Por Samuel Valenzuela

No sería nada extraño el que un día de estos la Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma una posición inédita y acuerde  medidas judiciales extraordinarias para obligar al Gobierno de Sonora a conducirse por los caminos de la legalidad.

 

Los ministros de la máxima autoridad judicial de este país ya deben estar hartos de tantos asuntos que les llegan desde Sonora a causa del desaseo del gobernador Guillermo Padrés en el ejercicio de su responsabilidad; su falta de oficio político, su sociopatía y autoritarismo.

 

Sabemos de la profunda irritación que causó y se mantiene en la judicatura federal el irregular nombramiento de Sebastián Sotomayor como magistrado y luego presidente del Poder Judicial en Sonora y peor aún, que Padrés y sus diputados del PAN hayan bloqueado una reacción lógica para que una jugarreta tan burda como esa fraguada desde el ejecutivo de Sonora quedara sin efecto.

 

Ante el ejercicio fascista del poder que se despliega desde el Palacio de Gobierno de Sonora y el consecuente falta de acuerdos, la SCJN se ha convertido en la instancia receptora de frecuentes controversias que independientemente del sentido de los resolutivos que se emiten, éstos no son acatados por Padrés y su pandilla de desadaptados, lo cual no debe ser muy grato para los ministros Juan N. Silva Meza, Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga María del Carmen Sánchez, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio Armando Valls , Luis María Aguilar, José Fernando Franco González, Margarita Beatriz Luna y  Alberto Pérez Dayán.

 

Pues para el PAN-Gobierno de Sonora esos ilustres personajes son un mero adorno, porque como ya está enterado el país, entre otros fallos judiciales en su contra, el no acatar el resolutivo que da la razón a la Tribu Yaqui y quedar el acueducto El Novillo sin Manifiesto de Impacto Ambiental, indispensable para operar cualquier obra, el sur de la entidad está que arde en una acelerada escalada de desobediencia civil que en esta semana alcanzará niveles de alto riesgo.

 

Si en el caso del acueducto, con miles de ciudadanos en las calles manifestando su rechazo, los ministros de la corte han sido ignorados, con más razón los diputados de oposición que integran la 60 Legislatura, a quienes desde hace alrededor de 20 días se les dio la razón respecto a la ilegal retención de recursos presupuestales que por ley debe derivar el Ejecutivo al Poder Legislativo y ordenó a Padrés su inmediata entrega de lo retenido y la normalización en el flujo de dichas ministraciones.

 

Como se recordará, en el diferendo por la invención de los nuevos impuestos que se agrupan en el COMUN, al estilo de los atrabiliarios que despachan en el Palacio de Gobierno, se pretendió someter a los diputados de la oposición mediante el ahorcamiento financiero durante el ejercicio de más de tres meses del diputado Próspero Ibarra Otero como el presidente de la diputación permanente.

 

En abierta violación a lo mandatado por la Ley de Presupuesto de Egresos 2013, el mismo que el PAN mayoriteó junto a sus aliados, el arrastrado del Panal, Ismael Valdez y la corrupta del PRD, Alcira Chang, desde el ejecutivo se decidió cubrir exclusivamente el pago de nómina del legislativo, suspendiendo la entrega de recursos para el gasto operativo, materiales y suministros, acumulándose a la fecha alrededor de 100 millones de pesos el adeudo, sin contar el monto que corresponde al Fondo de Gestión Legislativa que también fue aprobado.

 

Luego del estira y afloja al término de la gestión de Ibarra Otero, que prolongó su presidencia más de dos semanas en abril, se temió que ya con el diputado panista José Serrato en el presidencia, se tramitaría ante la corte el desistimiento de esa controversia para allanar el camino jurídico a Padrés, pero por razones que bien pudieron ser tácticas eso no ocurrió y el procedimiento siguió su curso hasta emitirse la instrucción de los ministros que a 20 días de emitida aún no es acatada.

 

Así lo denunció el titular actual del Poder Legislativo, Humberto Robles Pompa al subrayar que Padrés continúa violando principios básicos de respeto a los poderes del estado y sigue vulnerando el orden jurídico, “porque ahora que la Corte ha fallado favorablemente y nos ha dado la razón, ya no hay motivo para que el gobierno siga reteniendo el presupuesto del Congreso. Se debe acatar de inmediato el fallo", dijo el presidente de la LX Legislatura.

 

Pero una cosa es lo que diga el bragado legislador nogalense y otra la de accidentales inquilinos del Palacio de Gobierno, porque por voz del demorado Secretario de hacienda, Carlos Villalobos Organista, se anunció que si bien reconocen el fallo de la corte, su cumplimiento no tiene fecha específica y que se está analizando el alcance del resolutivo y el monto de los adeudos para posteriormente cumplir lo que corresponda.

 

Dadas las condiciones corruptas del manejo de las finanzas que caracterizan al gobierno panista de Sonora, la restitución de esos 100 millones de pesos al Congreso del Estado no será cosa sencilla, porque de seguro ya se gastaron en algún capricho o simplemente se los embolsaron.

 

Como ven, el desprecio del gobierno de Padrés por la ley se manifiesta una vez más tal como ocurre en el tortuoso litigio por la ilegal construcción y operación del acueducto El Novillo, para en específico, al título de estos Entretelones, agregar a “Sonora, tierra del desacato” la palabra impunidad, porque con este gobernador que padecemos los sonorenses no se cumple el adagio de que el que la hace la paga y más bien los ciudadanos somos los que estamos pagando por esa infortunada mayoría que puso en donde está  a esa bola de corruptos e incompetentes.

 

El caso es que vaya que el titular del jurídico, Carlos Espinoza salió bueno para eso de encontrar vacíos y lagunas para que el gobierno de Sonora le saque la vuelta al cumplimiento de las resoluciones de la SCJN y ese reconocimiento se lo damos sin ningún regateo, aunque según nos dicen fuentes por lo regular muy bien informadas, ese maniobrismo huizachero trae enciscados a los ministros de la corte.

 

Tal como lo mencionamos al principio, en esa más alta instancia de justicia de la República, de acuerdo a informes muy bien sustentados, podría darse un fuerte y ruidoso golpe al escritorio que desencadenará histórico ramalazo en contra de delincuentes metidos a políticos y que generará profundo suspiro de alivio de parte de miles de sonorenses.

 

Unos apuestan a que se trata de la declaratoria de inconstitucionalidad del COMUN; otros que se resolverá en definitiva el asunto del acueducto, con sanciones muy fuertes en contra de quienes incurrieron en desacato; otros que es por la grave intromisión del ejecutivo en los poderes legislativo y judicial o una definición/declaratoria sobre la ilegal integración de la judicatura sonorense, cuya gota que derramó el vaso fue el nombramiento como magistrado de Héctor Rubén Espino Santana, considerado una burla para los profesionales de la abogacía.

 

Pues ojalá fuera cierta tamaña dulzura y en serio la SCJN sometiera al gobernador de Sonora a la legalidad y de una vez por todas reencauzar por la vía de la civilidad el desarrollo institucional de la entidad; resanar heridas y fracturas en la sociedad causadas a los largo de estos casi cuatro años de soberbia y autoritarismo y sobre todo, que regrese a la sede del Poder Ejecutivo de esta entidad, la decencia, la moral, la honestidad y la inclusión.

 

Mientras nos regodeamos con dicha quimera, de pronóstico reservado lo que pudiera ocurrir en el curso de esta semana ante el decidido activismo del Movimiento Ciudadano de Defensa del Agua y la Tribu Yaqui, cuando luego del comedimiento de suspender los bloqueos carreteros durante el fin de semana, este lunes se reanudan con mayor vigor.

 

La posición de los novilleros y de nuestra admirada etnia yaqui es que de inmediato se suspenda el trasvase desde El Novillo y de ahí en adelante la única negociación será el determinar los plazos y etapas para que el PAN-gobierno de esta entidad desmonte el tubo que instaló de forma ilegal.

 

Y para quienes alegan derechos de libre tránsito ante el bloqueo de la 4 carriles en Vicam, ahí están las declaraciones del Secretario de Vicam, Mario Luna, al informar que que la tropa yoreme --cincuenta elementos por cada uno de los Ocho Pueblos, más la comunidad de Vícam en pleno-- que participa en el cierre carretero, no incurre en violaciones a la Ley.

 

"Estamos en un trozo de tierra que nos pertenece. Lo hemos prestado para la comunicación vía terrestre entre el Norte y Sur del Estado a través de convenios pero, ese lugar, por donde pasa la Internacional 15, es nuestro", sostuvo. Pácatelas.