Para continuar con la adecuada implementación del nuevo sistema de Justicia Laboral en Sonora, y brindar certeza y seguridad jurídica a los gobernados, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Constitución local y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, las cuales permitirán homologar y sistematizar los ordenamientos jurídicos en esta materia.

 

 

 

La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política presentó al Pleno la iniciativa presentada por el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rafael Acuña Griego, además solicitó que fuera considerada como de urgente y obvia resolución, y se dispensara el trámite de comisión, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 124, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la diputada Presidenta, Diana Karina Barreras Samaniego, la sometió a votación de la asamblea.

 

 

 

A nombre de la CRICP, la diputada Ernestina Castro Valenzuela dio lectura a la iniciativa con proyecto de Ley que reforma los artículos 112, párrafo primero; 117, párrafos primero y segundo; 120, párrafo décimo primero; 121; 122, párrafo segundo; 123; 126 y 144, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Sonora.

 

 

 

También al proyecto de Decreto que reforma los artículos 11, fracción XIV; 22, fracción II, incisos a) y b), párrafo primero; la denominación del Capítulo Quinto Bis del Título Cuarto; y los artículos 69 Bis; 71; y 74, párrafo primero; y se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose el orden de los párrafos subsecuentes en tercero, cuarto y quinto, al Artículo 57; y los párrafos tercero y cuarto al Artículo 73, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora.

 

 

 

Entre las modificaciones destacan la inclusión de las figuras de Tribunales Laborales y Jueces Laborales, para lo cual se faculta al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia a efecto de que, mediante acuerdos generales, pueda determinar la creación de nuevos juzgados que puedan operar con pluralidad de juezas y/o jueces, esto es, con dos o más titulares, y que se apliquen modelos de gestión judicial que conduzcan al aprovechamiento de la plantilla de personal que integre tales órganos jurisdiccionales.

 

 

 

Además, se modificó el Capítulo Quinto Bis del Título Cuarto, para quedar en: De la transformación temporal o definitiva de juzgados de primera instancia.

 

 

 

En la parte expositiva de la iniciativa presentada por la CRICP se reconoce la experiencia de las acciones que en los últimos años ha implementado el Poder Judicial y que han sido positivas, sin embargo, señala, debe continuar su evolución mediante el ejercicio legislativo que fortalezca, desde la propia Ley a dicho Poder.

 

 

 

“Pues no solo el aumento de casos judiciales produce saturación y presión en la labor de los órganos jurisdiccionales, sino también se suman la legítima exigencia del usuario, que demanda un mejor servicio judicial especializado, y la intensidad de los litigios que, en múltiples casos, se tornan complejos con motivo de los planteamientos de las partes”, establece.

 

 

 

En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Sonora, que tiene como propósito contribuir en la eliminación de brechas de desigualdad de género desde las instituciones educativas, mediante la figura de falda opcional como una estrategia de igualdad que consiste en la libre elección de las alumnas de vestirla o de pantalón en el uniforme escolar.

 

 

 

La diputada Ivana Celeste Taddei Arriola, impulsora de la iniciativa, dio lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, en el que se establece que se busca contribuir al combate de los estereotipos de género mediante los cuales se promociona un determinado comportamiento, una forma de ser, una expresión, apariencia o vestimenta definida, figura que se apega al control de constitucionalidad y al principio de convencionalidad, este último que atiende a la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

 

 

Una de las adiciones aprobadas en este Decreto establece que, como parte de los criterios de la educación que establece la Ley, los estudiantes podrán elegir libremente el uso de uniforme escolar, de acuerdo con la estrategia de falda opcional, y también se adiciona que las autoridades educativas deberán instrumentar estrategias, dentro de las instituciones públicas y privadas, para eliminar estereotipos de género que causen desigualdad y discriminación que tengan que ver con formas de vestir, actitudes y creencias, entre otras.

 

 

 

Se establece un periodo de 30 días hábiles para que el Poder Ejecutivo realice las adecuaciones pertinentes, así como un plazo adicional de 30 días hábiles para que las instituciones educativas adecuen sus reglamentos escolares al Decreto.

 

 

 

Turnan iniciativas a comisiones y aprueban Acuerdo

 

En el desarrollo de la plenaria, la diputada Natalia Rivera Grijalva presentó, a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una iniciativa con proyecto de ley que adiciona un párrafo segundo al Artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Sonora, con el fin de visibilizar el funcionamiento de tribunales y mejorar el acceso a la justicia.

 

 

 

La legisladora planteó tres principios: transparencia, que se traduce en la divulgación proactiva de la información a través de datos abiertos, en formatos que faciliten su acceso, análisis y reutilización; colaboración, que conlleva el intercambio de recursos y puntos de vista con actores ajenos al Poder Judicial, lo que permitiría cambiar la manera en la que se abordan los problemas y mejorar las prácticas o procesos judiciales; y participación, la cual se enfoca en cambiar el diseño de las soluciones a los problemas, para enfocarlo en los usuarios de las instituciones de justicia.

 

 

 

La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mientras que a la de Justicia y Derechos Humanos se turnó la presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo 9 de la Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de Sonora.

 

 

 

La diputada Elia Sahara Sallard Hernández expuso el objeto de la iniciativa es proteger el derecho humano de niñas, niños y madres a la lactancia materna, mediante políticas públicas que primero prevengan y sensibilicen, y por consecuencia se elimine toda conducta discriminatoria en contra de las mujeres que realicen el acto de amamantar en espacios públicos.

 

 

 

“Como sociedad debemos de considerar como inaudito que, en pleno siglo XXI, las mujeres sean sujetas de discriminación por un acto natural y básico, como lo es alimentar a sus hijos e hijas en lugares públicos, y más aún cuando es considerada la forma más viable de asegurar una buena salud a nuestros infantes, reduciendo los riesgos de desarrollar diversos tipos de enfermedades”, expresó.

 

 

 

Enseguida la diputada Paloma María Terán Villalobos presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Familia del Estado de Sonora, con el objeto de armonizar la protección de los derechos y garantías de las y los cónyuges en materia de demandas de divorcio en el Estado de Sonora.

 

 

 

Expuso que busca proteger a ciudadanas y ciudadanos de la comunidad LGBTIQ+ que se encuentran en matrimonio y que lleguen a necesitar protección en materia de demanda de divorcio, ya que actualmente existe una dualidad que debe armonizarse para garantizar su correcto funcionamiento con la reforma aprobada en 2021 en materia de matrimonio igualitario. La iniciativa será estudiada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

 

 

 

En el orden del día siguió la presentación de la iniciativa con punto de Acuerdo mediante el cual el Poder Legislativo resuelve exhortar al Director General del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, con relación a la entrega de becas y estímulos educativos a hijas e hijos de personas que, debido a la pérdida de la vida, donaron sus órganos para ser trasplantados.

 

 

 

A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada María Sagrario Montaño Palomares, presentó la iniciativa ante el Pleno del Congreso, con la cual se busca, dijo, que se informe a esta Soberanía el listado de las personas que han sido beneficiadas con la entrega de becas y estímulos educativos, derivado de la donación de órganos desde la entrada en vigor de la Ley respectiva a la fecha.

 

 

 

También sobre los programas de difusión y la convocatoria que se haya realizado o se realiza actualmente, para que los hijos e hijas de quienes donaron sus órganos sean acreedores de su derecho a las becas y estímulos educativos que establece la Ley, y solicitó se refuercen las campañas de difusión, para informar y asegurar el acceso de esos beneficios que por derecho deben tener las hijas e hijos de donantes de órganos, Acuerdo que se aprobó por unanimidad.

 

 

 

“Este exhorto está fundado y motivado por ciudadanos que se han acercado a este grupo parlamentario para pedir respaldo en el acceso a su derecho, y porque no podemos permitir que la Ley sea cumplida parcialmente. La donación de órganos es una acción de valientes que se realiza sin fines de lucro, pero que merece ser recompensada, y qué mejor que hacerlo mediante la educación de los hijos e hijas de esos héroes anónimos”, aseveró la legisladora.