En Baja California Sur, después de que fueran destituidos cinco diputados de oposición y tres más amonestados, por parte de la mayoría de Morena y del PT en el Congreso del estado, el gobernador Carlos Mendoza Davis dio a conocer una ampliación a su demanda de juicio de inconstitucionalidad por tales hechos.

Dijo que son hechos violatorios de la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual obligaba a los actuales diputados a reponer la última sesión que presidiera la entonces presidenta de la mesa directiva, diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, dejando sin efecto cualquier acto posterior a esa sesión, lo que incluiría este último acto de destitución.

Estos hechos también fueron condenados por la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) que acusó a Morena en Baja California Sur de eliminar a la oposición en el Congreso del Estado.

“Con ello eliminan a las oposiciones y se brindan mayoría calificada. Lo hicieron violentando una orden de la Suprema Corte de Justicia de La Nación y un amparo de una juez federal. Hay, así, desacato. De persistir, sería una condena a la democracia, la división de poderes y la Constitución", plantearon.

De igual manera se pronunciaron las dirigencias estatales de los partidos políticos PRI, PAN, PRD, Humanista y PRS, en torno a los recientes acontecimientos suscitados

“Consideramos que la autonomía constitucional de un poder soberano, como lo es el Poder Legislativo, no le concede a diputados y diputadas de Morena, PT y sin partido, razón alguna para postularse por encima de la ley y el mandato de las autoridades”, dijeron.

Los cinco diputados de oposición junto con los tres amonestados son: Lorenia Lineth Montaño Ruiz, Daniela Viviana Rubio Avilés, Elizabeth Rocha Torres, Anita Beltrán Peralta, Perla Guadalupe Flores, Maricela Pineda García, José Luis Pérpuli Drew y Rigoberto Murillo Aguilar, quienes han interpuesto una denuncia por violación del amparo que existe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Comparecemos a denunciar la violación dolosa a la suspensión provisional dictada el pasado 14 de agosto de 2020, en el cuaderno incidental derivado del juicio de amparo al rubro indicado, esto, por parte de las autoridades responsables”, refiere el documento.

El gobernador de Baja California Sur dio a conocer que cualquier acto posterior a la última sesión llevada a cabo en marzo del 2018 es invalido.

“El fallo fue claro: todos los actos posteriores a esa sesión son inválidos, por lo que, en línea con lo determinado por la Suprema Corte, me abstuve de publicar acuerdos, leyes, y decretos que fueron aprobados posteriormente a esa sesión. Al no cumplirse con lo solicitado por el Poder Judicial Federal, la sesión del pasado 22 de agosto (donde fueron destituidos los diputados) es también a todas luces ilegal y, por ende, inválida”.

Agregó que la decisión de destituirlos y amonestarlos representa una flagrante violación a la Ley de Amparo.

Mendoza Davis dijo que la violación a la suspensión del juez ya ha sido debidamente notificada y denunciada por parte de los agraviados a la Juez de Distrito que la emitió, quien en términos de Ley habrá de pronunciarse en breve al respecto.

El gobernador dijo que en tanto no se resuelve esta situación dejará de publicar los acuerdos que le sean enviados desde el Congreso.