El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35, con sede en Ciudad Obregón, Sonora, ordenó suspender provisionalmente la construcción de la presa Bicentenario en el municipio sureño de Álamos, tras admitir una demanda interpuesta por habitantes de Sejaqui y Chorijoa por la posesión de terrenos.

Con la firma del magistrado Benjamín Arellano Navarro, los expedientes 430/2013 y 431/2013 indican la admisión de la demanda “en la vía de conflicto relacionado con la tenencia de la tierra, controversia en materia agraria y nulidad de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias”.

La construcción de la presa Bicentenario inició apenas el 30 de septiembre, cuando el gobernador panista Guillermo Padrés Elías colocó la primera piedra, en un evento realizado a orillas del río Mayo, en una zona habitada mayormente por indígenas guarijíos.

Explicó que la presa tendría una inversión de 1,700 millones de pesos, generaría 2,700 empleos directos e indirectos y beneficiaría a 17 mil familias de los municipios de Álamos, Navojoa, Huatabampo y Etchojoa, además de las comunidades y ejidos aledaños.

Pero el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 35 ordenó al Gobierno de Sonora, a través del Fondo de Operación de Obras de Sonora, Sistema Integral (Foossi), y a la empresa constructora Inmobiliaria Canoras, S.A. de C.V. a no construir la presa en tanto se resuelve el conflicto agrario.

“Con fundamento en el artículo 166 de la Ley Agraria, ha lugar a decretar la medida precautoria solicitada, en el sentido de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan; es decir, que no se inicie la construcción de la presa denominada Bicentenario, específicamente en el sitio Los Pilares, de Álamos, Sonora”, se lee en los expedientes.

El Tribunal ordenó emplazar al Foossi, al representante de Inmobiliaria Canoras, y a los quejosos Plácido Cruz Flores, José Ignacio Cruz Flores, Juan Ramón Obregón Miranda, Bertha Preciado Cruz y Guadalupe Cruz Anaya para iniciar el desarrollo de la audiencia el próximo 6 de noviembre.

“Las partes expondrán y ratificarán sus pretensiones, haciendo valer todas las acciones, excepciones y defensas que estimen pertinentes a sus respectivos intereses, quienes además deberán ofrecer las pruebas de su intención, proporcionando los nombres y domicilios de los peritos que pretendan que sean oídos, exhibiendo en original o copia certificada los documentos relacionados con la Litis. De no hacerlo se les tendrá por precluído en sus derechos procesales”, se agrega en un apartado de los expedientes.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Roberto Romero López, afirmó que no han sido notificados por el Tribunal y señaló la existencia de intereses políticos en el sur de Sonora para la construcción de la presa Bicentenario, en Los Pilares.

“Al final del día el Gobierno del Estado, con la voluntad de todos los sonorenses, va a salir adelante para sacar estas obras adelante. Yo le veo una carga política fuerte”, dijo. “No hemos sido notificados, sí sabemos que hay un movimiento atrás que quiere impedir la obra”.

Este es el segundo conflicto legal que enfrenta el gobierno de Guillermo Padrés y que involucra una obra hidráulica con la oposición de grupos indígenas. El primero fue la construcción del Acueducto Independencia que, aunque ya inició operaciones para el trasvase de agua de la presa El Novillo hacia Hermosillo, se mantiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por demanda de los indígenas yaquis.