Julio 26, 2010 / ElChiltepin > Nacional
Ciudad de México a 26 de julio de 2010.- Una investigación de la Procuraduría General de la República reveló que los autores de varios asesinatos en Coahuila son internos recluidos en el Cereso número 2 de Gómez Palacio, Durango, a quienes se les permitía salir de prisión por las noches para realizar las ejecuciones.
Los delincuentes cumplían las ejecuciones como parte de ajuste de cuentas con bandas rivales. Así ocurrió en la masacre que dejó 17 muertos en la Quinta Italia Inn, en Torreón, el pasado 18 de julio.
El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, aseguró que, según las indagaciones, cuatro armas tipo AR-15 fueron utilizados en la masacre en Torreón, y también fueron utilizadas en las ejecuciones del bar ‘Ferri’, y el bar ‘Juanas’, ocurridas en febrero y mayo pasados.
Al encontrar elementos similares en los asesinatos, el ministerio solicitó las fichas dactilares de toda la población penitenciaria y de los custodios que laboraban cuando se realizaron los hechos, y con esa información se llegó a la conclusión de que habían sido internos armados desde el penal los ejecutores.
El funcionario detalló que, con el permiso de la directora de dicho Centro de Readaptación Social, los criminales salían en los vehículos de los custodios para cometer hechos violentos en Durango y Coahuila.
Hasta el momento han rendido su testimonio la directora del penal, Margarita Rojas Rodríguez, así como el subdirector Francisco Carlos Alberto Uranga, y los jefes de seguridad y vigilancia, Roberto Enríquez Aguayo y José Guadalupe Díaz Ordaz, quienes se encuentran arraigados por 20 días. También ha declarado todo el equipo de custodios y la mitad de la población penitenciaria.
“Lo anunciado hoy sólo puede llamarnos a todas las autoridades a revisar una vez más el estado de deterioro de las instituciones que viven muchos de los ámbitos de la seguridad local, como es en este caso el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 2 en Gómez Palacio, Durango”, señaló el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, en conferencia de prensa.
Blake Mora dijo que no se puede permitir que situaciones de ese tipo se repitan y que por eso durante tres años de administración actual el gobierno federal ha apoyado una política de seguridad bajo los principios de cooperación y corresponsabilidad con las autoridades estatales y municipales, para contar con una solución institucional.
Días antes de que la PGR actuara contra los funcionarios de la cárcel, comenzó a circular en Internet un vídeo con una confesión que hizo un policía de Durango, quien era escoltado por dos miembros del cartel autodenominado los Zetas.
En el vídeo se interroga al policía de Lerdo, Durango, Rodolfo Najera, de 25 años, quien confiesa trabajar para un capo de la región.
Durante el interrogatorio el policía mencionó que la directora del penal Margarita Rojas permitía la salida de custodios y reos para realizar los crímenes.
Con información de Agencias
Reclusos de día, sicarios de noche
Los delincuentes cumplían las ejecuciones como parte de ajuste de cuentas con bandas rivales. Así ocurrió en la masacre que dejó 17 muertos en la Quinta Italia Inn, en Torreón, el pasado 18 de julio.
El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, aseguró que, según las indagaciones, cuatro armas tipo AR-15 fueron utilizados en la masacre en Torreón, y también fueron utilizadas en las ejecuciones del bar ‘Ferri’, y el bar ‘Juanas’, ocurridas en febrero y mayo pasados.
Al encontrar elementos similares en los asesinatos, el ministerio solicitó las fichas dactilares de toda la población penitenciaria y de los custodios que laboraban cuando se realizaron los hechos, y con esa información se llegó a la conclusión de que habían sido internos armados desde el penal los ejecutores.
El funcionario detalló que, con el permiso de la directora de dicho Centro de Readaptación Social, los criminales salían en los vehículos de los custodios para cometer hechos violentos en Durango y Coahuila.
Hasta el momento han rendido su testimonio la directora del penal, Margarita Rojas Rodríguez, así como el subdirector Francisco Carlos Alberto Uranga, y los jefes de seguridad y vigilancia, Roberto Enríquez Aguayo y José Guadalupe Díaz Ordaz, quienes se encuentran arraigados por 20 días. También ha declarado todo el equipo de custodios y la mitad de la población penitenciaria.
“Lo anunciado hoy sólo puede llamarnos a todas las autoridades a revisar una vez más el estado de deterioro de las instituciones que viven muchos de los ámbitos de la seguridad local, como es en este caso el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 2 en Gómez Palacio, Durango”, señaló el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, en conferencia de prensa.
Blake Mora dijo que no se puede permitir que situaciones de ese tipo se repitan y que por eso durante tres años de administración actual el gobierno federal ha apoyado una política de seguridad bajo los principios de cooperación y corresponsabilidad con las autoridades estatales y municipales, para contar con una solución institucional.
Días antes de que la PGR actuara contra los funcionarios de la cárcel, comenzó a circular en Internet un vídeo con una confesión que hizo un policía de Durango, quien era escoltado por dos miembros del cartel autodenominado los Zetas.
En el vídeo se interroga al policía de Lerdo, Durango, Rodolfo Najera, de 25 años, quien confiesa trabajar para un capo de la región.
Durante el interrogatorio el policía mencionó que la directora del penal Margarita Rojas permitía la salida de custodios y reos para realizar los crímenes.
Con información de Agencias