Ginebra, Suiza a 5 de noviembre de 2010.- Estados Unidos recibió hoy una avalancha de críticas por su política de derechos humanos al someterse por primera vez al Examen Periódico Universal que todos los miembros de la ONU deben pasar cada cuatro años en Ginebra.

La representación de México denunció las leyes inmigratorias de EU, especialmente la de Arizona que criminaliza a los clandestinos.

Asimismo, demandó a Estados Unidos "prohibir expresamente el uso de perfiles raciales en la aplicación de la legislación migratoria" y recomendó "prohibir, prevenir y castigar el uso letal de la fuerza en el desempeño de tareas de control migratorio", en respuesta al informe presentado por la secretaria de Estado adjunta para Organismos Internacionales de Estados Unidos, Esther Brimmer.

El representante permanente ante organismos internacionales, embajador Juan José Gómez Camacho, denunció que bajo el programa "comunidades seguras" se están llevando detenciones sobre la base de criterios raciales.

Subrayó que estas detenciones "han derivado incluso en casos en los que ciudadanos de Estados Unidos han sido confundidos con migrantes indocumentados y deportados a México".

"Recomendamos prohibir y sancionar el uso de perfiles raciales en todos los programas que facultan a las autoridades locales para aplicar legislación migratoria, así como proveer recursos efectivos y accesibles para remediar violaciones a los derechos humanos bajo estos programas".

Por otra parte, pidió adoptar las acciones necesarias para resolver los obstáculos que impiden dar cabal cumplimiento al fallo Avena de la Corte Internacional de Justicia, y en tanto ello suceda, "evitar la ejecución de individuos contemplados en dicho fallo".

La sesión en el fuertemente politizado Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue previsible en cuanto a las denuncias de numerosos países latinoamericanos de izquierdas -encabezados por Cuba y Venezuela- así como por enemigos "clásicos" como Irán u otras naciones islámicas.

Pero Washington también fue criticado por Occidente especialmente en dos asuntos: por mantener y aplicar la pena de muerte o no haber cerrado la prisión de Guantánamo tal como prometió el presidente Barack Obama.

La delegación de Estados Unidos, formada por una treintena de personas y encabezada por Esther Brimmer, secretaria de Estado adjunta para Asuntos de Organizaciones Internacionales; Harold Hongju Koh, asesor legal del Departamento de Estado; y Michael Posner, secretario de Estado adjunto para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, se defendió de las críticas y subrayó el compromiso de la administración de Barack Obama con el multilateralismo y el Estado de derecho.

"Asumimos nuestro lugar en el proceso de Examen Periódico Universal con orgullo por nuestros logros, honestidad en los desafíos que afrontamos y el compromiso de emplear el sistema internacional para promover la protección de los derechos humanos en nuestro país y fuera", dijo Brimmer en la presentación del informe de EU.

"No hay zonas fuera de la ley... Estamos inmersos en conflictos armados y limitados por las leyes de la guerra tal como se aplican en el siglo XXI", señaló, por su parte, Posner.

Precisamente la actuación de las tropas de EU en guerras como Afganistán e Irak o la situación de los presos de Guantánamo acusados de terrorismo ocuparon gran parte de las críticas en el Consejo.

Cuba y Venezuela abrieron el fuego al intervenir los primeros después de la delegación de EEUU, de acuerdo a una lista cerrada desde ayer en la que lograron apuntarse los mayores "enemigos" de Washington.

Entre otras cosas, pidieron poner fin al bloqueo de Cuba, enjuiciar a los autores de las torturas en Guantánamo, Irak o Afganistán, ratificar numerosos tratados internacionales sobre derechos humanos, derogar la pena de muerte, acabar con los juicios militares a los sospechosos de terrorismo o tomar medidas para reducir sus emisiones contaminantes.

Cuba y Venezuela fueron secundadas después por Irán, Nicaragua, Bolivia y Ecuador en sus fuertes críticas a Washington, pero Brasil, México, Argentina y Colombia también se sumaron a peticiones como acabar con la pena de muerte o que la primera potencia mundial ratifique numerosos tratados internacionales de los que está ausente.

Irán, por su parte, pidió la prohibición de la tortura, el cierre de las prisiones secretas o el fin de las operaciones ilegales.

Los países occidentales, si bien alabaron el firme compromiso de Washington con la administración de Obama de avanzar en la defensa de los derechos tras la presidencia de George Bush, se centraron en condenar la pena capital y el mantenimiento del limbo legal de la cárcel de Guantánamo.

"¿Espera su gobierno proceder en breve al cierre de dicha prisión y mientras tanto regular la prisión indefinida de la cincuentena de detenidos para incluir procedimientos de habeas corpus?", preguntó el embajador español, Javier Garrigues.

Peticiones similares hicieron países como Francia, Noruega, Suiza, Rusia además de numerosos latinoamericanos.

El asesor legal del departamento de Estado, Harold Koh, defendió la permanencia de la pena de muerte en EU alegando que ningún tratado internacional la prohíbe y asegurando que se aplica con todas las limitaciones y garantías.

Acerca de Guantánamo, la delegación estadounidense explicó en conferencia de prensa que el cierre de la prisión es un proceso "complicado" que no depende sólo de Obama, sino del Congreso de EU y otras instancias.

Koh aclaró que "hay un grupo de presos de Yemen que suponen un problema... hace sólo unos días se descubrieron los paquetes bomba procedentes de Yemen".

Y sobre las acusaciones de torturas por parte de soldados en Irak y Afganistán, los representantes de Washington subrayaron la "inequívoca determinación" de Obama de prohibir las torturas y malos tratos, así como de investigarlas.