Hermosillo, Sonora, 18 de mayo de 2010.- La Comisión del Transporte del aprobó el dictamen que reforma la Ley del Transporte para el Estado de Sonora, para que sea el Ejecutivo Estatal quien determine los aumentos en la tarifa del transporte público en todas sus modalidades.
 
Correspondió al diputado Jorge Antonio Valdez Villanueva, encabezar la reunión ante la inasistencia justificada de su presidenta, la legisladora Eloísa Flores García, en donde el único punto abordado fue la iniciativa de reforma a dicha Ley, presentada por el diputado Faustino Félix Chávez, a la cual se hicieron modificaciones explicadas por el diputado Roberto Ruibal Astiazarán.
 
El texto del dictamen aprobado establece en el artículo 88 que el Ejecutivo del Estado autorizará las tarifas que correspondan al servicio público del transporte, debiendo establecer tarifas especiales para estudiantes, personas con discapacidad y de la tercera edad que utilicen el servicio público de transporte en zonas urbanas y suburbanas, mismas que se aplicarán siempre que se identifiquen con credencial correspondiente expedida por la autoridad que designe el Ejecutivo.
 
En el artículo 89 señala que para determinar las tarifas del servicio público del transporte, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, realizará durante el mes de enero de cada año, los estudios técnicos necesarios considerando los siguientes indicadores: tipo y características del servicio, incrementos del salario mínimo general vigente en la región, incrementos al precio unitario del energético y los incrementos en los costos directos e indirectos que incidan en la prestación del servicio.
 
El dictamen aprobado señala en el artículo 90 que el Ejecutivo del Estado, durante el mes de febrero de cada año, deberá analizar los estudios técnicos referidos en el artículo anterior y resolver sobre e incremento de las tarifas del servicio público de transporte en sus distintas modalidades, debiendo considerar única y exclusivamente los  indicadores establecidos en el artículo anterior.
 
En su artículo segundo transitorio el dictamen establece que el Ejecutivo del Estado, por única ocasión, un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto, deberá cumplir con la obligación contenida en los artículos 88, 89 y 90 de la Ley de Transporte.
 
En el análisis, el diputado Roberto Ruibal Astiazarán expuso que la reforma representa regresar las condiciones que prevalecían antes de la reforma a la Ley aprobada en 2006, y que otorgó al Congreso del Estado la facultad de determinar las tarifas para dicho servicio, lo que representa un caso único a nivel nacional.
 
Ruibal Astiazarán señaló que hasta ahora este Poder Legislativo no ha definido sobre la solicitud de aumento dado que no se han cumplido las condicionantes que fija la Ley como es la reunión del Consejo Consultivo que no ha sido convocado por el Gobierno Estatal. Agregó que el informe técnico en poder del Legislativo, presenta datos irreales dado que tiene fecha de agosto de 2009.
 
Enseguida el diputado David Secundino Galván Cazares expresó que es urgente que los concesionarios den transparencia a los recursos públicos que han recibido además de que las diferencias de opinión entre los diferentes grupos de empresarios del ramo, tornan inadecuado el momento para realizar dicha reforma.
 
“No es cuestión de querer o no, es cuestión de que si los concesionarios no nos dicen cuánto les cuesta operar cómo les aprobamos tarifa o subsidio”, cuestionó.
 
Ruibal Astiazarán argumentó que el servicio de transporte es prioritario para los ciudadanos y prueba de ello, es que se aprobó por unanimidad el que se enciendan obligatoriamente los aparatos de aire acondicionado, pero ahora se requiere abordar lo relativo a la tarifa o subsidios por la instancia responsable de dicho servicio como es el Gobierno del Estado.
 
Por su parte el diputado Vicente Solís Granados pidió que no se politice este tema y justificó regresar al Ejecutivo Estatal esta facultad de definir las tarifas, en base a una serie de indicadores y principalmente realizar estudios socieconómicos para determinar la capacidad de los usuarios.
 
El legislador Damián Zepeda Vidales consideró que debe avanzarse en un marco normativo que permita transparentar los recursos públicos que reciben concesionarios a fin de que se conozcan en realidad la situación de las empresas que prestan este servicio básico en Sonora.
Recordó que la solicitud presentada ante el ISAF no procedió porque ni el Congreso ni el Ejecutivo Estatal tienen esa facultad de realizar auditorías a la totalidad de sus ingresos.
 
La diputada Flor Ayala Robles Linares dijo que el tema del transporte urbano tiene muchas aristas y manifestó su preocupación por el encono que existe entre los concesionarios, más aún cuando han transcurrido ocho meses de la actual administración estatal sin que el titular del ramo puede resolver dicha problemática.
 
El legislador César Augusto Marcor Ramírez pidió pensar en los usuarios y por encima de colores y partidos, llegar a acuerdos que resuelvan los conflictos y apoyen la prestación de un servicio digno a los sonorenses.
 
El legislador David Cuauhtémoc Galindo Delgado pidió pensar en los usuarios de todos los municipios no sólo de las tres ciudades principales, y proponer reformas que los beneficien a todas las partes que intervienen en sector.
 
Los diputados Valdez Villanueva y Solís Granados puntualizaron que en reuniones anteriores se han fijado el objetivo de realizar estudios socioeconómicos de los usuarios para tener elementos para determinar un aumento o no de la tarifa y en general un programa de apoyo a los concesionarios.
 
Enseguida, se sometió a votación el contenido del documento siendo aprobado por mayoría.