Por Juana María OlguínZánganos buenos para nada, los únicos que alteran el orden público es la clase política rodeados de sus “cortes celestiales”, protegidos por cientos de policías; que toda su familia tenga asegurado su futuro. ¡La incapacidad se traduce en coartar libertades!

Justo ahora cuando las redes sociales han revolucionado todo concepto de la comunicación, por la eficiencia, la velocidad, la innovación constante,  cuando los cibernautas   podrían ser de 35 a 40 millones de mexicanos, justo ahora en Veracruz es delito cuando, dicen los priístas se “altere el orden público”, es decir anunciar que hay una balacera y ésta sea una información falsa. Es la máxima estupidez vista y oída en las últimas horas aparejada con los 35 cadáveres que les dejaron en céntrica zona de aquella entidad.

En momentos en que el mundo se encuentra interconectado y los actores operan en una red global que trasciende las fronteras nacionales y geográficas, en momentos en que los movimientos sociales han prohijado su fuerza justo mediante las redes sociales, en México como el cangrejo ante la incapacidad los reyezuelos de los estados, quieren contener el poder de la información.

Son tiempos en que la comunicación  se ha convertido en un componente indispensable de la sociedad. El acceso a la información y el derecho a saber de la realidad social deben entenderse como un servicio básico de primera necesidad para los ciudadanos y las organizaciones sociales y no como una prebenda, un favor que el cacique de la región va a “permitir” a  la comunidad.

Junto con pegado y de my malas para el gobierno de Veracruz ya que además de mantener a dos personas presas por el uso de Twitter,  el gobernador, Javier Duarte, promovió –y en friega se la aprobaron sus lacayos diputados- la retrógrada ley que prevé hasta cuatro años de cárcel a quien difunda falsas versiones de ataques que provoquen alteración del orden público.

El peligro real está en las calles, no en las redes sociales y eso se confirmó justo alrededor de las 17:00 horas en que como Juan por su casa un grupo armado tomó céntrica calle, colocó dos camiones de redilas y abandonó los cuerpos de 35 personas. No se confundan señores una cosa es ineptitud gubernamental para parar la inseguridad galopante en toda la nación y otras las garantías individuales de la sociedad, entre ellas la libertad de expresión. Y no hay excusas que valgan.

El Congreso del Estado en la sesión extraordinaria de éste martes aprobó el dictamen que adiciona el Código Penal para crear el delito de perturbación del orden público, que se sanciona de uno a cuatro años de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo. La adición al Código Penal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Se establece que comete perturbación del orden público, quien por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud; ocasionando la perturbación del orden público.

Las redes sociales las quieren parar los gobiernos fascistas en México la razón es sencilla, es demasiado poder en manos de los ciudadanos. Claro porque ya no quedas a expensas de medios de comunicación “maiceados” por el dios sexenal. Ahora buscas y encuentras. Son ya 34.9 millones de usuarios de la red en el país, poco más de 21 millones utiliza sitios como Facebook y Twitter. Seis de cada 10 internautas mexicanos ingresan a la internet cuando menos una vez al día.

La realidad es que en México nada se hace contra la impunidad y como idiotas dan palos de ciego, ya es más importante, por lo menos en Veracruz castigar al que da la nota en las redes y no al que protagoniza la balacera. Vean nada más que jodidos estamos y todo porque  hay demasiadas complicidades, todos quieren parte de la ganancia de ser gobernador, de ser pariente del susodicho; todos quieren sacar raja del allegado que es alcalde.

De los 50 mil ó 60 mil muertos en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en el 2010 se registraron 22.8 millones de delitos, que fueron cometidos contra 17.9 millones de personas. De los 22.7 millones de delitos que se cometieron sólo 8% fueron denunciados 92% –casi 21 millones– no ¿Para qué molestarse?

El poder de las redes sociales es real y los trogloditas que todos “treparon” al poder amenazan con arrebatar ese derecho, temen a una sociedad informada, unida…Lo bueno es que ya falta poquito.