El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, urgió a las legislaturas de los estados a eliminar la figura del arraigo en delitos del fuero común, a través de reformas a sus sistemas jurídicos.

En Hermosillo, donde asistió al tercer informe de trabajo del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el ombudsman dijo que la figura del arraigo no garantiza una mejor justicia y, al contrario, lastima a las personas.

“Más del 90 por ciento de las personas que son arraigadas suelen recuperar la libertad, sea al momento en que termina el arraigo o durante el proceso, de tal manera que nos queda muy claro que el arraigo no es la mejor figura para garantizar una mejor y mayor justicia y sí es una figura que lastima los derechos las personas y que genera situaciones lamentables”, subrayó.

Raúl Plascencia Villanueva firmó un convenio de trabajo con representantes de los tres poderes del Estado para iniciar los trabajos que permitan ajustar las leyes locales a la Constitución mexicana.

“Tiene que eliminarse en todos los estados, toda vez que por mandato de la Constitución federal no es admisible ya el arraigo para delitos del fuero común, sino para delitos como la delincuencia organizada y el narcotráfico, en el ámbito federal”, expuso.

Dijo que en los estados se requiere una legislación moderna que permita eliminar “figuras de hace algunas décadas o en ocasiones de siglos, que están allí presentes y que parecería que son aceptables aun cuando hoy son plenamente contrarias a los derechos humanos”.

Se refirió a la muerte de María de Jesús Llamas Coronado, una joven que permaneció en arraigo en Guaymas por estar involucrada con la privación ilegal de la libertad del dirigente municipal del PAN y que aparentemente se ahorcó con un cable en el centro de arraigo.

“Este asunto se presenta con motivo de la ejecución de esta figura del arraigo, que debió desaparecer ya de la legislación estatal. Quisiera llamar la atención, esperando que esta preocupación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda traducirse pronto en una reforma que permita eliminar la figura del arraigo en el estado de Sonora y hacer acorde el sistema jurídico estatal a la reforma constitucional en la materia”, comentó.

El caso de Llamas sigue en investigación y ya intervino la CNDH con expertos para determinar si se trató de un suicidio o un homicidio.

Plascencia recomendó al Gobierno de Sonora avanzar en las reformas legales correspondientes para prevenir otros casos similares. Dijo que es necesario, además, ofrecer una mayor capacitación a los servidores públicos en materia de respeto a los derechos humanos.