Los desvíos de recursos en la frontera norte del país a través de empresas fantasma se convirtieron en un sistema de ordeña del erario.

El mecanismo buscó retirar dinero público por vías presuntamente legales, pero al paso de los meses y años se confirmó que se utilizó para la defraudación fiscal. No es un modelo de corrupción asociado a un solo partido político, tampoco a un gobierno.

En este trabajo exponemos un fragmento del enorme fraude por el que atraviesan las finanzas nacionales: son los desvíos realizados durante las administraciones de ocho gobernadores y 28 alcaldes de la línea fronteriza.

Entre 2014 y 2019 gobiernos de estados y municipios fronterizos del norte de México facturaron al menos 2 mil 628 millones de pesos (unos 120 millones de dólares) con 536 empresas fantasma.

Estas administraciones estatales y en otros casos municipales de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas usaron como presuntos proveedores a personas físicas y morales que posteriormente fueron calificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas de papel.

Los recursos fueron presuntamente desviados a través de 15 mil facturas con las que se justificó la prestación de servicios como diseños de revistas, construcción de pozos de agua en pequeños poblados, cuadernillos sobre violencia intrafamiliar, compra de cemento, compra de croquetas para perro, asesorías diversas, renta de sillas y sonido, recursos humanos, tapicerías, adquisición de computadoras, contratación de cursos para aprender a utilizar apps, remodelación de baños en escuelas públicas y compra de amortiguadores de vehículos, entre muchos otros.

Tras un proceso de revisión, el SAT determinó que estas empresas han emitido comprobantes fiscales sin tener el personal, la infraestructura, los activos o la capacidad para prestar los servicios, y fueron calificadas como EFOS: Empresa que Factura Operaciones Simuladas.

La base de datos matriz fue proporcionada por la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT, a través de 13 solicitudes de acceso a la información pública.

Para generar la información, la dependencia cruzó el listado de contribuyentes que emiten operaciones simuladas y las claves del Registro Federal de Contribuyente (RFC) de siete entidades estatales, y 28 municipales.

Esta investigación busca, principalmente, exponer el sistema de desvío de recursos que sucede en los gobiernos de México, en particular en la frontera norte, y toma como base el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual señala que al detectar a un contribuyente que emite facturas sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, o que no está localizable, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en dichas facturas. Gobiernos de diversos partidos políticos han hecho uso de las empresas fantasma entre 2014 y 2019.

Es probable que antes del 2014 se operara el mismo esquema, pero no está documentado por la autoridad hacendaria debido a que es a partir de ese año que se reforma el Código Fiscal de la Federación y se faculta al SAT para detectar, investigar y exhibir a los contribuyentes irregulares.

El uso de las empresas de papel se convirtió en una práctica común en este país. Los estados de la frontera no fueron la excepción.

Los gobiernos comandados por los ex gobernadores Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas (2011-2016); Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, de Baja California Sur (2011-2015); Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León (2009-2015), y Rubén Moreira Valdez, de Coahuila (2011-2017) acumularon cientos de millones de pesos pagados a empresas que ahora se hallan boletinadas por el SAT.

Una a una, como si de una carrera de relevos se tratara, las administraciones estatales continuaron la compra de facturas falsas en los actuales gobiernos de Carlos Mendoza Davis, en Baja California Sur; Francisco García Cabeza de Vaca, en Tamaulipas; Miguel Riquelme Solís, en Coahuila, y Jaime Rodríguez Calderón, en Nuevo León.

Sin embargo, desde que el actual gobierno federal intensificó la lucha legal contra las empresas con operaciones simuladas y se clasificó como delito grave, los montos desviados desde las entidades públicas disminuyeron sustancialmente, y en algunos casos llegaron a cero.

Un elemento que destaca de la matriz de información es la cantidad de facturas emitidas en el bloque del noreste conformado por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Al menos 67 empresas fantasma de esta región operaron sin división política: lo mismo facturaron en municipios de Tamaulipas, como en Coahuila o Nuevo León. Las operaciones múltiples alcanzaron los 773 millones de pesos.

De acuerdo con la información proporcionada por el SAT, para el caso de los gobiernos de los estados de Baja California, Chihuahua y Sonora no se encontraron registros con la clave RFC de cada estado, sin embargo, esto no necesariamente significa que no se hayan registrado operaciones con empresas fantasma, sino que podrían haberse realizado con otra clave RFC de cada entidad.

SONORA

El SAT asegura que el gobierno del Estado de Sonora no ha pagado servicios de empresas fantasma en el periodo revisado, pero sí lo han hecho cuatro municipios: Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas y Cajeme.

En 2014, 2015, 2016 y 2018 estos cuatro municipios recibieron facturas por 141 millones 402 mil pesos provenientes de 62 proveedores fantasma. 

El gobierno de Nogales concentró un 70 por ciento de estos recursos. Esta pequeña ciudad fronteriza es el segundo municipio con más recursos públicos entregados a contribuyentes incumplidos.

Fue durante el periodo del ex alcalde David Cuauhtémoc Galindo Delgado, entre 2015 y 2016, que en Nogales se gastaron más de 100 millones de pesos en servicios prestados por empresas que luego fueron boletinadas por el SAT.

Al concluir esta administración, a partir de 2017, Nogales registra cero transacciones con empresas fantasma. Guaymas es otro municipio que destaca en la lista en el periodo de 2014 y 2016: se facturaron unos 28 millones de pesos; casi 26 millones fueron ejercidos durante el periodo en que gobernó Lorenzo de Cima Dworak.

Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. Es de la autoría de Míriam Ramírez, de Iniciativa Sinaloa, y su versión completa puede ser consultada AQUÍ.