Ciudad de México a 27 de agosto de 2010.- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) reprobó a 17 secretarías de Estado, dentro de una muestra de 19, en temas relacionados con el cumplimiento de metas, gestión, desempeño y transparencia.

La falta de resultados por parte de Semarnat, Sedesol, SRA, SSP, Segob, Sener, Sectur, SCT, SFP, STyPS, SEP, PGR, SSA y Sagarpa no ha impedido que la Federación asigne presupuestos cuantiosos a las dependencias.

Solamente la Sedena y la Semar fueron las dependencias federales que obtuvieron evaluaciones aprobatorias en los ejercicios de análisis del CEESP.

En el caso de otras dependencias, la mayoría de las metas están orientadas a la “gestión” y no a los “resultados”, asegura el CEESP en su informe semanal Punto de Vista.

No hay relación con los presupuestos anuales aprobados por la Cámara de Diputados (destacado por la falta de metas anuales o intermedias), y sobre todo, no hay evaluaciones periódicas abiertas al público sobre su trabajo, aseguró el organismo.

En opinión del CEESP, la medición del desempeño es fundamental para mejorar la calidad y eficiencia de la provisión de bienes y servicios públicos a cargo del gobierno federal.

Para avanzar en la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) es preciso revisar la calidad y la ambición de las metas planteadas, el cumplimiento de las metas sectoriales, analizar los factores que impidieron su realización o dificultaron su avance, y plantear nuevas acciones para rescatarlas.

Gasto “inercial”

En el proceso de presupuestación anual en México se ignoran, la mayoría de las veces, los objetivos de los programas sectoriales, ya que las dependencias deberían presentar sus metas programáticas anuales al momento de solicitar el presupuesto.

De este modo, aun con los anuncios sobre el intento de este país por aplicar un PbR, la realidad es que en la práctica continúa funcionando —en gran medida— el gasto “inercial”, dijo el organismo en el documento.

El objetivo del análisis del CEESP es coadyuvar con las autoridades para ratificar que las políticas públicas, estrategias y acciones deben guiarse por las metas que se plantearon en tales programas sectoriales, o por las que en su caso se modifiquen, pero siempre debe existir un marco de referencia que sirva como “carta de navegación” de la administración pública federal.