Organizaciones de periodistas presentaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) por considerar que la adición del artículo 240 bis al Código Penal del Estado, que entró en vigor el domingo 21, vulnera el derecho a la libertad de prensa en la cobertura informativa de actos de violencia.

El recurso fue interpuesto en las oficinas del organismo humanitario por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. (Fapermex), Club de Reporteros de Colima, A.C., Club Primera Plana Capítulo Colima y la Comisión General Para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico (COPIP), con la asistencia de una veintena de periodistas de los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo.

Acompañados de representantes del Colegio de Abogados Penalistas de Colima, los comunicadores pidieron al presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), frente a “un hecho que agravia no sólo a los periodistas de la entidad, sino a todas las personas que manejan redes sociales, prensa escrita, televisión análoga o digital, pues se está vulnerando la libertad de expresión, así como el libre ejercicio de la profesión”.

El texto del artículo que causó la inconformidad del gremio periodístico colimense, aprobado el 22 de mayo y publicado en el periódico oficial el 20 de junio, es el siguiente: “ARTÍCULO 240 BIS. Al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con un hecho que la Ley señale como delito, se hará acreedor a una pena de tres a seis años de prisión y una multa por un importe equivalente de cincuenta a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.

El segundo párrafo añade: “si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, la pena de prisión será de cuatro a siete años y la multa de setenta a ciento treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.”

Así también, “tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, la pena de prisión será de cuatro a ocho años y la multa de ochenta a ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.”

En su último párrafo, el artículo señala que “cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna institución policial, de procuración o impartición de justicia, se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de ochenta a ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.

De acuerdo con el documento de la queja, leído por el presidente de la Fapermex, Juan Ramón Negrete Jiménez, el gremio periodístico del estado considera que el nuevo tipo penal es “una ley mordaza que censura la labor periodística y, por la manera en que está redactado, nos está dejando en un estado de indefensión ante cualquier autoridad”.

Señaló que la redacción del artículo es muy ambigua y deja abierta la posibilidad de que la policía u otra autoridad ordene la detención de los periodistas que estén realizando su trabajo en una escena donde se haya cometido un delito.

“Como periodistas estamos en contra de que se haga mal uso de la administración de la justicia en cuanto a que se difunda información sensible que afecte a las víctimas, pero de ninguna manera aceptamos que se pretenda criminalizar la acción periodística”, refirió Juan Ramón Negrete.

El artículo 240 bis, añadió, debió estar dirigido sólo a los funcionarios y servidores públicos, federales, estatales o municipales, que entran a la escena del crimen y que muchas veces son quienes difunden los materiales gráficos, porque ellos sí lesionan el bien jurídico de la administración de la justicia.

“Los periodistas de Colima nos sentimos vulnerados en nuestras garantías individuales y lesionados por este Artículo 240 Bis, que se le adicionó al Código Penal para el Estado de Colima, pues no sólo nos están amordazando, sino que nos están impidiendo realizar nuestro trabajo con plena libertad, bajo la amenaza de llevarnos a prisión y ser sancionados económicamente”.

Dijo que la petición de que se promueva una acción de inconstitucionalidad ante la justicia federal y se declare nulo ese artículo es porque se están violando los Artículos 1º. 6º. 7º. 8º. 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1º. 2º, fracciones III y IV, además del artículo 5º, entre otros, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como lo preceptuado en diversos artículos de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima.

Tras recibir el texto de la queja, el titular de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores, informó que ese organismo ya se encuentra preparando el escrito de la acción de inconstitucionalidad de ese artículo, pues luego de un análisis se ha advertido que se contrapone con algunos principios constitucionales.

Explicó: “La forma como quedó redactado este tipo penal vulnera sobre todo el principio de taxatividad de la estricta aplicación y de la interpretación de la ley penal, que obliga a que, tratándose de la definición de un delito, quede con precisión plasmado cuál es la conducta que se desea sancionar, y aquí advertimos de entrada que ese principio no se cumple a cabalidad”.

Ofreció analizar a detalle los puntos de la queja que “sin duda van a dar luz también para el documento final”, pues “vemos con preocupación cómo quedó redactado ese tipo penal básico”, que establece sanción para quien “indebidamente” realice algunas acciones, pero “quién va a juzgar lo debido o lo indebido, eso es lo que nos preocupa”.

Comentó que la CDHEC ha tomado nota cuando algunos elementos policiales “se molestan de que alguien acuda y videograba y ejercen el derecho de la libertad de expresión, que es parte del ejercicio de la función periodística; nos preocupa que eventos de esa naturaleza traigan como consecuencia la criminalización del trabajo periodístico y el que se les prive de su libertad so pretexto de estar cometiendo esa conducta que refiere ahí que es delictiva”.

El ombudsperson hizo un llamado a todas las autoridades estatales y municipales que realizan labores de seguridad, a salvaguardar el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y que en la actuación de todos sus elementos abonen a que la labor se pueda realizar dentro del ámbito de la libertad, sujetándose también a las recomendaciones de no afectar derechos de terceros y respetar sobre todo la dignidad de las persona, pues “no estamos en contra de que se evite la difusión de material inapropiado”.

Flores Arias manifestó su preocupación por que “quedó tan amplia la descripción de ese tipo penal que inclusive si un ciudadano cualquiera saca su celular para grabar un evento de una detención, ello implica el derecho de documentar la actuación de un servidor público, pero si esa conducta se va a criminalizar se corre el riesgo de que se cometan detenciones cuando se está ejerciendo un derecho”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Mario García Solórzano, pidió al titular de la CDHEC que maneje la queja con su número propio, independientemente del trabajo que ya está realizando, porque “ahorita en el momento en que ya está ingresada la queja, automáticamente queda en suspenso la aplicación del artículo 240 bis, y no vayan a sorprender a los periodistas las autoridades o los primeros respondientes”.

Sugirió hacer una revisión profunda del aspecto técnico jurídico para fortalecer el recurso de la CDHEC en relación con ese asunto, y ofreció al gremio periodístico el apoyo del Colegio de Abogados para la posible promoción de juicios de amparo individuales o colectivo.

García Solórzano calificó como “muy lamentable que se quiera amordazar al periodista y que nos quieran mantener a la ciudadanía en la oscuridad de no conocer qué es lo que está pasando en Colima en materia de seguridad pública; que no se sepa nada es la finalidad”. (Proceso)