La Comisión Temporal de Presupuesto presentó formalmente el Anteproyecto de Presupuesto 2022 del Instituto Nacional Electoral (INE) que asciende a 18 millones 827.74 millones de pesos que garantizan la organización de las seis elecciones locales, así como la realización de la Revocación de Mandato y la Consulta Popular.

Al presentar el documento el presidente de la Comisión, Jaime Rivera, afirmó que el cálculo presupuestal para el próximo año se realizó con racionalidad y sin excesos, que permita mantener los estándares de calidad a los que la ciudadanía está acostumbrada y a la que está obligado el Instituto.

“El resultado es un Anteproyecto de Presupuesto racional, justificado y suficiente para cumplir con nuestras atribuciones, tanto las totalmente planeadas como las que son posibles y para las cuales tenemos que estar listos, vamos a cumplir con la ciudadanía para brindarles el mejor servicio por parte de esta institución”, sentenció. 

Recordó que cada una de las unidades responsables presentó sus propuestas, las explicaron, justificaron y ajustaron en función de las observaciones que recibieron, a fin de garantizar que el resultado fuera racional sin poner en riesgo el cumplimiento de atribuciones del INE.

Asimismo, abundó, se cuenta con dos proyectos de carácter extraordinario que tendrán un gran impacto presupuestal y que al menos uno de ellos, la Consulta Popular, se habrá de encontrar anualmente en el presupuesto ante la previsión constitucional para que se realice cada año. 

En su oportunidad el consejero Ciro Murayama aseguró que los recursos que se plantean para el próximo año implican una reducción del 35 por ciento de lo solicitado en el 2021, ya que no habrá Proceso Electoral Federal que organizar.

No obstante, dijo, el INE establece la necesidad de contar con un presupuesto precautorio que garantice la realización de la Revocación de Mandato, así como la Consulta Popular, que en caso de no celebrarse será reintegrado en su totalidad a la Federación. 

“Si nosotros vamos a una elección donde nos podamos quedar sin Presidente y se tenga que nombrar a un interino para concluir el sexenio eso tiene que hacerse con todas las garantías de certeza, con lo mismo que hacemos una elección, con las mismas garantías de seguridad y garantías a los ciudadanos y actores políticos”, indicó.

Murayama refirió que el INE se toma muy en serio la Revocación de Mandato ya que está en riesgo la estabilidad política, económica y social del país, por lo que no se puede improvisar la realización de este ejercicio democrático. 

Por su parte, la consejera Claudia Zavala mencionó que cada día el INE tiene un mayor número de atribuciones lo que impacta directamente en un aumento en sus recursos; sin embargo, estimó que más allá de las grandes cifras es necesario explicar qué es lo que hay detrás de cada peso y para qué será destinado.

“Es importante reconocer que en México se invierta ese recurso para la estabilidad y la recreación democrática, porque si no tenemos claro esto, vamos a generar un problema mayor “, abundó.

Explicó que la asignación de recursos para una eventual Consulta Popular implica un monto mayor al de este año, ya que es la propia ley la que define la proyección presupuestal que hoy se realiza y que será sometida a la aprobación del Consejo General este viernes. 

Por ello invitó a los partidos políticos a contribuir al ejercicio de explicación y, en especial, con los legisladores que finalmente tienen la facultad de aprobar los recursos, porque la institución no puede dar pasos para atrás. “Los estándares democráticos son altos y los tenemos que conservar”, dijo. 

Al respecto, el consejero José Roberto Ruiz destacó la importancia de que en la aprobación del presupuesto haya mucha seriedad y madurez política porque este año es distinto, debido a que la Revocación de Mandato equivaldrá a una elección presidencial. 

En este sentido, se sumó al llamado a que exista esa visión, responsabilidad y conciencia para que se le doten al Instituto de los recursos necesarios para los dos ejercicios de participación directa que podrían celebrarse el próximo año y para los cuales se plantean montos diferenciados en atención a las particularidades que presenta cada uno. 

“Hay diferencias entre Revocación, elecciones del 5 de junio y Consulta Popular y ahí se demuestra que pedimos exactamente lo que necesitamos, ya que si fueran montos semejantes habría dificultad para explicarlo, estamos haciendo un esfuerzo para ajustarnos a las características de cada uno de los compromisos institucionales”, señaló.

Durante la sesión, a la que también asistió la consejera Norma De la Cruz, las y los consejeros enfatizaron que los recursos para la Revocación de Mandato y la Consulta Popular no serán destinados para ninguna otra actividad o pago de salarios, por lo que de no celebrarse estos ejercicios se procedería de manera inmediata a su devolución. 

Al presentar el documento, la directora ejecutiva de Administración, Ana Laura Martínez, aclaró que de acuerdo con el Anteproyecto de Presupuesto se requiere cubrir el presupuesto base, la cartera institucional de proyecto, así como lo relativo a los mecanismos de participación directa que podrían celebrase el próximo año.

Presupuesto Base
11,225.46
Cartera Institucional de Proyectos
1,858.71
Revocación de Mandato
3,830.45
Consulta Popular
1,913.13
 
Aclaró que en cuanto al presupuesto base, no se presentó un incremento significativo e incluso se mantiene una estabilidad, además de que contemplan los seis comicios locales del próximo año y el arranque de la organización de las dos elecciones locales para el 2023. 

En cuanto a la Revocación de Mandato, explicó, se construyó el presupuesto en función de las 161 mil 490 casillas que se instalarán en los 300 distritos electorales con el apoyo de 5 mil 430 personas que fungirán como supervisoras electorales y 32 mil 421 capacitadoras. 

Todo ello para la insaculación de 12.01 millones de ciudadanos entre los que se elegirán los 484 mil 470 funcionarias y funcionarios de casilla que recibirán los votos de 92.4 millones de electoras y electores. 

En tanto que la Consulta Popular que podría realizarse plantea la instalación de 96 mil 591 casillas para las que se requieren 289 mil 773 personas funcionarias que serán capacitadas por 16 mil 226 personas asistentes electorales y dos mil 55 supervisores electorales. 

En la sesión, el titular del Órgano Interno de Control, George Zamora, agradeció la apertura y disposición para que el área a su cargo pudiera realizar un acompañamiento que se entregará a los integrantes de la Comisión de Presupuesto. 

En el informe, dijo, hace referencia a la documentación soporte sobre cada una de las partidas que se solicitaron porque es indispensable contar con todos los elementos utilizados para la integración del presupuesto, así como el análisis del cumplimiento de la normatividad vigente.