Samuel Moreno Terán, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, consideró que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que tiene como titular al abogado Sergio Gutiérrez Luna, posiblemente no ha efectuado un correcto seguimiento del proceso de adecuaciones a las nuevas leyes penales en Sonora.

Lo anterior en relación con el señalamiento que realizó el activista Alejandro Martí en el marco del Foro Nacional de Seguridad y Justicia en referencia a que el Estado de Sonora no ha cumplido con los objetivos del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Señaló que quien debería fijar una postura proactiva es el presidente del Poder Judicial del Estado de Sonora, Sebastián Sotomayor, pues hasta ahora no ha demostrado interés manifiesto en el tema.

“El Poder Judicial y su titular han sido tibios con respecto a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora, ya que no se ha dado a conocer si el presupuesto ya lo ejercieron, por lo menos, pues son ellos quienes aplicarán los nuevos preceptos aprobados”, expresó Moreno Terán.

El legislador dio a conocer que entre la legislatura actual y la anterior, se han aprobado 10 leyes dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, quedando dos leyes pendientes, que fueron presentadas en diciembre de 2014 y ya se encuentran dictaminadas: la Ley de Protección a Testigos y Sujetos Relacionados con Procedimientos Penales para el Estado de Sonora y la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Sonora.

En cuanto a la adhesión al Código Nacional de Procedimientos Penales, Moreno Terán informó que la misma ley marca como obligación al Ejecutivo Estatal que haga la solicitud formal al Congreso, lo que no ha hecho la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, cuyo titular es Gutiérrez Luna.

Además, dijo, en el presupuesto estatal 2014 se asignaron recursos por más de 130 millones de pesos para que el Gobierno del Estado y el Poder Judicial estuvieran en condiciones de poder cumplimentar administrativamente todas las adecuaciones necesarias.

“Es muy lamentable que Sonora destaque como un estado que no ha avanzado en la aplicación de las reformas de Justicia Penal, a pesar de que el Ejecutivo cuenta con los recursos financieros y las adecuaciones de la legislación estatal para cumplirlo, como ya ocurre en la mayoría de las entidades en el país”, subrayó.