La inseguridad pública se ha vuelto una guerra contra la población y ya estamos afrontando los costos económicos de la violencia impune. El impacto del crimen en la economía mexicana es tal, que ya tiene que ser incluida en las Estrategias del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) que presentó el pasado el 04 de mayo, el C. Presidente de la República para controlar el incremento de precios.

El PACIC en la Estrategia 2.- Distribución engloba en las Medidas de Producción: Fortalecimiento de la estrategia de seguridad en carreteras, ante el aumento de robos de mercancías en las autopistas y caminos de México, desplegando más de 12,000 elementos y 2,300 vehículos paragarantizar la seguridad en carreteras, para con ello prevenir y disminuir los hechos delictivos que provocan el incremento de costos, tanto logísticos como de protección, seguros, robo y pérdidas de mercancías que sufren las empresas y que evidentemente se traslada a los precios al consumidor final.

Pero no solo la vertiente inflacionaria se impulsa, al incrementar los precios por la inseguridad, sino que la capacidad gubernamental de programar recursos al desarrollo productivo, va a la baja, ya que debe incrementar sus recursos al gasto en seguridad, incrementando presencia de personal, armas y equipamiento en busca de la seguridad perimetral del tránsito nacional; es decir, más gasto militar y policial en detrimento del gasto público en actividades para el desarrollo productivo y social de la nación.

La violencia le cuesta a México y la sufrimos los mexicanos por diversas aristas y eso se puede ver en el  recientemente publicado Índice de Paz en México 2022 que elabora el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) que nos presenta el resultado de sus estudios:

• En México: la violencia cuesta 20.8% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir de cada 100 pesos que producimos, 20 se los están comiendo los costos y gastos por la inseguridad pública. 

 

• Pese el impacto de la violencia en la economía: México invierte apenas el 0.6% del PIB en seguridad y justicia. Eso no pone en indefensión en el presente y futuro, ya que nos cuesta 20 pesos la inseguridad y pararesolverla estamos invirtiendo 60 centavos.

 

• El costo económico de la violencia por ciudadano (per cápita) es de 38,196 pesos, una cifra que es tres veces el salario mensual en México y si el promedio nacional del Salario Mínimo es de 180 pesos,2.5 meses de sueldo del año ya estarían comprometidos por el costo de la violencia, de allí la carestía de la vida que se manifiesta. 

 

• Los Estados más afectados son: Zacatecas, Colima, Baja California, Michoacán, Morelos, Sonora, Chihuahua que rebasan los 55,000 pesos de impacto económico per cápita.

El costo del temor a la inseguridad tiene un impacto directo en la economía personal y en la tasa interna de retorno financiero de las empresas, ya que el costo de recuperación de pérdidas por incremento de gastos en protección, pago de aseguranza, vigilancia o por robo de mercancías, va directo al flujo efectivo de la empresa, por lo que es natural que éste se traslade al importe del producto y precio final al consumidor en punto de venta.

Sonora no escapa a esta dinámica y como uno de los estados con la infraestructura económica más desarrollada, presenta el fenómeno de encuentro de indicadores positivos en escolaridad, acceso a la información, a los servicios de salud, a los alimentos, a la participación democrática, a la igualdad de género y a otros que nos hablan de una sociedad en franco desarrollo, que sin embargo éstos índices de desarrollo humano se colapsan al presentarse altas tasas de crímenes por la delincuencia organizada junto a un acelerado proceso de estratificación de la criminalidad hacia lo patrimonial y personal: robos, extorsión, homicidios dolosos por mencionar algunos.

Luego entonces, el vínculo entre riqueza material y humana con el actuar del crimen organizado, va más allá de la corrupción política que pudiera generarse y tiene que ver más con el desarrollo de capacidades institucionales en los sistemas judicial, seguridad, procuración de justicia, en términos amplios en la aplicación de la ley. 

Sin duda, el tema de seguridad será importante en los procesos electorales de 2024 ya que la percepción de inseguridad sigue creciendo en el ciudadano común y eso lo desalienta e incrementa la desigualdad en el acceso a las oportunidades y por otro lado el gobierno no tendrá nunca erario suficiente para subsidiar todas las pérdidas de cada ciudadano y las tensiones se incrementarán al tener que financiarse mediante el aumento de impuesto o en la reasignación de gasto con lo que cada vez menos sectores podrán ser atendidos adecuadamente.

El desafío político será descomunal, ya que habrá que realizar simultáneamente enormes gasto para contener, prevenir y afrontar las consecuencias de la violencia, el Estudio aludido línea arriba, lo explica adecuadamente: “…La víctima, el gobierno y el perpetrador incurren en los costos directos. Estos incluyen gastos médicos, costos de vigilancia, gastos asociados con el sistema judicial. Los costos indirectos se cumulan después del hecho e incluyen el valor presente de los costos a largo plazo que surgen de los incidentes delictivos, como la pérdida de ingresos futuros y trauma físico y psicológico.

El efecto multiplicador representa los beneficios económicos que se habrían generado si todos los gastos relevantes se hubieran dirigido a alternativas más productivas…“(SIC) Página 43 IEP.

Aunado a eso, la violencia criminal borra cualquier esfuerzo gubernamental por potenciar las áreas económicas, políticas y sociales, ya que lamentablemente aún que todo el empuje gubernamental se enfoque en promover las buenas noticias en atracción de inversiones privadas o la puesta en marcha de inversiones públicas, la nota roja se impone impactando la imagen del gobierno. 

La costosa inseguridad ha venido incrementado su cuantía por la expansión territorial con brutal ferocidad de los grupos criminales más grandes y una nucleotización de grupos locales que están diversificando su actividad criminal. Los pequeños y numerosos grupos criminales locales ahora reaccionan al cambio de mercado de las drogas y aumentan su violencia. 

Para tener un claro escenario del valor económico de la violencia en México puedo anotarle: que ese 20.8% del PIB que representó en 2021, es siete veces mayor que la inversión pública en atención médica y más de seis veces la inversión realizada en educación, de ese tamaño es el impacto económico de la violencia en nuestro desarrollo social.

Ahora si avanzamos desarrollando más las capacidades institucionales en seguridad y justicia y logramos disminuir un punto el impacto económico de la violencia criminal en México, eso equivaldría a tener el doble de recursos de lo que hoy invertimos en ciencia, tecnología e innovación, con lo que sin duda potenciaríamos nuestro desarrollo.

Cada acto criminal contra un ciudadano es un acto criminal contra la sociedad, es un acto contra el desarrollo de la nación.

Si trabajamos en abatir los costos de la inseguridad pública, estamos trabajando decididamente por el desarrollo de todos.

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Del Autor: Administrador Público especializado en Desarrollo de Capacidades Institucionales, Mejores Prácticas en Seguridad y Justicia, Táctica Gubernamental. Director en Jefe de Operaciones de Asesores en Estrategia y Soluciones.