Tres de los seis imputados en el homicidio cometido en agravio de Eduardo Enrique Castro Luque, diputado electo por Cajeme en las elecciones de 2012, recibieron una sentencia superior a los 40 años de prisión.

Con base en pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), Wilfredo “N”, el “Willy”; Diego Misael “N”, el “Matón”, y Wilver Joel “N”, el “Wilver”, recibieron, por parte del Juez, un castigo de 40 años siete meses, 15 días de cárcel, por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía, traición y retribución dada o prometida cometida por pandilla.

Después de siete años de ser capturados por la entonces Policía Estatal Investigadora (PEI), ahora Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la FGJE logró el veredicto para brindar justicia a la víctima y su familia, apuntó la Fiscalía en un comunicado.

Las indagatorias las realizó personal de la FGJE, a los días que se suscitaron los hechos donde Eduardo Enrique Castro Luque fue privado de la vida.

Resultado de las investigaciones se estableció que Wilfredo “N”, alias el “Willy”, fue el autor material del homicidio suscitado el 14 de septiembre de 2012 afuera del domicilio de la víctima, quien iba a tomar posesión como diputado en la LX legislatura sonorense.

Diego Misael “N”, “El Matón”, fue quien compró en cinco mil pesos un arma calibre .45 que se utilizó en la agresión, mientras que Wilver Joel “N”, “El Wilver”, fue el encargado de contactar al sicario para que realizara el asesinato.

Aún faltan por recibir sentencias Juan Manuel “N”, el “Juanito” y/o el “Güero”, señalado como quien consiguió la motocicleta en la que huyó el “Willy”, y Sergio Román “N”, el "Sergio”, presuntamente operador del plan.

Otro de los presuntos implicados, quien también tiene su sentencia pendiente, fue aprehendido por agentes AMIC el 13 de septiembre de este año en Zapopan, Jalisco, se trata de Manuel Alberto “N”, quien era el diputado suplente de Eduardo Enrique Castro Luque y figura como presunto autor intelectual del homicidio.

Las indagatorias realizadas en su momento, reforzadas hasta el día de hoy con pruebas científicas, establecen que el imputado ordenó privar de la vida al político para así quedarse con el puesto de diputado electo antes de que fuera la toma de protesta en la legislatura.