Demanda ISAF penalmente a cuatro funcionarios de Sonora
El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) denunció penalmente a cuatro funcionarios del Gobierno de Sonora por la probable comisión de los delitos de desvío de recursos, peculado, abuso de autoridad y uso indebido de facultades, en el ejercicio fiscal de 2012.
Durante la revisión de la cuenta pública, los auditores del ISAF encontraron irregularidades en el manejo de los recursos públicos y señalaron que no fueron comprobados alrededor de seis mil millones de pesos de toda la estructura estatal.
Sin embargo, inició los primeros cuatro procedimientos penales en contra de los titulares de la Secretaría de Agricultura, el Isssteson, el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot) y el Ayuntamiento de Bácum.
El diputado integrante de la Comisión de Vigilancia del ISAF, Abel Murrieta Gutiérrez, dijo en rueda de prensa que es la primera vez que el Instituto entabla demandas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de funcionarios públicos.
Explicó que en el caso del Isssteson, la directora Teresa Lizárraga Figueroa es señalada por un daño patrimonial que asciende a alrededor de dos mil millones de pesos, principalmente por el desvío de los recursos correspondientes del Fondo de Pensiones y Jubilaciones.
Además se le acusa de presentar como comprobantes de gastos del ejercicio fiscal de 2012 una serie de facturas relacionadas con la adquisición de maquillajes, panecillos rellenos, accesorios femeninos y certificados de regalo para manicura.
En el caso del Femot, Abel Murrieta Gutiérrez señaló que no ha podido comprobar el destino final de 600 millones de pesos que aprobó el Congreso del Estado para la modernización del transporte en los municipios de Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa.
La denuncia penal fue interpuesta en contra del ex director del Femot, Víctor Alcaraz Bernal, pues según el ISAF "no se pudo determinar el destino de los recursos por falta de evidencia documental".
Asimismo se interpuso una denuncia penal en contra del secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura de Sonora, Héctor Ortiz Ciscomani, por los delitos de abuso de autoridad, peculado, uso indebido del ejercicio público y uso indebido de facultades.
"Se detectaron, entre otras irregularidades, gastos ceremoniales sin comprobar por 7.2 millones de pesos y transferencias otorgadas a entidades federativas paraestatales, de las cuales no se cuenta con documentación comprobatoria que acredite a quien se realiza la transferencia o cheque y su póliza por 48.5 millones de pesos", comentó el legislador.
Una cuarta denuncia penal fue interpuesta en contra de la ex alcaldesa del municipio de Bácum, Rosalía Benítez Audeves, actual funcionaria del gobierno estatal, porque no ha podido comprobar el destino final de 20 millones de pesos.
Allí el ISAF detectó cheques sin evidencia de documentales para la comprobación del gasto, ingresos que no fueron depositados en cuentas del ayuntamiento, pólizas de egresos no localizadas, gastos a comprobar sin evidencia de su aplicación en servicio público y préstamos personales sin cubrir.
Al respecto, el presidente estatal del PRI, Alfonso Elías Serrano, exigió el seguimiento oportuno de las cuatro denuncias.
"Que paguen las consecuencias de sus actos ilícitos todos aquellos funcionarios involucrados en los malos manejos de la cuenta pública. No vamos a claudicar en exigirle a la Contraloría que tome acciones concretas en los procedimientos a seguir en estas denuncias. Le vamos a exigir a la Procuraduría General de Justicia del Estado que cumpla", expuso.
Los diputados del PRI adelantaron que estas cuatro denuncias son las primeras de muchas que se interpondrán en contra de funcionarios del gobierno de Guillermo Padrés, que superó las observaciones hechas a la cuenta pública de un año a otro.