Por David Figueroa Ortega

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó las cuatro solicitudes de consulta popular propuestas por el mismo número de partidos políticos, y la algarabía inicial por contar al fin en México con una Ley de Consulta Popular terminó.

 

 

De la ilusión por una Reforma Política de avanzada que empoderaba al ciudadano, pasamos a la decepción de ¿para qué sirvió? En marzo de este mismo año fue publicada en el Boletín Oficial de la Federación la nueva Ley de Consulta Popular tan llevada y traída por los partidos políticos y tan presumida por el mismo Gobierno Federal.

 

 

Y con su aprobación se vino una andanada de propuestas de consulta popular de parte de los diferentes partidos políticos: primero fue el PRD y Morena con el tema de echar atrás la Reforma Energética; luego el PAN sobre aumentar el salario mínimo; y finalmente el PRI sobre la reducción de diputados y senadores plurinominales.

 

 

Una tras otra las cuatro fueron rechazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo distintos argumentos según el caso. La Constitución establece que el Derecho se tiene que interpretar por la forma que le otorgue más garantías y derechos al ciudadano, pero a nuestro juicio la SCJN interpretó exactamente lo contrario.

 

 

Nadie en su sano juicio puede rechazar el valor que  tiene para los equilibrios democráticos un instrumento como la consulta popular.

 

 

Bastaron pues ocho meses para que la funcionalidad de esta ley quede hoy en entredicho, y más allá, la evidencia de la inutilidad del gasto que ha representado para el país.

 

 

30 millones de pesos costaron al INE estas cuatro solicitudes en personal y arrendamiento de espacios y equipo para verificar las solicitudes; más el gasto de cada partido para recabar las firmas y promover las iniciativas, espacios en medios nacionales, etcétera.

 

 

De los más de 16 millones de firmas recabadas por los cuatro partidos políticos, 11.5 millones de fueron validadas por el Instituto Nacional Electoral; y la pregunta es ¿Dónde queda la opinión de estos ciudadanos?

 

 

La figura de la consulta ciudadana ha naufragado en el sistema de justicia en nuestro país. Seguimos haciendo las cosas densas, pesadas y burocráticas en México mientras el país se debate en temas tan fundamentales como la inseguridad y una economía débil.

 

 

¿Cuándo iremos a actuar con sensatez para mandar el mensaje de que los políticos y las instituciones verdaderamente están al servicio del ciudadano? Mejor aún, para demostrar que así es o debe ser.La clase política sigue siendo ineficiente en entender al ciudadano, en involucrarlo y escucharlo. Los esquemas que tenemos de participación ciudadana siguen siendo ineficaces, y luego reclamamos que la gente no quiere participar o no va a votar.

 

 

 

Claramente algo no estamos haciendo bien.

 

 

Por ejemplo en países desarrollados como Estados Unidos, estos mecanismos de consulta son sencillos y prácticos, siendo una verdadera herramienta de empoderamiento ciudadano, que tristemente a partir de estas decisiones de la SCJN, hoy podemos afirmar que no contamos con ellas.

 

 

Tenemos una Ley de Consulta ciudadana, pero seguimos sin escuchar a los ciudadanos y sin mecanismos eficientes para conducir la voluntad de los mexicanos. Todo cambia para seguir igual, una iniciativa que se presume como Reforma de avanzada pero que no reforma nada.

 

 

 

La pregunta es ¿Hasta cuándo?

 

Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través del correo electrónico davidfigueroa@me.com; y  en redes sociales:  Twitter @DavidFigueroao /Fb David Figueroa O.

 

Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora, entre otros.