Hermosillo, Sonora a 03 de junio de 2010.- Para endurecer con pena de cárcel y sin derecho a fianza,  a quienes incurran en conductas como robo en agravio de infraestructura hidráulica y su consecuente daño a los organismos operadores de agua, el Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a los códigos Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora.
 
Los integrantes de la LIX Legislatura también aprobaron un punto de Acuerdo que instruye a la Comisión de Energía y Medio Ambiente para que, a la brevedad posible, realice las acciones que al efecto resulten necesarias para establecer una mesa de trabajo con las dependencias del Gobierno Federal y competentes, que permita analizar el esquema tarifario por consumo de energía eléctrica en el Estado.
 
Asimismo se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con punto de Acuerdo que resuelve desechar los escritos contenidos en diversos folios, y el grupo parlamentario del PAN presentó un posicionamiento con relación al arranque de la segunda fase del Sonora Integral.
 
Conforme al Orden del Día, el diputado César Augusto Marcor Ramírez, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, dio lectura a la iniciativa con punto de Acuerdo en relación al esquema tarifario por consumo de energía eléctrica que actualmente se aplica en el Estado de Sonora.
 
Expuso que actualmente en el Estado, el subsidio de la tarifa 1F entra en vigor el primer día de mayo y culmina el 31 de octubre, por lo que solicitó se estudie la posibilidad de modificar este periodo recorriendo su inicio al 1 de abril, para de esta manera ampliar 30 días más dentro del esquema de tarifa especial.
 
Sumado a lo anterior, dijo, las tarifas de uso doméstico se han encarecido 29% y, además, reducido a los subsidios reales para la gran mayoría de los hogares de Sonora, resultado de una mala e irresponsable planeación del sector eléctrico y de una política tarifaria de energía que tiene un claro matiz recaudatorio.
 
Además de la mesa de trabajo para analizar el esquema tarifario, el legislador propuso se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad para que reduzcan las tarifas de uso doméstico y revisen la viabilidad de establecer una tarifa doméstica de alto consumo que permita atenuar el problema económico que genera el pago de este servicio público en las familias mexicanas que habitan en zonas climáticas extremas.
 
Los diputados Cuauhtémoc Galindo Delgado, Vicente Solís Granados, Gerardo Figueroa Zazueta y María Dolores Montaño Maldonado, hicieron propuestas en el sentido de beneficiar a los habitantes de Sonora a través del Acuerdo aprobado.
 
Enseguida el diputado Faustino Félix Chávez dio lectura, a nombre de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al dictamen que resuelve son improcedentes los escritos contenidos en los folios números: 561-58, 578-58, 933-58 y 1643-58, todos relativos a iniciar procedimiento de juicio político en contra de varios servidores públicos de diversos ayuntamientos de la entidad y de un Agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la ciudad de Agua Prieta, Sonora.
 
La comisión dictaminó que no fueron ratificados los escritos señalados conforme lo establece el Código de Procedimientos Penales, no le permitió allegarse de mayores datos para realizar sus funciones en forma completa, por lo que los mismos fueron desechados por improcedentes, Acuerdo que aprobó el Pleno.
 
Delito grave daño a infraestructura pública hidráulica
El delito de robo, en su modalidad de daño a instalaciones públicas de infraestructura hidráulica, será considerado como grave y sin derecho a fianza para quien incurra en él, al aprobarse las reformas y adiciones al Código Penal para el Estado de Sonora y al Código Procesal Penal para el Estado de Sonora.
 
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos presentó el dictamen al Pleno, con base a una iniciativa del diputado Héctor Moisés Laguna Torres, la cual originalmente planteaba se considerara entre los supuestos del delito de robo, el relativo a los objetos que se utilizan en la prestación de un servicio público estatal o municipal.
 
Los integrantes de la comisión enviaron al Poder Judicial el dictamen para que analizara las modificaciones, por los que éste solicitó se estableciera de manera más específica el concepto de infraestructura pública ya que si dejaba de manera más abierta, ocasionaría que todas las modalidades de robo fueran consideradas como graves.
 
El diputado Laguna Torres, quien dio lectura al dictamen, expuso que la idea es que toda persona que incurra en daños a infraestructura hidráulica y de alcantarillado, será sancionada con cárcel y no tendrá derecho a fianza, con una pena que va de dos a diez años de prisión.
 
“Es lo que se busca y dar a conocer muy bien esto (las reformas y adiciones) para que sean del conocimiento de los ministerios públicos y de la ciudadanía, a fin de lograr frenar el delito y el daño a todos los organismos operadores de agua”, aseveró.
 
Como último punto del Orden del Día, el diputado Enrique Reina Lizárraga leyó un posicionamiento con relación al arranque de la segunda fase del programa Sonora Integral, en el que destacó la importancia de sumar esfuerzos para que dicho proyecto continúe siendo un parteaguas que ofrece un marco de desarrollo para Sonora.
 
“Es necesario también, que lejos de diferencias partidistas y de intereses propios, reconozcamos la muestra de creatividad y la firme decisión de llevar a cabo acciones con la única intención de beneficiar a los sonorenses a través de estas obras que sin duda serán marco de referencia en el Sonora de hoy y de mañana”, expresó.
 
Al posicionamiento siguieron intervenciones de varios diputados que dieron a conocer sus puntos de vista a favor del programa algunos de ellos y otros manifestaron las dudas que todavía tienen con relación al programa que impulsa el Poder Ejecutivo estatal.