Por Arturo Soto Munguía

En política, dicen, y dicen bien, no hay casualidades. Un día después de que la gobernadora Claudia Pavlovich se reunió con el secretario de Hacienda federal, Luis Videgaray Caso, el Sistema de Administración Tributaria (el temible SAT) anunció que durante lo que resta del año asumirá tareas de fiscalización que incluyen auditorías a 32 empresas que, en colusión con ex funcionarios estatales incurrieron en irregularidades.

 

Debido a esas irregularidades, detectadas desde principios de este año, la federación dejó de cobrar mil 705 millones de pesos en perjuicio del fisco federal, por lo cual el gobierno del estado deberá reintegrar 70. 2 millones de pesos de incentivos cobrados indebidamente, y 34.2 millones de pesos reportados indebidamente al Fondo de Fiscalización.

 

En lenguaje llano, los ex funcionarios estatales simularon auditorías a empresas propiedad de amigos y familiares del entonces gobernador Guillermo Padrés Elías para evadir impuestos (IVA e ISR, principalmente) y ahora todos están siendo investigados, en un caso que se veía venir desde junio pasado, cuando se conoció del mismo, pero entonces se atribuyó a un ‘cerillazo’ mediático propio de las campañas electorales.

 

Y es que entre los empresarios señalados como evasores fiscales se encuentra quien fuera candidato del PAN a la gubernatura del estado, Javier Gándara Magaña.

 

Pero no es el único. De hecho, la lista incluye 189 expedientes, lo que no significa que ese sea el número de empresarios involucrados, ya que algunos tienen dos o más empresas en este litigio, según explicó el procurador fiscal, quien señaló que las sanciones al gobierno de Sonora derivan de 29 expedientes, aunque se reservó el nombre de empresarios, funcionarios y exfuncionarios involucrados.

 

Sin embargo, en junio pasado se dio a conocer una lista de esas empresas, sus titulares y los montos que les fueron ‘condonados’ en sus impuestos, misma que ilustra esta columna y de la que además reproducimos aquí algunos de los casos más conocidos, en números redondos:

 

Inmobiliaria Terán Balaguer y Asociados: de 13.4 millones de pesos que debía, pagó sólo 216 mil pesos. Los apellidos corresponden a quien fuera secretario técnico del gabinete padrecista en el último tramo, Luis Erasmo, quien ya ha sido llamado a declarar a la Fiscalía Especial Anticorrupción por un presunto caso de solicitud de ‘moches’ a otros empresarios. También aparece como persona física Luis Carlos, de los mismos apellidos, a quien se le ‘condonaron’ 4.6 millones de pesos.

 

Padrés Internacional SA de CV: de 12.7 millones de pesos que debía, pagó sólo 11 mil 240 pesos.

 

International Modular SA de CV, una empresa entre cuyos accionistas aparece Verónica Alma Quijano Cano, esposa del cuñado del ex gobernador, Roberto Dagnino Acuña. Esta empresa fue la que entre otras cosas, compró el terreno a don Trinidad Ayala Valencia, el humilde cantinero que se hizo famoso como propietario de miles de metros cuadrados en una zona de alta plusvalía (Vado del Río), cuando ni siquiera sabía que esa zona existía.

 

A esta empresa le fueron ‘condonados’12 millones 683 mil pesos, ya que sólo pagó 867 mil pesos, de un total de 13.4 millones que debía al fisco.

 

Otra empresa involucrada es PECOM SA de CV, del ramo de aparatos y equipos eléctricos, donde aparece como Director General, Luis Carlos Peralta Peñúñuri, en algún tiempo presidente de la Unión Social de Empresarios Mexicanos. A esta empresa le fueron condonados más de 10 millones de pesos de impuestos.

 

También aparece la empresa TORYNOR cuyo acrónimo corresponde a los apellidos Torres y Noriega, fuertemente ligados al sexenio padrecista. A esta empresa le ‘condonaron’ casi 25 millones de pesos de impuestos.

 

La lista incluye a la empresa El pozo nuevo de Padrés, que alcanzó fama mundial con la construcción ilegal de una presa particular que tuvo que ser derribada cuando las autoridades federales la descubrieron. En ella aparecen los nombres de un hijo y un hermano del ex gobernador Guillermo Padrés, y de más de 15 millones de pesos que debía, le cobraron sólo 119 mil pesos, ‘ahorrándole’ 14.9 millones.

 

A Javier Gándara Magaña le ‘condonaron’ la totalidad de sus impuestos: 14 millones 108 mil pesos.

 

A la empresa Signmakers, propiedad de Gerardo Encinas, un ex agente fiscal del gobierno padrecista le ‘condonaron’ 29 millones de pesos, por lo que tuvo que pagar tan sólo 238 mil pesos de la totalidad de su adeudo fiscal.

 

En la lista, que aparece completa en la ilustración de esta columna también aparecen la radio y la televisora oficial con fuertes sumas de dinero.

 

Como se ve, el asunto está lejos de ser una minucia y antes bien constituye un caso muy serio sobre el que ya se están deslindando responsabilidades, a partir de la investigación que desde hace meses viene realizando la autoridad hacendaria federal, pero en la que también ha tomado cartas la fiscalía anticorrupción y la Contraloría estatales.

 

En el boletín difundido ayer por el SAT se lee: “El SAT inició auditorías a los mismos contribuyentes, las cuales se encuentran en proceso y se viene implementando el análisis y estudio para gestionar el correspondiente juicio de lesividad en 32 casos detectados a fin de salvaguardar los intereses del fisco federal”.

 

O sea, la cosa viene en serio y, quienes saben de estos asuntos, sostienen que con la Secretaría de Hacienda no se juega. Claro, todo parece indicar que los padrecistas se aventaron este volado, acogidos a sus expectativas de que retendrían la gubernatura con Javier Gándara, lo que finalmente no sucedió.

 

II

 

En tema relacionado, aunque diverso, anoche trascendió la detención de un individuo que circulaba a bordo de una camioneta BMW de color negro, interceptado sobre el bulevar Solidaridad y Paseo del Sol, casi frente a las oficinas de la Secretaría de Economía Federal.

 

Testigos de los hechos relataron que el auto fue interceptado por dos patrullas de la Policía Estatal Investigadora, cuyos agentes se lo llevaron detenido. El nombre del sujeto se mantiene aún bajo reserva, aunque trascendió que se trata de un proveedor del gobierno del estado, concretamente del Isssteson, que es además familiar de un alto funcionario del gobierno padrecista.

 

La detención ocurre dos días después de que el director del Isssteson, Enrique ClaussenIberry diera a conocer un diagnóstico desolador del quebranto financiero en que sumieron a esa dependencia los funcionarios de la anterior administración, también en colusión con particulares que se prestaron a mil y una operación irregular para obtener pingues ganancias.

 

Por alguna razón el caso se mantiene bajo extrema reserva, pero probablemente en las próximas horas las autoridades brinden información sobre el asunto.

 

III

 

El que también tuvo actividad ayer fue el secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins para asegurar que el próximo sábado, cuando habrá de llevarse a cabo la segunda etapa de la evaluación docente en Sonora, los maestros acudan a las siete sedes, confiados en que no habrá contratiempos.

 

Lo anterior, debido a que el pasado fin de semana, maestros disidentes “y personas infiltradas que no tienen que ver con el quehacer educativo”, dijo, impidieron el paso a los docentes que iban a presentar sus exámenes.

 

El funcionario adelantó que esta vez habrá policías en labores de vigilancia para proteger a los maestros, aunque los agentes irán desarmados. Hizo un llamado a los disidentes a que sus manifestaciones las lleven a cabo de manera pacífica y sin impedir que quienes sí quieren ser evaluados, lo hagan.

 

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