Ciudad de México a 26 de octubre de 2010.- En México la industria tabacalera utiliza al menos 11 estrategias de interferencia para contener la adopción de políticas públicas de control de tabaco. Entre las maniobras empleadas se encuentran el pago de campañas electorales de políticos, la entrega de dinero, viajes al extranjero y beneficios económicos a actores clave en los procesos de regulación y el bloqueo del proceso legislativo a iniciativas que van contra sus intereses.

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la industria tabacalera ha ejecutado en México estrategias legales e ilegales que han impedido que nuestro país cumpla cabalmente con las políticas de control del tabaco que se comprometió a poner en marcha hace siete años, cuando firmó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.

En el estudio Identificación de las Estrategias de la Industria Tabacalera en México, que incluye testimonios de legisladores y cabilderos, identifica 11 tácticas utilizadas por las tabacaleras para modificar o inhibir la toma de decisiones sobre la regulación del tabaco.

Las estrategias fueron agrupadas en dos tipos: las de carácter formal y las de carácter informal.

“Las formales consisten en la utilización de las herramientas legales que le permitan a la IT (industria del tabaco) negociar con el Estado sin recurrir abiertamente a la corrupción de los actores. En palabras de un ex directivo de la industria tabacalera las estrategias formales las define como ‘un proceso de comunicación persuasiva, finalmente tienes el objetivo de convencer a cierto actor de políticas públicas de que la mejor manera de proceder en cierto tema es la que tu estás promoviendo y con ese objetivo debe ser una comunicación llena de información, clara, franca con hechos verdaderos que contribuyan a que el tomador de decisiones pueda construir la mejor decisión’”, revela el estudio.

“Por otra parte, las de carácter informal, que consisten en la utilización del poder económico de la industria para intimidar y/o capturar a los actores clave del diseño de la política. El corazón de la estrategia radica en realizar acciones que no podrían ser rastreadas ni verificadas en los medios de comunicación ni en los documentos oficiales del Estado, pero que explican sustantivamente el resultado visible al público”, agrega la investigación del CIDE.

Las prácticas formales

Entre las estrategias formales que la industria utiliza, según la investigación, se encuentran: la promoción de programas que permitan posicionar a la industria tabacalera como empresas socialmente responsables mediante el pago temprano de impuestos.

Regionalizar la problemática de la regulación al tabaco: las empresas tabacaleras pretenden hacer ver que la problemática de la industria es también la problemática de los estados tabacaleros al plantear que en la medida en que se aumenten impuestos en comercio, venta y producción ellos, tendrán que dejar los estados donde actualmente residen lo que hará perder muchos empleos a nivel estatal.

Maximizar los costos económicos y políticos de la regulación al tabaco a través de amenazas a la estabilidad económica del país, que son al menos dos: la “aportación” tributaria del tabaco para el ingreso fiscal federal y el número de empleos que generan en una determinada región del país.

También apelan a la maximización de riesgos ante el aumento de impuestos al abrir la posibilidad del contrabando.

“Esta estrategia consiste en vaticinar el crecimiento de un mercado negro en la medida en que la regulación o los impuestos aumentan. El argumento consiste en sostener que el crecimiento del mercado negro traerá muchos más problemas de los que el consumo de tabaco a través del mercado formal en México conlleva. Las tabacaleras sostienen que al aumentar los impuestos, el mercado ilegal aumentará sustantivamente”, detalla la investigación.

Otra de las estrategias formales detectadas es la de “difundir estudios científicos patrocinados por la industria cuyo objetivo es deslegitimar la política de control de tabaco. El trabajo consiste en impulsar o financiar estudios que pretenden demostrar científicamente que el consumo del tabaco no es tan dañino como doctores o asociaciones médicas reconocidas han sostenido”.

También realizan la construcción de acuerdos mutuos o legislación conjunta para intercambiar la aplicación de unos instrumentos de control por otros.

“Para lograrlo —detalla el estudio— busca enaltecer la importancia de generar acuerdos integrales en los que sean tomados en cuenta todas las partes interesadas. Ejemplo de ello es la declaración que hizo un legislador al respecto: ‘En la construcción de la Ley General del Control del Tabaco sostuvimos reuniones con representantes de la industria tabacalera para negociar con ellos todos los temas que queríamos tratar en la Ley para que se pudiera aprobar’”.


Otras medidas

Las estrategias informales identificadas por los investigadores el CIDE están profundamente relacionadas con el poder económico que poseen las tabacaleras, entre ellas destacan: el bloqueo legislativo de iniciativas, los sobornos a políticos y actores relevantes y la utilización de la caridad.

La industria tabacalera, refiere el el estudio, busca “bloquear o retardar el proceso legislativo para que las iniciativas relevantes no sean dictaminadas o sean rechazadas, buscando que de inicio sean incluidas en el proceso legislativo como comisiones dictaminadoras algunas comisiones que no tienen relevancia para el tema.

Al respecto un ex ejecutivo de la industria comentó: “Durante las reuniones para la construcción de la Ley General de Control de Tabaco, hubo un momento donde no nos convenía un texto de la regulación, yo busqué ganar tiempo incluyendo muchas más comisiones de las que la iniciativa debería tener, lo logré pero al momento de la votación perdimos ese punto”.

Otra de las estrategias desplegadas consiste en “aportar beneficios económicos personales como los regalos y el pago de viajes al extranjero y aportar beneficios económicos para el financiamiento de campañas políticas, se pueden clasificar en directos e indirectos. El caso de los beneficios directos se da cuando existe cohecho a distintos actores claves para la regulación ofreciendo dádivas o cantidades fuertes de dinero, por lo general, mediante tratos verbales con los representantes [de las tabacaleras]. Muestra de ello es la declaración emitida por un legislador el 30 de noviembre de 2005 que exigió presentar las pruebas o disculparse ante la Cámara a un legislador que había denunciado las estrategias de la IT.

“Los beneficios indirectos, buscan la aceptación de los distintos actores a partir de ayudas filantrópicas o regalos simbólicos que pretenden generar complicidades que se podrían ver reflejadas al momento de diversas votaciones o bien, en la toma de decisiones”.

Añade que también “se busca la aceptación de los distintos actores a partir de ayudas filantrópicas o regalos simbólicos que pretenden generar complicidades que se podrían ver reflejadas al momento de diversas votaciones o bien, en la toma de decisiones.

El informe expone el testimonio anónimo de un legislador. “Una tabacalera me envió a mi casa en una ocasión en el mes de diciembre como regalo, una caja de puros, la cual no pude aceptar porque excedía el monto permitido que tenemos para aceptar un regalo, así que a las dos semanas me enviaron sólo seis puros con una constancia notarial de que esos seis no excedían el monto permitido para un regalo, y los acepté, pero la caja no”. Mas adelante el mismo legislador puntualizó: “Además de los ofrecimientos de dinero que les hacen a los funcionarios, tienen gente permanentemente en las cámaras para evitar cualquier reforma que los afecte”.

La tercera de las estrategias identificadas por el estudio tiene que ver con la donación de recursos, por parte de las tabacaleras, a instituciones de caridad que se estima beneficiarían a actores clave.

“Otra de las estrategias importantes dentro de este marco es la donación o las ofertas al Estado, esta situación se ha dado en distintos momentos. Para ilustrar este punto retomo lo que un legislador nos comentó: “Una vez hubo una tromba muy fuerte en mi Estado que causó daños muy severos a una comunidad, y una tabacalera me habló por teléfono para decirme que iba a donar algunas cosas, que ellos me depositaban cierta cantidad en efectivo para que yo pudiera comprarlas. Yo les dije que no podía hacer eso y les recomendé que la donación la hicieran a través de alguna instancia”.

La última de las maniobras detectadas por la investigación es la contratación de funcionarios de alto perfil en centros de investigación para colocarlos en un conflicto de intereses que le impida promover adecuadamente el control de tabaco. “La IT sostiene un contubernio con diferentes actores al interior de los procesos de toma de decisión en los que se genera un mecanismo de soborno con el cual logran poner en la agenda política la defensa del sector y los temas de su interés. Se tiene registro de diputados que responden directa o indirectamente a los intereses de la IT, ejemplo de ello es un diputado del cual nos comenta un ex-legislador lo siguiente: ‘Quien está asociado a un despacho LTG Lobbying México que tiene como principal cliente a British American Tobacco es éste legislador, un legislador muy cercano a un dirigente de un partido político importante del país, de hecho es con el cabildero de ese partido en las dos Cámaras que logran inhibir el impuesto de tajo’”, expone el reporte de la investigación.

 
Recogen frutos

Las estrategias desplegadas por las tabacaleras han rendido frutos. La investigación demuestra la efectividad de las tácticas de la industria.

“La IT ha conseguido que el aumento de los impuestos finales a los cigarrillos sea gradual y privilegiando los impuestos nominales, lo que impide que el precio de los cigarros aumente lo suficiente y suficientemente rápido como para reducir la demanda de tabaco, ejemplo de ello es que de 2000 a 2009 el aumento en el precio a los consumidores en promedio es de menos de 1%”.

En las instancias de salud, la industria ha sido capaz de suavizar y retrasar la aprobación de leyes y regulaciones sanitarias que protegen la salud de los no fumadores y buscan disminuir la demanda de cigarros a través de intervenciones no relacionadas con los precios. Su actuación en ambas instancias le ha permitido a la IT modificar sensiblemente el diseño de la política de control de tabaco en México, y en consecuencia su eficacia, refiere el estudio.

“Ha obtenido múltiples beneficios. Como ejemplo tenemos el que México haya abiertamente violado el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco al establecer acuerdos [“como el de un peso por cajetilla en 2004”] entre la Secretaría de Salud federal y la IT.

En lo que se refiere a LGCT, la IT logró se que modificara sensiblemente la iniciativa original permitiendo, entre otras cosas, la creación de áreas exclusivas para fumar en espacios interiores, derrotando así la política recomendada por cuerpos internacionales consistente en establecer espacios totalmente libres de humo de tabaco.

“En la expedición del Reglamento de la LGCT se consiguió que en los espacios exclusivos para fumar se permitiera la entrada de personal de servicio servir alimentos y bebidas, con lo que pone en riesgo la salud de los empleados de la industria hotelera, restaurantes, bares y discotecas y, además, transgrede el texto explícito de la Ley General para el Control de Tabaco que señalaba que dichas áreas serían ‘exclusivamente para fumar’. Además, la Industria del Tabaco retrasó por más de un año la publicación del reglamento de la LGCT y consiguió que la libertad de comercialización del cigarro no fuera intervenida pues no se promulgó ninguna ley que controlara los puntos de venta de tabaco”.