María de Jesús Llamas Coronado, apodada "la China", no se suicidó en una celda de la Policía Estatal Investigadora en Guaymas, como lo había asegurado la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sino que fue asfixiada hasta la muerte, informó este domingo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al emitir la recomendación 73/2013 para que el Gobierno de Sonora proceda a reparar el daño ocasionado a familiares de "la China", la CNDH informó que tras realizar una investigación que incluyó la exhumación del cadáver se encontró que la mujer no murió de manera autoinflingida.

"El personal pericial médico de esta comisión nacional, una vez practicada la exhumación del cadáver de la víctima, llegó a la conclusión de que la causa que le ocasionó la muerte fue asfixia mecánica, derivada de la obstrucción de vías respiratorias superiores, en individuo que presentó infiltrado (lesión) a nivel del cartílago cricoides por traumatismo o compresión directa, lesión a nivel del cuello que indica que el deceso no fue producido de manera autoinflingida", detalló la CNDH.

El caso de María de Jesús Llamas Coronado tomó relevancia no solo tras su muerte, sino desde que el 28 de septiembre fue detenida, acusada de ser copartícipe en el supuesto secuestro del presidente del PAN en Guaymas, Omar Núñez Caravantes.

En explicación del mismo panista, la mujer y un grupo de hombres lo privaron de su libertad y lo llevaron a un hotel, donde presuntamente lo desnudaron y lo fotografiaron junto a ella en una situación comprometedora, con el objetivo de extorsionarlo.

Dijo que después lo dejaron solo y pudo escapar para pedir ayuda a un amigo, aunque más tarde acudió ante la Policía Estatal Investigadora para interponer la denuncia, a la que siguió la detención de "la China", quien fue encontrada muerta en la celda el 5 de octubre.

La PGJE afirmó que la mujer se ahorcó y que para ello había utilizado el cable de un televisor, versión que avaló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Raúl Ramírez Ramírez. 

Así, María de Jesús Llamas Coronado fue sepultada en Guaymas y no hubo acción penal contra nadie, pues la Procuraduría había considerado que murió "a consecuencia de circunstancias propias a su voluntad". 

Sin embargo, la CNDH intervino en el caso y ordenó días después la exhumación del cadáver para realizarle un estudio con médicos especialistas, al tiempo que hacía una investigación ocular en la celda donde ocurrió su deceso. 

El perito del organismo defensor precisó que no encontró indicios objetivos que fundamenten y sustenten que la causa específica de la muerte haya sido consecuencia de asfixia por ahorcamiento.

Así, con las pruebas completas, la CNDH resolvió que a la víctima "se le vulneraron los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la debida procuración de justicia, a la verdad, al honor y a la imagen".

Señaló que el personal pericial de la PGJE emitió un juicio de valor que no le correspondía, al señalar que la causa de la muerte de "la China" fue asfixia por ahorcamiento, una conclusión que solamente podría dictaminar el médico forense.

Además, como resultado de las indagatorias se demostraron la práctica indebida de diligencias de manera negligentes, así como la indebida preservación de indicios y omisiones de cuidado en la investigación de los hechos.

"El 5 de noviembre de 2013, peritos de la comisión inspeccionaron la base operativa de la Policía Estatal Investigadora en Guaymas y advirtieron que la autoridad ministerial y sus auxiliares omitieron resguardar el lugar donde fue encontrada sin vida", señaló la CNDH.

Por eso, el organismo decidió emitir una recomendación al gobierno del panista Guillermo Padrés para "que proceda a la reparación del daño ocasionado a los familiares de la víctima y se les brinde atención médica y psicológica necesarias, durante el tiempo que sea necesario".

Acatará la resolución

A través de un comunicado, la PGJE afirma que acatará la recomendación de la CNDH "y utilizará todos los recursos de investigación con los que cuenta la institución a fin de determinar, sin lugar a ninguna duda, la forma en que perdió la vida la mujer que fuera acusada de coparticipar en el secuestro y extorsión de Omar Nuñez Caravantes".

El comunicado agrega que "la PGJE continuará colaborando con la CNDH y mantendrá informada a la comunidad sonorense respecto de los hallazgos que en su caso encontrare como consecuencia de la recomendación emitida por dicha instancia".