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Viernes, 25 de Mayo de 2018
Local   -   Mayo 15, 2018

Chismes, mayoría de denuncias en Fiscalía Electoral

el chiltepin
POR REDACCION

Aunque el proceso electoral en Sonora transcurre con calma, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales ha recibido al menos 20 denuncias por la presunta comisión de delitos; sin embargo, la mayoría son chismes y sólo dos han merecido una investigación.

 

Así lo reveló el fiscal especial Pedro Pablo Chirinos al reunirse hoy con los integrantes del Colectivo de Reporteros Sonorenses, AC.

 

“Tenemos alrededor de 20 denuncias, la mayoría son chismes y un par de asuntos que sí son delicados y los estamos integrando de conformidad. Tenemos que ser imparciales porque estamos bajo el escrutinio público, bajo la supervisión de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de los jueces de control del Poder Judicial del estado de Sonora y bajo la supervisión de los tribunales constitucionales o de amparo que en el momento en el que nosotros nos equivoquemos nos van a estar corrigiendo la plana”, expuso.

 

Como ejemplo, mencionó los rumores que se esparcen como “fake news” a través de las redes sociales, mismos que han merecido denuncias ante la Fiscalía por parte de los ciudadanos.

 

“En cuanto a los chismes los podemos incluso con la vorágine de las redes sociales dividir en dos: uno, noticias falsas, toda la información debe ser confirmada, pero la realidad es que hay muchas interacciones que debaten con base en noticias falsas que dan la apariencia de una comisión de una conducta irregular que nunca ocurrió”, explicó.

 

El segundo tipo de chismes, agregó, surge a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas que alertan que desde alguna oficina pública se apoya no sólo a un candidato, sino a varios, pero no se aportan pruebas al respecto.

 

Chirinos dijo que el avance de la tecnología y la amplia penetración que tienen las redes sociales en los comicios tendrán que regularse en las leyes electorales para prevenir este tipo de conductas.

 

Dijo que a las denuncias por noticias falsas se les da un número de atención, pero no se abre una carpeta de investigación, pues resultaría más costoso.

 

“Lo que procuramos es hacer un análisis objetivo, eficaz y eficiente de los caso”, subrayó. “Hemos recibido denuncias contra todos los partidos, todos contra todos, no hay propiamente alguien que cometa más delitos electorales que otros y en muchas ocasiones las denuncias no tienen sentido”. 

 

Lo que sí ha generado una mayor carga de trabajo no sólo en la Fiscalía estatal, sino en la federal, la Fepade, es la llegada de denuncias por la comisión del delito de turismo electoral.

 

Este delito se refiere a que hay ciudadanos y funcionarios que conspiran para cambiar el domicilio a otro distrito o municipio con el objetivo de interferir en los resultados electorales a favor de algún candidato o partido.

 

Esta ha sido una práctica común en Sonora, principalmente en los municipios de la zona serrana, donde quizá una decena de votos hace la diferencia entre un candidato y otro.

 

“El 85 o 90% de las denuncias que recibe la Fepade es en torno al turismo electoral. Es cambiar un gran número de personas sus domicilios de donde viven a un domicilio falso para poder votar en esa sección, distrito o municipio con el objetivo de incidir en los resultados. En las zonas serranas genera un alto impacto porque la diferencia la puede hacer 30 votos y hay más de 100 cambios de domicilio.

 

“La vulnerabilidad del voto genera que la gente sea víctima de esas redes de corrupción a cambio de una contraprestación; sin embargo, los partidos políticos tienen una comisión de vigilancia en el Registro Federal de Electores y se dan cuenta. Cuando esto brinca se da la figura del turismo electoral que es competencia exclusiva de la Fepade”, detalló.

 

Los casos relacionados con el turismo electoral se verán directamente en la Fepade, aunque la Fiscalía estatal se mantendrá en coordinación con ella para hacerle llegar las denuncias que se interpongan en el estado.

 

Chirinos dijo que quien resulte culpable por este delito podría recibir penas de hasta cinco años de prisión; sin embargo, cuando el culpable resulte ser funcionario público se atendrá a sanciones como una pena máxima de hasta 15 años de cárcel, la suspensión de sus derechos político-electorales o la destitución.

 

UNA JORNADA TRANQUILA

 

Pedro Pablo Chirinos afirmó que en Sonora el proceso electoral ha transcurrido en calma, en comparación con otras entidades donde la autoridad ha encendido los focos rojos.

 

Esto se debe, dijo, a que desde la Fiscalía se ha montado toda una campaña informativa sobre los delitos electorales para evitar su comisión. Además se ha informado a la gente sobre cómo interponer las denuncias correspondientes a través del número de emergencias 911 o personalmente en la Fiscalía.

 

“Nos hemos montado en una estrategia de prevención de los delitos electorales, con una óptica de prevención integral para que podamos disminuir la incidencia delictiva con un modelo de justicia abierta, con más acercamiento con la ciudadanía y con los sujetos que pueden cometer delitos electorales y escuchar cuál es la preocupación de ellos en torno a las elecciones.

 

“Hay mucho debate de ideas en las redes e interacciones virtuales que han llevado más a las opiniones. Esto ha generado que el proceso actual sea menos rígido. La elección intermedia en el estado de Sonora ha transitado con calma, con periodos más breves de campaña, con menos contaminación visual, con la aplicación de la justicia administrativa contra la violencia política hacia la mujer”, dijo.

 

La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales se ha encargado en este periodo de comunicar sus funciones a los ciudadanos y de orientarlos sobre cómo evitar la comisión de delitos electorales en la entidad.

 

Chirinos dijo que conforme se acerque el día de la elección reducirán su presencia hacia el exterior para concentrarse en la actividad interna, en la recepción de más denuncias y en su atención.

 

“Estamos haciendo una campaña de difusión para que denuncien al 911. Hay un call center especializado, que es el C4, con personal capacitado. Vamos a recibir todas las denuncias que se presenten. A nuestra Fiscalía van a llegar estas denuncias, pero dependemos en un 99% de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de su estructura para la recepción de estas denuncias”, dijo.

 

Actualmente, de la veintena de denuncias que ha recibido la Fiscalía sólo dos han ameritado un trabajo de investigación y de integración exhaustiva porque se trata de la presunta comisión de un delito electoral grave, aunque por la secrecía de los casos el fiscal omitió más detalles.

 

“Queremos hacer una buena integración de una investigación inicial, no depender de una investigación complementaria, estamos tratando de hacernos llegar de pruebas conducentes.

 

“Estas denuncias se están recibiendo en nuestra Fiscalía y también hay un desglose en la Fiscalía General de Justicia del Estado por otros delitos que se pudieran haber cometido. Te puedo decir que es el delito más penado en la Ley General en Materia de Delitos Electorales”, detalló.

 

EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 

Si bien los medios de comunicación son los difusores de los mensajes en materia electoral, también deben ajustarse a las leyes que regulan estos procesos públicos.

 

Chirinos dijo que los medios incurrirían en un delito si aceptasen la contratación de propaganda gubernamental con dinero público, a sabiendas de que en este proceso electoral eso está prohibido.

 

“Si bien de origen no están señalados como sujetos de delito electoral, se puede decir que pueden incurrir en un delito cuando se haga la contratación de propaganda con recursos públicos en tiempo electoral. Sería el único caso”, insistió. “Estamos en un periodo en el que se tiene que suspender la propaganda gubernamental. Quien lo contrate será sancionado por el INE”.