Morena existen las formas y las reglas de derecho para la administración pública ni para los procesos electorales.

Ellos pagan, gastan e invierten en su presente y futuro político con recursos públicos. No ha habido hasta ahora quién los limite ni quién se los impida. Faltaba más. Y ha sido con esa lógica y ese comportamiento cómo se han conducido, sin el más mínimo sentido de autocrítica o de reconocimiento de errores y fallas. Aparecen firmes y se sienten seguros ante las condiciones del ejercicio político nacional sabiendo que tienen a su favor numerosas instancias del Poder y la legislación y las ejercen sin ningún límite en el afán de conservar el poder.

¿Qué va a pasar el próximo 2 de junio?

No es ninguna novedad el descontento social que se siente en México. Se siente en el campo y en la ciudad, en los medios de comunicación y en la vida cotidiana de la gente común, que observa la polarización política que por ahora se padece en México.

La gente está descontenta e inconforme por la cerrazón del gobierno a dialogar con los liderazgos y los adversarios políticos. Y hay descontento por los escaso logros en seguridad pública y por la sensación de impunidad que prevalece en amplias regiones de México.

Hay inconformidad por el número de homicidios registrados en lo que va del sexenio, lo que ha convertido este período de gobierno de la llamada 4T como el más violento en la historia reciente de México.

Hay descontento por la presunción de logros económicos en materia de paridad peso/dólar y la cantidad de dólares recibidos al año como remesas enviadas por los mexicanos en el extranjero, como si eso fuera un mérito del gobierno y no el resultado de circunstancias internacionales.

Hay inconformidad con los servicios de salud que tanto ha presumido la llamada 4T. También por los escasos logros en materia educativa.

Pero sobre todo existe el descontento social con la gente que le prometieron un cambio en 2018 y éste nunca se dió. Creyeron a ciegas que realmente habría unas transformación y no. Muchos problemas no se resolvieron o se han agravado y ya no hay tiempo para corregir.

¿Como se irá a traducir en votos ese descontento social?

Falta mucho por ver todavía.     

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