Regidores del PRI pidieron que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) llegue al fondo en las investigaciones que realiza sobre presuntos actos de corrupción cometidos durante la administración de Javier Gándara Magaña, alcalde de Hermosillo entre 2009 y 2012.

Por instrucción de un grupo de diputados, el ISAF debe investigar la adquisición de medidores de agua que no se instalaron en los hogares, la compraventa de un terreno en el Vado del Río a favor de un pariente del presidente del PAN en Sonora, Juan Valencia Durazo, un presunto exceso en el gasto para la remodelación del parque Madero y el pago de 51 millones de pesos a la empresa Bal-Ondeo por servicios no otorgados en materia de agua.

La coordinadora de los regidores priístas, Natalia Rivera, señaló que en lo referente a la compra de 200 mil medidores de agua tienen documentos que comprueban la existencia de solo 120 mil.

"El 17 de junio, en sesión de Cabildo, el actual presidente municipal dijo desconocer cualquier situación de medidores realizada por la administración anterior y ordenó una investigación que no ha realizado porque hay una red de complicidades", acusó.

Agregó que "la operación que se hizo con el sobrino de Juan Valencia la estamos demostrando con la ley en la mano que los terrenos de los ayuntamientos son imprescriptibles. El Ayuntamiento los obsequió prácticamente porque no los defendió".

En el caso de Bal-Ondeo, la regidora afirmó que fue un asalto a los hermosillenses y reconoció que ha sido complicado encontrar los contratos, recibos de pago y los informes de servicios.

"Pero ya tenemos mucho camino por delante y nos parece escandaloso este asunto de Bal-Ondeo. Se pagaron 51 millones de pesos, pero sin servicio alguno retribuido", dijo.

Acompañada de los regidores David Palafox, Guadalupe Olvera y Guillermo Moreno, confió en que el ISAF resuelva las denuncias a través de las auditorías e inicie los procedimientos para que se apliquen las sanciones correspondientes, incluso contra Javier Gándara Magaña.

"Esperamos que proceda legalmente. La ley le establece la facultad y atribución de iniciar procesos legales. Que se sancione a quien se tenga que sancionar y que esas operaciones viciadas de oficio se retrotraigan. Esperamos que eso suceda porque él fue la cabeza de esa administración donde hemos encontrado tantas irregularidades", subrayó.