Ciudad de México a 14 de diciembre de 2010.- Observaciones de todo tipo, desde desvío de recursos federales originalmente dirigidos a programas sociales, hasta licitaciones irregulares y derroche del presupuesto de Zacatecas, crecen sobre el recién terminado gobierno de Amalia García Medina, cuya administración se encuentra sujeta a una minuciosa auditoría por parte de la Controlaría Interna, que podría culminar con denuncias penales.

Las pesquisas de esta oficina, encabezada por Guillermo Huízar, ahora también alcanzan los intereses del estado que se encontraban en el exterior.

Se documentó que la administración de Amalia García Medina destinaba 20 mil euros mensuales (entre 310 mil y 350 mil pesos, según el tipo de cambio del momento) sólo para mantener la representación del gobierno de Zacatecas en Madrid, España.

Los depósitos (algunas de las copias están en poder de EL UNIVERSAL) dan cuenta de las transferencias electrónicas que cada mes se enviaban, desde la Secretaría de Finanzas local a la capital española para cubrir los gastos de renta, luz y agua del inmueble, ubicado en una exclusiva zona residencial, y que prácticamente no tuvo un uso oficial útil ni práctico, ni para negocios ni como sede para difundir el comercio y la cultura de Zacatecas.

Los pagos se mantuvieron por meses y los envíos se realizaron puntualmente a través de BBVA Bancomer a la cuenta de abono 01824008270208501682, desde por lo menos el año 2007, cuando comenzó con su operación formal, según consta en diversos documentos que se encuentran en la Secretaría de Finanzas del estado.

El costo de renta y manutención de la llamada “Casa de Zacatecas” en Madrid podría haber alcanzado el millón de euros en ese lapso, es decir, unos 16 millones de pesos, según la dependencia de Finanzas local.

El nombre del beneficiario registrado es Inveuropa Promotora Empresarial, que está en Madrid, España, y de la que no hay mucha información.

El último depósito fue realizado el 11 de agosto de 2010, por la cantidad de 333 mil pesos, equivalentes a 20 mil euros al tipo de cambio de esa fecha fijado en 16.65 pesos, según el recibo de la transferencia de recursos.

El gobierno del priísta Miguel Alejandro Alonso Reyes, apenas tuvo las riendas del estado y lanzó a todo un equipo de la Contraloría Interna para escudriñar en los expedientes de la pasada administración encabezada por Amalia Dolores García Medina, y documentar el manejo de los recursos de la ex gobernadora, una de las política de mayor peso en el PRD.

Más evidencias

De acuerdo con información de la Contraloría Interna, de mil 254 millones de pesos destinados a contratos de servicios y obras en el periodo 2009-2010, 62% de los recursos, es decir, 744 millones de pesos, se gastaron bajo adjudicaciones directas, sin que hubieran dictámenes que las justificaran.

El contralor Huízar precisó que para otorgar una adjudicación directa debe tratarse de una obra considerada “prioritaria”, vital para el funcionamiento del gobierno o de la ciudad.

Hay obras monumentales como la Plaza del Bicentenario, construida con una licitación obtenida de forma extemporánea y con un sobreprecio de más de 46 millones de pesos, de acuerdo con la cotización ordenada por la Contraloría Interna del estado, cuya copia tiene este diario. La obra tuvo un costo inicial presupuestado de casi 300 millones de pesos.

En los registros de la Contraloría Interna obra una cotización ordenada en noviembre pasado por la Secretaría de Finanzas, en la que se detallan los precios de mercado que la empresa Cemex ofrecía para la construcción de la plaza, y en la que son significativamente menores a los que se aceptó en la licitación otorgada por la administración de Amalia García Medina.

El concepto más relevante se registró en el suministro de concreto hidráulico, por el que el pasado gobierno zacatecano pagó alrededor de 3 mil 500 pesos por metro cúbico, mientras que su costo de mercado era de casi 2 mil pesos el metro cúbico, precisa.

De acuerdo con los primeros cálculos realizados por la Contraloría Interna estatal, la obra se elevó por este motivo alrededor de 46 millones de pesos, producto fundamentalmente de la diferencia en volúmenes de excavaciones y acarreo de materiales y del precio en el concreto hidráulico.

En junio pasado, García Medina inauguró la Plaza del Bicentenario, construida a un costado del boulevar Adolfo López Mateos, en un predio de más de 5 mil metros cuadrados, que por cierto se encuentra en litigio, y donde estaba una central de autobuses.

Debajo de la plaza se hizo una excavación para construir un estacionamiento subterráneo de cuatro niveles con capacidad para 600 automóviles. Para ello, documentó la Contraloría Interna, la empresa que realizó la obra y la excavación desplazó alrededor de 4 mil 448 metros cúbicos de material y cobró 28 mil metros cúbicos, lo que lesionó las finanzas del estado.

“Eso ya lo estamos analizando a fondo”, comentó Guillermo Huízar, quien aseguró que la segunda semana de enero también se auditará al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac); Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA), en la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), Instituto de Cultura Física y Deporte en el Estado de Zacatecas (Incufidez) y se indagarán las obras relacionadas con Ciudad Gobierno, el Palacio de Convenciones, y por supuesto, la Plaza del Bicentenario, dijo.

“Yo no soy nadie para adelantar juicios, pero no descarto la posibilidad de que se enderecen procedimientos penales, y por lo que encontré creo que va a ser muy difícil no consignar o no darle vista al Ministerio Público”, explicó.

Huízar Carranza precisó que se tienen abiertos 23 procesos contra el gobierno de Amalia García Medina, de los cuales, 14 corresponden a auditorías y nueve, con actos de investigación.

En la mira, Palacio de Convenciones

En cuanto al Palacio de Convenciones, la nueva administración zacatecana tiene previsto realizar una auditoría para conocer el detalle de su construcción, que ocupa poco más de una hectárea y que tiene una capacidad para 5 mil 500 personas y lugares para más de mil vehículos. El inmueble tuvo un costo de más de 580 millones de pesos y prácticamente está en desuso.

Para su inauguración, en abril de 2009, se contrató al tenor Plácido Domingo, a quien se le pagó por su actuación cerca de 17 millones de pesos.

El Palacio de Convenciones, que luce un arco de 120 metros de largo por 50 de altura, forma parte del conjunto denominado Ciudad Argentum, donde construirá un campo de golf de 18 hoyos, así como centros comerciales, zonas recreativa y residencial.

Dentro de la misma área se construyó Ciudad Gobierno, un polémico complejo en el que tendrán asiento las dependencias de gobierno y sus más de 6 mil 500 burócratas.

La obra casi terminada se realizó bajo el esquema de financiamiento conocido como Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), contratado por Amalia García, y que tendrá endeudado a los gobiernos de Zacatecas por unos 22 años, con pagos anuales de alrededor de 132 millones de pesos.

Al final, por esta megaobra que tuvo un costo aproximado a los 2 mil 500 millones de pesos, se pagarán casi 5 mil millones de pesos, de acuerdo con los cálculos realizados por el gobierno del priísta Alonso Reyes.

La actual administración negocia con los acreedores para cambiar el contrato por un esquema que permita cubrir la deuda en seis años, con recursos que se buscarán con institucionales nacionales o internacionales.

Sobre el tema, el contralor interno Guillermo Huízar explicó que se evalúa dar otro uso a las instalaciones que integran Ciudad Gobierno, y sacar mayor provecho de la inversión.

“Este es un contrato (PPS) que resulta muy pesado para la capacidad financiera del estado”, explicó Huízar, quien aseguró que los casi 5 mil millones de pesos que se deberán pagar por la obra “sí afecta seriamente las condiciones financieras de Zacatecas”.

Se prevé que en los próximos días también se ventilen irregularidades en programas dirigidos al campo, donde se constató que muchos de los apoyos —semillas, recursos económicos y animales, entre otros insumos— nunca llegaron a los beneficiarios. En muchos casos se detectaron firmas falsificadas y manipulación de información.

Para documentar los casos se realizó una compulsa a los beneficiarios de distintos programas, y se detectó un sinfín de irregularidades que también serán presentadas en el informe final de la Contraloría Interna.