Una juez de la Audiencia Nacional de España decretó el jueves prisión para ocho integrantes del gobierno catalán cesado por posibles cargos de rebelión, sedición y malversación por haber declarado la independencia de la región.

En el caso del ex consejero Santiago Vila, la magistrada Carmen Lamela dictaminó prisión eludible si paga una fianza de 50 mil euros y permanecerá en prisión hasta que deposite dicha cantidad. 

Además del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, otros ex consejeros sentenciados son Jordi Turull, ex vocero de la presidencia catalana; Raül Romeva, ex consejero de exteriores; Josep Rull, asuntos territoriales; Dolors Bassa, trabajo; Meritxell Borrás, cultura; Joaquim Forn, interior, y Carles Mundó, de justicia. 

La juez Lamela dictaminó que serán trasladados de inmediato a prisión. 

Mientras, un fiscal español le pidió a la Audiencia Nacional emitir una orden de arresto internacional contra el destituido líder catalán, Carles Puigdemont, y cuatro de sus ex ministros. 

Puigdemont se fue a Bélgica el martes con algunos ex ministros, afirmando que buscaban “libertad y seguridad”. Él y cuatro ex funcionarios permanecían el jueves en la capital belga mientras los nueve ex consejeros catalanes sí comparecieron en Madrid, donde les fue dictada la sentencia. 

Entretanto, seis legisladores catalanes comparecieron en el Tribunal Suprema en una sesión paralela. Se les dio una semana para preparar su defensa y se les dio instrucciones de regresar para ser interpelados el 9 de noviembre. 

Veinte políticos regionales, incluido Puigdemont, estaban citados a comparecer después de que el fiscal general del estado pidiera que se presentaran cargos de rebelión, sedición y malversación en su contra tras la declaración de secesión votada el 27 de octubre en el Parlamento regional. 

De ser hallados culpables, podrían ser sentenciados a hasta 30 años de cárcel. 

Aparte de Puigdemont, fueron convocados sus 13 ministros y seis legisladores regionales. 

Junqueras fue el primero en llegar a la Audiencia Nacional. Lo hizo acompañado por abogados y pasó junto a docenas de periodistas sin responder preguntas. 

España tomó la medida sin precedentes de invocar el artículo constitucional que le permite intervenir en la región cuando el Parlamento aprobó la declaración de independencia. Destituyó el gobierno, disolvió el Parlamento y convocó a elecciones para el 21 de diciembre. 

Javier Melero, abogado de algunos de los legisladores separatistas investigados por el Tribunal Supremo, criticó a Puigdemont y los otros que evitaron la comparecencia. Dijo que esta decisión perjudicaba a sus clientes, tres legisladores que son miembros del partido PDeCAT del presidente destituido. 

Una veintena de políticos y cargos electos de partidos catalanes separatistas se aglomeraron a la entrada del Tribunal Supremo, manifestando su apoyo a los legisladores investigados. (AP)