Por unanimidad de votos, los diputados del Congreso de Sonora aprobaron tipificar como delito la desaparición forzada de personas y castigar con una pena de 15 a 40 años a quien lo cometa.

A propuesta del diputado del PRD, Carlos Navarro López, y del grupo parlamentario del PAN, se aprobó reformar el Código Penal para el Estado de Sonora y el Código de Procedimientos Penales para incluir ese delito y mantener la legislación local acorde a los instrumentos internacionales como la “Declaración sobre la protección a todas las personas contra las desapariciones forzadas” y la “Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”.

El diputado Navarro explicó que cometerá este delito todo aquel servidor público estatal o municipal que detenga o secuestre a una persona y la oculte.

“Una desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre y luego se niega que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley.

“Es frecuente que las personas desaparecidas no sean jamás liberadas y que su suerte nunca llegue a esclarecerse. Sus familias y amistades, en muchos casos, jamás llegan a saber qué les sucedió”, dijo el perredista.

Su propuesta, presentada el 21 de mayo al Congreso de Sonora, es un reconocimiento a las madres y padres que no han cejado en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, como la exsenadora Rosario Ibarra de Piedra o como los familiares de las personas que desaparecieron durante las guerrillas sociales en Sonora en la década de los setentas.

Navarro recordó que en 1978 él y una docena de estudiantes de la Universidad de Sonora fueron detenidos luego de protestar por mejores condiciones. A él lo torturaron, lo incomunicaron y privaron de su libertad, pero a otros cuatro los desaparecieron y hoy, 35 años después, se desconoce su paradero.

Dijo que la desaparición forzada constituye una violación de los derechos humanos, especialmente cruel, que afecta tanto a la persona desaparecida como a su familia y amistades, y que es cometida por diferencias políticas, ideológicas e incluso religiosas y sentimentales.

Su propuesta para reformar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales fue secundada por los diputados del PAN, quienes en junio presentaron adiciones, y finalmente este jueves se aprobó por unanimidad.