Hermosillo, Son., septiembre 11 de 2023.- Como parte de la evolución de los servicios de la administración de justicia, en sesión ordinaria del Congreso del Estado se propuso que las notificaciones puedan realizarse mediante correo electrónico, y en iniciativa aparte se planteó incrementar la penalidad y establecer la imprescriptibilidad del delito de homicidio cometido en contra de servidores públicos de seguridad pública, investigación de delitos, procuración y administración de justicia en materia penal o de ejecución de penas.

En esta plenaria rindió protesta como Subdirector de Atención Ciudadana del Congreso del Estado de Sonora, el ciudadano Hermes Iván Díaz Ceniceros, previa aprobación del Acuerdo presentado por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, toda vez que el ciudadano Juan Carlos Juvera Moreno, presentó recientemente su renuncia a dicho cargo.

Correspondió al diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de justicia administrativa para el Estado de Sonora, misma que se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Expuso que actualmente la legislación en comento no contempla la notificación por correo electrónico, sin embargo, considera importante introducir la figura de la notificación por este medio, porque aportaría celeridad y economía procesal, siempre y cuando sea a solicitud de los interesados.

“La notificación por correo electrónico no representa carencia de seguridad jurídica para las partes, debido a que es opcional y deberá manifestarlo en el momento procesal oportuno, y no representa un desgaste financiero para el tribunal, debido a que ya se cuenta con lo necesario para hacerlo, inclusive si pudiera representar una forma de ahorro”, afirmó el legislador.

Hizo referencia a la Ley número 173, de Gobierno Digital para el Estado de Sonora, presentada por el Gobernador del Estado y aprobada el pasado 1 de junio, la cual configura la importancia de una evolución de los servicios de la administración pública, incluida la administración de justicia con el propósito de actuar con una perspectiva digital, mediante el fortalecimiento del acceso a la justicia y la garantía de un estado de Derecho para las y los sonorenses.

En el siguiente punto del orden del día, la diputada Natalia Rivera Grijalva presentó, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora, con el objeto de incrementar la penalidad y establecer la imprescriptibilidad del delito de homicidio cometido en contra de servidores públicos de seguridad pública, investigación de delitos, procuración y administración de justicia en materia penal o de ejecución de penas.

Expuso que, en comparación con los 31 estados restantes de la República, en 2022 Sonora ocupó el noveno lugar en número de homicidios de policías y el segundo entre los estados fronterizos, mientras que en 2021 se encontraba en el lugar doce a nivel nacional y tercero a nivel frontera Norte.

“Por otro lado, la proporción de elementos de policía asesinados en Sonora con relación al total nacional (3.78% promedio de 2018 a 2023) supera por mucho el porcentaje que representa la población sonorense respecto de la población mexicana (2.3%), lo cual revela una situación que como Legislatura debemos atender de manera seria y puntual”, afirmó.

La legisladora agregó que en el caso de Sonora el homicidio calificado también es imprescriptible, en términos del tercer párrafo del Artículo 100 y segundo párrafo del Artículo 109 del Código Penal del Estado de Sonora, pero al no estar la privación de la vida de integrantes de instituciones de seguridad y justicia tipificada como homicidio calificado, se le aplican las mismas reglas que para el resto de los delitos.

En la iniciativa se propone adicionar un último párrafo a los artículos 100 y 109 del Código Penal, para establecer que también será imprescriptible el homicidio cometido en contra de los servidores públicos mencionados, durante el ejercicio lícito de sus funciones o con motivo de ellas, con una penalidad que va de los 30 a los 60 años de prisión. La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Como penúltimo punto del orden del día, la diputada Celeste Taddei Arriola, integrante del grupo parlamentario de MORENA, presentó un posicionamiento a 50 años del golpe de Estado en Chile.

“Desde el Congreso del Estado de Sonora honramos la memoria de todas las víctimas de la dictadura militar y reafirmamos nuestro compromiso de defender los principios democráticos, los derechos humanos y la justicia en nuestro país y en toda América latina. La memoria histórica es esencial para no repetir los errores del pasado y para construir un futuro más digno y libre para todos”, exteriorizó.