California se convirtió formalmente un “estado santuario” para los inmigrantes, sin importar su condición legal, con la entrada en vigor ayer de una ley que, además, muestra una abierta confrontación con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En virtud de esta norma, los diferentes cuerpos policiales californianos ya no podrán preguntar a los residentes su estatus migratorio ni participar en acciones coordinadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, y sólo pondrá en manos de este a los detenidos que han cometido ciertos crímenes, en su mayoría graves.

“Sacar a los inmigrantes de las sombras no sólo es beneficioso para todo el estado de California, es lo correcto”, afirmó el presidente interino del Senado californiano, Kevin de León, quien fue promotor de la norma SB54, conocida como el Acta de los Valores de California, y que, según dijo, constituye “un mensaje a Washington y al resto de la nación” de que no serán “partícipes de la política impulsada por la prepotencia”.

Rubricada en octubre pasado por el gobernador estatal, el demócrata Jerry Brown, la ley no permite a los agentes locales y estatales investigar, interrogar o detener a personas en California sólo porque sospechen que son inmigrantes sin papeles.

La ley, que prácticamente deja en manos del Gobierno de EU muchas de las labores relacionadas con Inmigración, ayuda a “preservar la confianza” entre las autoridades locales y la comunidad inmigrante, “lo cual es crítico para la seguridad pública”, señaló De León.

A partir de ayer, por tanto, los agentes de ICE necesitarán una orden judicial para hacer redadas en lugares de trabajo o acceder al historial de un empleado, a la vez que las autoridades universitarias no podrán cooperar con oficiales de Inmigración y los propietarios de vivienda no podrán divulgar la ciudadanía de sus inquilinos.

Aunque no el primero en declararse “estado santuario”, honor que ostenta desde 1987 Oregón, el vecino del norte, California sí es el primer estado de gran población de indocumentados, por lo menos dos millones de personas, que se erige en refugio para estos inmigrantes.

Además de estos dos estados, hay unas 200 ciudades y condados en EU que se han declarado “santuario”, como las urbes californianas San Diego y San Francisco; además de Nueva York, Boston y Chicago, entre otras, y que constituyen un respiro para los cerca de 11 millones de inmigrantes irregulares que se calcula viven en el país.

El Acta de los Valores de California es una de las respuestas de este estado a las políticas del presidente Trump, cuya campaña electoral y Presidencia se han basado en un polémico y duro discurso contra la inmigración.

El fiscal general de EU, Jeff Sessions, que tiene en la mira a las “ciudades santuario”, ha criticado también en varias ocasiones las medidas de este tipo y aseguró que las ciudades que adoptan estas legislaciones son los “mejores amigos” de los traficantes, contrabandistas y pandilleros.

En medio de esta guerra, el pasado mes de noviembre el juez federal William Orrick, de San Francisco, bloqueó de forma permanente la orden ejecutiva del presidente Trump de negar fondos a estas jurisdicciones por no cooperar con Inmigración, lo que fue celebrado por las ciudades y condados del país que se han declarado “santuario”.