Por Hector Froylan Campos

Seguramente, una legión de lectores y lectoras habrá de recordar aquella exitosa campaña de televisión que alertaba a la niñez y juventud mexicana sobre los peligros del abuso sexual, maltrato infantil, la violencia y las drogas.

 

Más allá del mensaje dirigido también a los padres de familia, la estrategia publicitaria alcanzó gran notoriedad gracias a la pegajosa frase “ojo, mucho ojo (y cuéntaselo a quien más confianza le tengas)” que en voz de algunos conocidos personajes de la pantalla chica como La Chilindrina o Chabelo, luego se convertiría en un vocablo familiar, de uso común, cotidiano en cualquier espacio de la vida pública de este país.

 

“Mucho ojo ¿eh?”, dice la gente cuando trata de insinuar una ingenua amenaza; advertir de una probable treta o simplemente como medida de prevención.

 

Y mire Usted: muy a menudo, los políticos suelen repetir ese famoso enunciado en ocasiones para significar el alcance de alguna determinada decisión, o bien para poner sobre aviso a sus partidarios y correligionarios de una posible acción indebida por parte de sus adversarios.

 

Resulta curioso que el popular eslogan, creativamente ideado, pensado para una campaña infantil, sea utilizado hoy en día con el propósito de que la ciudadanía permanezca alerta en torno a los actos, actitudes y decisiones que asumen los gobernantes, las personas adultas, pues.

 

Aunque me parece válido, no deja de llamar la atención la manera tan perspicaz de cuidarse unos de otros. Tampoco es para menos. Y le explicaré por qué.

 

Antes, permítame contarle que la noche del viernes pasado encontré en la página del Facebook un mensaje del diputado Carlos Navarro López. El perredista escribió en su muro: “El lunes en la tarde inicia en las comisiones unidas de Hacienda la discusión del paquete económico 2014. Mucho ojo. Que no haya trucos”.

 

Como podemos observar, el anuncio del legislador del Partido de la Revolución Democrática está aderezado con la citada expresión publicitaria que sutilmente pone en alarma a todos aquellos ciudadanos interesados en el debate, análisis, dictamen y sanción del presupuesto estatal por parte de los integrantes de la LX Legislatura.

 

Que Navarro López siembre la suspicacia en la apertura de la etapa deliberativa del paquete económico para el año próximo, tiene una explicación lógica y valedera que encuentra sustento en el errático y traumático proceso legislativo al amparo del cual se aprobó –en diciembre pasado— el gasto del presente ejercicio fiscal.

 

Me parece ocioso traer a cuento las documentadas vicisitudes de aquella amarga experiencia que desembocó en una impresionante rebelión social y un caudal de juicios en los que aún se debate la legalidad de los actos sancionados por el Congreso –tanto al seno de las comisiones como en el pleno.

 

Es por ello que no deja de ser oportuna la graciosa advertencia del dirigente perredista, quien por cierto es uno de los dos diputados –el otro fue Abraham Montijo Cervantes— que impugnaron bajo un juicio de amparo las violaciones cometidas en el debido proceso legislativo, previo a la aprobación del presupuesto gracias al voto mayoritario de la asamblea, pero particularmente uno: el de la diputada del PRD, Hilda Alcira Chang Valenzuela.

 

Al menos por las declaraciones de algunos dirigentes de los grupos parlamentarios, todo parece indicar que al seno de la Soberanía Popular existe un marcado consenso para despachar con puntual apego a la norma constitucional y la ley reglamentaria el trámite de discusión, análisis y votación del dictamen de las iniciativas relativas al paquete financiero del gobierno estatal.

 

Y es que, con independencia de que la propuesta de presupuesto que el Ejecutivo remitió al Congreso no contiene nuevas medidas fiscales, ni aumentos en las cargas impositivas o los servicios que presta el gobierno (salvo, los documentos registrales y de catastro), elementos que en un momento dado pueden generar diferendos, salvables al tenor de oscuros e inconfesables acuerdos entre las bancadas congresistas, independientemente de ello –decía— los legisladores nunca deben perder de vista que por más que traten de ocultar o encubrir con marrullerías sus trapacerías e ilegalidades, tarde o temprano la verdad saldrá a flote.

 

Pero todavía más: hoy como ayer, diputados y diputadas están obligados a realizar su elevada encomienda con total y estricto cumplimiento al dictado de las leyes.

Vamos: no hay una razón jurídica, ética ni moralmente válida para buscar recovecos o deficiencias a la norma con las cuales justificar legalmente sus propios actos; máxime si al echar mano de esos recursos se vulneran las garantías y derechos de sus compañeros o los ciudadanos.

 

Mucho temo que la sociedad sonorense ya no habrá de soportar otro desaguisado más en la construcción del presupuesto que aplicará el 2014.

 

No creo exagerar si decimos que en el proceso de negociación para la confección de un gasto equilibrado, justo y equitativo, en cuya distribución y ejecución de los recursos públicos se privilegie la transparencia, los legisladores se están jugando el pellejo y su trascendencia política.

 

Por éste y otros motivos no menos importantes, es que se antoja necesario e imprescindible mantenerse atentos al desahogo del trámite que las comisiones legislativas de Hacienda emprenderán desde mañana para discutir la forma cómo se obtendrán y repartirán los dineros de la gente.

 

Así que, mucho ojo ¿eh?.