Para que los proveedores del Gobierno del Estado y los ayuntamientos reciban sus pagos de manera inmediata, el diputado priísta Abel Murrieta Gutiérrez propuso al Congreso modificar la Ley de Deuda Pública y crear un registro que permita conocer cuánto deben y a quién y se agilicen sus pagos.

En su exposición de motivos, el diputado representante del municipio de Cajeme dijo que es conveniente la existencia del Registro Estatal y Municipal de Deuda a Corto Plazo para mejorar el manejo de las finanzas públicas, toda vez que existen proveedores que no han recibido sus pagos correspondientes a este año por un monto total que podría ascender a más de mil millones de pesos.

Propuso que el registro esté a cargo del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y que las personas físicas o morales inscriban el tipo de bienes y servicios que proveyeron al Estado y los ayuntamientos para que tengan prioridad en el pago.

"Las operaciones inscritas en el registro tendrán derecho preferente de pago por parte del Gobierno del Estado y los ayuntamientos para el ejercicio de las partidas que les corresponde en el decreto del presupuesto de egresos respectivo", dijo Murrieta al dar lectura a su iniciativa de reforma.

De aprobarse en las próximas semanas, la reforma a la Ley de Deuda Pública obligará a proveedores o realizadores de obra pública a solicitar su inscripción en el registro. Para ello deberá presentar original o copia certificada del contrato o factura en el que consten los productos vendidos o los servicios prestados.

"La solicitud deberá presentarse dentro de los siguientes cinco días hábiles a la fecha en que se suscribió el contrato o se entregó la factura respectiva", agregó el diputado.

Dijo que en el registro se anotará la fecha de inscripción de cada operación y los elementos principales de la operación de que se trate, incluyendo el plazo, monto, nombre o razón legal del acreedor o prestador del servicio, domicilio fiscal, teléfono y todos los datos necesarios para su debida localización, así como el nombre del representante legal, en caso de que el acreedor sea una persona moral.

Agregó que el Instituto permitirá el acceso libre a la consulta del registro y expedirá a quienes acrediten interés jurídico las certificaciones que soliciten respecto de las obligaciones inscritas.

"El instituto informará trimestralmente al Congreso del Estado el estado que guarda la información contenida en el registro", comentó.

Murrieta recordó el caso del empresario Víctor Rolando Valenzuela, quien el 31 de enero tuvo que cerrar su empresa debido a un retraso de varios meses en los pagos que debía hacerle el Gobierno del Estado.

Dijo que en las mismas circunstancias están cientos de proveedores que se sienten agraviados por la falta del cumplimiento en los compromisos financieros por parte del gobierno.