Por El Chiltepin

No aprendimos nada

La pandemia de COVID-19 dejó cicatrices profundas en México. Miles de familias quedaron marcadas por decisiones tardías, compras improvisadas, estrategias cambiantes y una conducción más política que científica. Murieron muchos mexicanos que no debieron morir. Esa es una herida abierta que todavía supura.

 

Y ahora, cuando creíamos que ciertas lecciones estaban aprendidas, regresa el sarampión. Sí, el sarampión. Una enfermedad que México había logrado controlar gracias a uno de los sistemas de vacunación más sólidos de América Latina. Ese mismo sistema que era orgullo nacional hoy luce desmantelado, desarticulado y debilitado.

 

No es casualidad

 

La salud se centralizó. Los estados entregaron infraestructura, hospitales, personal, médicos, presupuesto. Todo se concentró bajo un modelo que prometía eficiencia y terminó generando desabasto. Vacunas que no llegan. Medicamentos del cuadro básico que no aparecen. Cirugías con especialistas que se postergan meses. Padres de familia peregrinando por una dosis que antes estaba garantizada.

 

Y mientras tanto, el cubrebocas vuelve silenciosamente a las aulas, hospitales y centros de trabajo. Es un déjà vu incómodo. Una advertencia.

 

El problema no es ideológico, es técnico. La salud pública no admite improvisaciones ni discursos triunfalistas. Requiere planeación epidemiológica, cobertura universal efectiva, vigilancia activa, logística robusta y liderazgo médico, no político. Las estadísticas de epidemiólogos y especialistas ya hablan de un panorama complejo: caída en coberturas de vacunación, riesgo de brotes focalizados y vulnerabilidad ante enfermedades que estaban bajo control.

 

Y lo más delicado: vienen eventos masivos

 

Copa del Mundo en la Ciudad de México. Semana Santa. ExpoGan en Hermosillo. Fiestas del Pitic. Movilidad internacional, turismo, concentraciones multitudinarias. Si no hay blindaje sanitario real, el riesgo de contagios masivos no es una exageración, es una probabilidad estadística.

 

La salud no puede administrarse como programa social ni como botín político. Se gobierna con protocolos, evidencia científica y autonomía técnica. Urge que los expertos en salud pública —y los hay, y son mexicanos de altísimo nivel— regresen a la mesa de decisiones. Que la epidemiología pese más que la narrativa.

 

Porque cuando falla la política sanitaria, no se pierden votos…Se pierden vidas.

 

Mientras en el poder legislativo

 

En el Congreso del Estado no todos los días se tocan temas que conectan directamente con la vida, la libertad y la dignidad. Esta sesión de la 64 Legislatura dejó tres asuntos que no son menores y que, si se toman en serio, pueden marcar agenda pública en Sonora.

 

Primero, la diputada morenista Marcela Valenzuela Nevárez puso sobre la mesa algo que muchos habían dejado en el aire: la regulación del senderismo y el turismo de aventura. No es un asunto romántico de fotos en el cerro, es un tema de seguridad pública y responsabilidad civil.

 

La propuesta va clara: crear un registro estatal obligatorio de guías, exigir capacitación, certificaciones, seguro de responsabilidad civil y protocolos formales de gestión de riesgos. Y además, sanciones para quien opere fuera de la norma, bajo supervisión estatal y municipal.

 

En un Estado como Sonora, donde el turismo de naturaleza crece y los rescates en zonas agrestes no son cuento, profesionalizar el sector no es capricho, es prevención. La pregunta será si habrá capacidad real de inspección o quedará como letra bonita en el Diario Oficial.

 

Segundo punto de peso: el diputado panista Juan Pablo Arenívar Martínez propuso reformar el Código Penal para tipificar el delito de amedrentamiento contra periodistas.

 

Aquí el tema es delicado. No se trata solo de amenazas directas, sino de presiones, intimidaciones y actos que buscan silenciar. La iniciativa contempla penas de prisión y multas, con agravante cuando el responsable sea servidor público y, en esos casos, persecución de oficio.

 

En tiempos donde la crítica incomoda y las redes sociales se han convertido en campo de presión política, legislar en defensa de la libertad de expresión es una señal política fuerte. Ahora bien, el reto será que la ley no sea selectiva ni decorativa. Porque en México sobran normas y faltan resultados.

 

Y en un tono distinto, pero igual de humano, la diputada priista Iris Fernanda Sánchez Chiu, presidenta de la Comisión de Minería, abrió la sesión con un mensaje de condolencias por los mineros identificados en Sinaloa, con mención especial al trabajador sonorense.

 

No fue solo protocolo. Exigió esclarecimiento de los hechos, justicia para las familias y reiteró el compromiso del Congreso con la seguridad y la dignidad de las personas trabajadoras. En un estado minero como el nuestro, el tema no es ajeno. La minería genera riqueza, sí, pero también exige condiciones laborales que no pueden relajarse ni un centímetro.

 

Tres partidos, tres temas distintos, pero un hilo común: responsabilidad del Estado.

Regular para prevenir tragedias.

Legislar para proteger la libertad.

Exigir justicia para los trabajadores.

 

La 64 Legislatura mostró que cuando quiere, puede debatir asuntos de fondo. Ahora falta lo más complicado: que las iniciativas caminen, que no se duerman en comisiones y que la política no termine contaminando lo que hoy suena correcto.

 

Derechos Humanos

 

Retomo de la red social de Raúl Ramírez, un gran tema que parece que no quieren hacer olas, pero si es tiempo de hablar de los derechos humanos 

 

“Está por concluir la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora. El actual titular fue electo para el periodo 2022-2026 y tiene derecho a reelección. Sin embargo, el tema transcurre en un silencio que incomoda.

 

Para estas fechas, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ya debería haber emitido la convocatoria correspondiente. No es un trámite administrativo más. Se trata de la institución encargada de defender a la ciudadanía frente a abusos del poder.

 

El proceso exige participación activa de organizaciones de la sociedad civil, colectivos y ciudadanía en general. Comparecencias públicas, perfiles evaluados con lupa, transparencia total. Así lo marca la lógica democrática y así debería asumirse “.

 

Pero hasta ahora… nada.

Ni convocatoria visible.

Ni calendario público.

Ni debate abierto.

Y van tarde, puede ser.

 

Si el Congreso presume compromiso con derechos humanos, este es el momento de demostrarlo. Porque designar a quien encabezará la CEDH no es asunto de cuotas ni acuerdos en lo oscurito. Es un nombramiento que impacta directamente en la confianza ciudadana

En política, a veces lo más preocupante no es lo que se dice… sino lo que no se quiere discutir.

 

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