Por Hector Froylan Campos

Es por todos sabido que no obstante los cambios experimentados en el sistema político mexicano –particularmente en el terreno de la democracia electoral— la lucha democrática por los espacios de representación política en los distintos órdenes de gobierno, sigue siendo una asignatura pendiente, en virtud de que aún subsisten inercias, abusos y vicios que vulneran los principios rectores bajo los cuales se rigen todas las actividades de un proceso comicial.

Ciertamente, sería injusto soslayar los avances –graduales, pero notables— que han permitido acreditar y acrecentar niveles aceptables de confianza y credibilidad en las elecciones.

Esta feliz circunstancia de transitar hacia el encuentro de la normalidad democrática, en buena y gran medida se debe a la participación ciudadana que de manera decidida está empujando iniciativas que buscan el perfeccionamiento de la norma y el rediseño del andamiaje institucional sobre el que descansa la responsabilidad de preparar, organizar, vigilar, calificar y dirimir las controversias en la disputa por los cargos de elección popular.

Pero mire Usted: el que hoy en día la tarea y dinámica inherente a los comicios esté bajo la celosa tutela de la ciudadanía, no supone que por ese simple hecho la competencia político-electoral ya esté inmunizada contra las tentaciones y ambiciones de gobernantes que, sin recato alguno echan mano no sólo de los recursos públicos (humanos y materiales) de que disponen para el desempeño de su encargo, sino que también se valen de estratagemas y bribonadas para favorecer intereses y aspiraciones de sus partidarios.

Es decir: si bien es cierto que la naturaleza ciudadana y autónoma de los organismos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral, representa un salto cualitativo de capital importancia para la vida democrática del país (con todo y las imperfecciones legales y políticas que asisten a los diversos procesos para su debida integración), tampoco es mentira que, al menos en el plano estatal, dichas instituciones carecen de algún mecanismo jurídico que asegure de forma permanente su total independencia frente al gobierno en turno.

Sonora es un claro ejemplo de ello. Recordemos que apenas irrumpió la alternancia en el poder Ejecutivo, la clase gobernante del Partido Acción Nacional empezó por asirse del manejo y control absoluto del Consejo Estatal Electoral.

Asumir la dirección total de las funciones y decisiones del organismo ciudadano resultaba ser una acción de la más alta prioridad para los operadores de la administración padrecista. Era prácticamente inevitable se consumara el asalto. Y lo hicieron a troche y moche.

Luego vendría un largo y accidentado proceso para renovar parcialmente al CEE. Impugnado el acuerdo del Congreso, el diferendo entre legisladores de oposición y del PAN acabó por estacionar la decisión final en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Con la nueva integración del pleno del CEE, el gobierno de Guillermo Padrés Elías amarró el mando en la conducción de los procesos electorales al contar con una mayoría de consejeros incondicionales y afines a los intereses de él, y naturalmente de su partido.

Como era de esperarse, la actuación de los funcionarios electorales adictos al gobierno estatal –incluso, muchos de ellos con probada militancia en las filas del PAN— a lo largo de las elecciones del año pasado, se caracterizó por una evidente ausencia de imparcialidad e independencia en el despacho de sus tareas.

Basta pegar una revisada a la memoria documental que legó el proceso electoral para constatar que ni siquiera existe, por parte de ciudadanos o partidos políticos, alguna expresión pública que pondere y reconozca a las autoridades una labor ejemplar en la que haya privilegiado el interés de la sociedad y los valores de la democracia.

Por el contrario, si algo menudeó antes, durante y después de las votaciones, fueron denuncias, críticas y censuras por el acomedido papel de títeres del gobierno con que magistralmente se estrenaron los consejeros Francisco Javier Zavala Segura y Sara Blanco Moreno.

En ese sentido, estimo no incurrir en exageraciones ni descubrir el agua tibia si decimos que en Sonora, el proceso electoral de aquel primer domingo de julio del 2012 estuvo plagado de inequidades, irregularidades, trampas y todo tipo de estrategias y prácticas nefastas que en el antiguo régimen priista constituyeron la llave que no sólo les abrió las puertas al poder público, sino que los perpetuó por casi un siglo.

Pero tal parece que gobernantes y dirigentes del PAN están resueltos y empeñados en imitar ese cuestionado e insalubre paradigma que tanto combatieron desde la trinchera opositora.

Y bueno, el respetable se habrá de preguntar con fundada razón a qué obedece todo este rollo de corte eminentemente electoral si faltan casi 14 meses para declarar abiertas las hostilidades en la justa comicial del 2015.

En ese singular ingrediente radica el quid del tema que quiero comentar. En efecto, por estos días y lo que resta de aquí a octubre del año entrante –si no es que antes— nadie en su sano juicio querrá interrumpir el plácido sosiego hogareño para atender  tan temprano un llamado de las autoridades electorales.

Más allá de poner oídos a las cábalas que se tejen desde la ociosidad política sobre quiénes pudieran ser los prospectos finalistas en la carrera por la gubernatura, no hay otro motivo que incite el interés de la gente por prestar esmero en las labores del organismo electoral. Mucho menos cuando la gobernabilidad del estado pende de alfileres a causa de una serie de conflictos políticos, sociales y económicos irresueltos por la incapacidad e insensibilidad del gobierno padrecista.

Pues resulta que los “astutos” operadores políticos del régimen panista, en contubernio con funcionarios del CEE, han aprovechado esa embarazosa y confusa situación para emprender una callada y soterrada estrategia cuyo objetivo está encaminado a reclutar y capacitar un ejército de personas residentes de 15 municipios del estado que gozarán del derecho a “picaporte” para ser seleccionados consejeros distritales, municipales y/o auxiliares electorales.

A la convocatoria expedida por el CEE con fecha 12 de agosto, denominada “Curso de capacitación sobre simulacro y llenado de actas de la jornada electoral”, inexplicable y sospechosamente no se le ha dado la mayor difusión y solo es posible enterarse si algún despistado ingresa casual o interesadamente al portal de Internet del organismo donde aparece publicado el documento.

El caso es que ningún directivo de los partidos políticos que cuentan con representación al seno del CEE ha reparado o exigido a las autoridades alguna explicación sobre esta inusual y precipitada actividad que, de entrada, podría instalar una controversia jurídica para dirimir si se está o no en presencia de una trasgresión a los términos que establece la legislación para llevar a cabo esas tareas correspondientes al próximo proceso electoral.

Lo que agrava el asunto, es que Sara Blanco Moreno, la consejera titular de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, instancia que tiene a su cargo todo lo relativo a la logística, organización, funcionamiento y vigilancia de la estructura orgánica electoral (consejos distritales, municipales, mesas directivas de casilla y auxiliares electorales), haya eludido la obligada aprobación del pleno del CEE para poner en marcha un programa oficial de capacitación fuera de los plazos que precisa la norma del ramo. E incluso, se presume que ni siquiera se tomó la molestia de compartir ese lance con sus colegas.

En ese orden de ideas, es comprensible que el sigiloso proceder de las autoridades despierte naturales recelos y suspicacias sobre el verdadero propósito que está detrás de esta madrugadora estrategia política del PAN.

Por supuesto que no hay que darle muchas vueltas para encontrar el meollo: el gobierno panista pretende perfilar y ubicar en primera fila a los cuadros ciudadanos que serán contratados para operar el manejo del material y la documentación relacionada con las votaciones, una estrategia que en los comicios pasados desnudó sus errores y debilidades.

Será el sereno, pero al periodista no le cabe la menor duda de que con esta acción, la consejera Blanco Moreno acaba de sepultar cualquier vestigio de autonomía e independencia que pudo haber tenido el CEE y ratifica el nefasto amasiato entre la autoridad electoral y el gobernador Padrés.

Da grima pensar que con esas credenciales y antecedentes asumirá pronto la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Qué Dios nos agarre confesados en el proceso electoral que, por lo visto, ya adelantó los tiempos y nadie ha dicho una sola palabra.

Es cuanto.