En medio de la epidemia del coronavirus, los gobiernos de 12 países en el continente americano han ocultado cierta información relevante en el manejo de la crisis de salud pública, y aunque México ha mostrado hasta ahora una de las mejores aperturas, aún está rezagado en varios rubros, según una investigación periodística panregional.

Brasil, Guatemala y Paraguay no revelan la ubicación geográfica de los casos confirmados de COVID-19 por localidad, algo que esta semana comenzó a hacer el gobierno mexicano cuando la Secretaría de Salud federal abrió la información de contagios a nivel municipal.

Sin embargo, México tiene otros pendientes importantes en materia de transparencia: revelar de forma exacta la cantidad de camas disponibles para quienes requieran hospitalización y ofrecer datos puntuales sobre la cantidad de pruebas que se realizan para confirmar o descartar casos de personas infectadas.

El gobierno informó hace un mes que el IMSS tenía 1,867 camas en áreas de cuidados intensivos y otras 1,553 estaban disponibles en los servicios médicos. Desde entonces se han sumado hospitales en conversión y hospitales privados, pero no se ha actualizado la cifra total ni se ha incluido la cifra de camas disponibles en los estados.

“El número es indeterminado porque no son cifras auditadas. Un hospital puede decir que tiene mil camas, ¿pero qué significan mil camas? Los propios técnicos te dicen que una cama no es literalmente una cama, sino que es el conjunto de conexiones, recursos médicos y técnicos que hay alrededor de una cama. Por eso hay la fantasía de que se puede habilitar un estadio como hospital en Brasil”, dijo Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.

Otros países que como México tampoco revelan con exactitud la capacidad que tienen de camas en las unidades de cuidado intensivo son Ecuador, El Salvador y Guatemala, según descubrió la Alianza Latinoamericana de Periodismo Investigativo “Centinela COVID-19” que agrupa a 15 medios de comunicación en más de una docena de países.

“En toda la región hay únicamente dos datos que están universalmente disponibles: cuántas personas han sido confirmadas como portadores de COVID-19 cada día y cuántas han fallecido. Ni siquiera la estadística de cuántas personas se han recuperado es pública en todo el continente, subrayando cómo los gobiernos latinoamericanos están apostando por comunicar un mínimo de datos sobre la enfermedad causada por el nuevo coronavirus”, reveló la investigación de Centinela Covid -19.

En cuanto a las pruebas de detección, México informa cada día sobre la cantidad de casos positivos y negativos, lo que permite hacer un cálculo del volumen de testeos realizados. Sin embargo, falta claridad como sí la hay en países como Bolivia, que incluso revela en qué lugares se están tomando las muestras.

“La información que proporcionan los gobiernos sobre el testeo, que es una de las capacidades técnicas más urgentes de escalar, es en general restringida. Menos de la mitad de los países de América Latina revelan de manera consistente los números de pruebas de detección que realizan cada día”, indicó el informe de Centinela.

En el contexto latinoamericano, México destaca porque ha demostrado estar abierto a informar, aunque la apertura de datos se ha dado de manera paulatina, como ocurrió con la desagregación de casos por municipio, publicada apenas el 13 de abril.

Y aunque ha mostrado disposición a informar y detallar con mayor precisión sobre la evolución de los contagios, también es cierto que México figura entre los países que decidió suspender de forma temporal la atención de solicitudes de acceso a la información pública, bajo el pretexto de la emergencia sanitaria.

Argentina, Colombia y Perú también modificaron los términos y periodos para responder solicitudes de información pública, extendiendo los plazos legales o cambiando las condiciones de respuesta.

Esta deuda con la transparencia coloca a México en el mismo nivel que Argentina, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Brasil, Colombia o Estados Unidos, donde los gobiernos han optado por no revelar información que, en el contexto de la pandemia, permitiría a la sociedad civil participar proactivamente en las medidas de contención.

“En una emergencia, la información sobre la propia emergencia y sus consecuencias económicas y sociales es vital”, dijo Eduardo Bohórquez.

Al alargamiento de plazos para responder solicitudes se le suma el hecho de que el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), el órgano garante del derecho a la información pública, ha tenido que suspender sus sesiones bajo el argumento de respetar la estrategia nacional de sana distancia.

El plazo para atender recursos de revisión y quejas de quienes piden información a las dependencias públicas está suspendido hasta el 30 de abril.

“Para proteger el derecho a saber en una emergencia, el pleno del INAI tendría que estar en activo”, pues se requiere revisar las solicitudes que entraron dentro del supuesto del plazo de entrega o de la posible apelación de un ciudadano, independientemente de que se hayan modificado en general los plazos, consideró Bohórquez.

El gobierno de Brasil también intentó el 23 de marzo extender los plazos contemplados en la Ley de Acceso a la Información, pero la medida fue revocada temporalmente días después por un ministro de la Corte Suprema, por lo que no está actualmente en vigor.

El caso más extremo respecto a la transparencia y acceso a la información es el de Honduras, donde el presidente Juan Orlando Hernández decretó el estado de emergencia y suspendió varios artículos de la Constitución, incluyendo el que protege el derecho a la libertad de expresión.

“Ese tipo de medidas desproporcionadas afectan el derecho de la población a acceder a información completa sobre el COVID-19”, dijo Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“No debe abusar de esas medidas para limitar la libertad de expresión, particularmente en un momento cuando los medios desempeñan un papel fundamental para mantener a la sociedad informada y segura”, dijo por su parte el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ global).

Este texto fue originalmente publicado por Quinto Elemento Lab, bajo la autoría de Javier Quintero. La ilustración es de Paula de la Cruz, de GK 17.

 Centinela COVID-19 es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre la respuesta al COVID-19 en América Latina. Sus aliados somos Chequeado (Argentina), El Deber (Bolivia), Agência Pública (Brasil), El Espectador y La Liga contra el Silencio (Colombia), La Voz de Guanacaste (Costa Rica), Ciper (Chile), GK (Ecuador), El Faro (El Salvador), No Ficción (Guatemala), Quinto Elemento Lab (México), El Surtidor (Paraguay), IDL-Reporteros (Perú), Univision Noticias (Estados Unidos), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Pulitzer Center on Crisis Reporting.