Ciudad de México a 06 de julio de 2010.- El bloqueo comercial desde Sonora, como parte de las medidas de presión contra la llamada Ley Arizona, ha generado que tan sólo en los meses de mayo y junio se redujeran 40% las compras en los condados de Yuma y Nogales, lo que es un ejemplo de las repercusiones que puede tener en esa entidad la aplicación de la Ley SB1070 que podría entrar en vigor este mes y que criminaliza la migración.

Así lo revelaron expertos en temas fronterizos, durante una videoconferencia que ofreció Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte (Colef) Y Mario Camberos Castro, investigador del Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo (CIAD), quienes alertaron que de entrar en vigor la ley que es discriminatoria y xenofóbica, existe el riesgo de generar conflictos sociales y económicos graves.

Sobre el impacto económico, Camberos Castro indicó que se estima que los sonorenses realizan compras en Arizona estimadas en dos mil 800 millones de dólares, lo que equivale al 97% de las adquisiciones que realizan quienes visitan ese estado de la Unión Americana, por lo que los efectos de mantener un boicot comercial contra ese entidad pueden

ser un acto de presión positivo, que puede derivar en la pérdida de más de 30 empleos en esa región.

Reveló que "estudios demuestran que se ha reducido en 40% las compras en los condados de Yuma y Nogales, en los meses de mayo y junio, una reducción que no es atribuible a la crisis sino al boicot comercial que están haciendo miles de familias".

Aunque en opinión de Guillén López, estas medidas sólo serán efectivas en el corto plazo, y la única estrategia para combatir la Ley SB1070 es ante los tribunales norteamericanos, que el gobierno de Barack Obama también se sume a estas denuncias, ante un caso que con seguridad llegará a las cortes internacionales.

Para el presidente del Colef, lo grave es que la xenofobia y la discriminación está siendo alentada desde las instituciones y autoridades de Arizona, lo que es cuestionable desde la perspectiva de los derechos humanos, cuando en 2008 desde ese estado fueron deportados 121 mil personas.

También advirtió de los riesgos de que la entrada en vigor de esta ley sea "un factor generador de tensiones sociales, potencialmente graves" ante detenciones masivas, pero que sobre todo por la interdependencia económica que existe entre México y Estados Unidos, sobre todo en los diez estados fronterizos que concentran casi una población de 90 millones de personas y conforman la tercera o cuarta economía del mundo.