Cada 7 de junio México conmemora el Día de la Libertad de Expresión. Una fecha que debería ser motivo de celebración para quienes ejercen el periodismo y para una sociedad que aspira a estar bien informada. Sin embargo, la realidad obliga más a la reflexión que al festejo.

Porque en México la libertad de expresión sigue enfrentando amenazas, presiones, intimidaciones y, en el peor de los casos, la muerte.

La autocensura se ha convertido en una dolorosa herramienta de supervivencia. Muchos periodistas no callan porque quieran hacerlo; callan porque conocen los riesgos de investigar determinados temas, exhibir abusos de poder o denunciar vínculos entre criminales y autoridades.

Las cifras son contundentes.

De acuerdo con el monitoreo permanente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han registrado 13 asesinatos de periodistas, además del hallazgo del cuerpo de un comunicador desaparecido desde 2019 y dos desapariciones forzadas.

Pero la tragedia va mucho más allá de un sexenio.

Desde el año 2000 a la fecha se contabilizan 340 asesinatos relacionados con la actividad periodística: 282 periodistas, 9 locutores, 16 trabajadores de prensa, 16 familiares, 12 amigos de comunicadores, además de civiles y escoltas que también fueron víctimas de la violencia.

Y si se amplía la estadística desde 1983, la cifra alcanza los 406 asesinatos vinculados al ejercicio de informar y comunicar en México.

A ello se suman 30 desapariciones forzadas documentadas: 26 periodistas, tres trabajadores de prensa y un amigo de comunicador.

Son números fríos, pero detrás de cada cifra existe una historia, una familia rota, una redacción vacía y una voz que fue silenciada.

En Sonora conocemos bien esta realidad. La entidad ha vivido episodios que marcaron profundamente al gremio periodístico y que dejaron claro que informar puede convertirse en una actividad de alto riesgo.

Por eso resulta insuficiente hablar de libertad de expresión únicamente en los discursos oficiales. La verdadera libertad se demuestra cuando un periodista puede investigar, preguntar y publicar sin temor a represalias, amenazas o agresiones.

La protección a periodistas sigue siendo una deuda pendiente del Estado mexicano. Mientras prevalezca la impunidad, mientras las investigaciones no lleguen hasta las últimas consecuencias y mientras existan comunicadores que trabajen bajo amenaza, la libertad de expresión seguirá siendo una conquista incompleta.

Porque el periodismo no es un privilegio de quienes lo ejercen. Es un derecho de la sociedad a estar informada.

Y este 7 de junio vale la pena recordarlo.

Porque cuando se silencia a un periodista, también se intenta silenciar el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad. Y mientras informar siga costando vidas en México, la libertad de expresión seguirá siendo una asignatura pendiente para nuestra democracia.

Y mientras el gremio periodístico reflexiona sobre los retos de la libertad de expresión, México atraviesa también momentos de incertidumbre política.

La semana que concluye dejó sobre la mesa señalamientos y presiones provenientes de Estados Unidos relacionados con presuntos vínculos de actores políticos con grupos del crimen organizado. Son acusaciones delicadas que han generado debate nacional y que, de una u otra forma, también han comenzado a tocar el ambiente político de Sonora.

La realidad es que existe un clima de tensión que muchos observan con preocupación. Hay quienes aseguran que la crisis es política, otros advierten posibles repercusiones económicas, y algunos más sostienen que apenas estamos viendo los primeros capítulos de una historia que todavía tiene mucho por escribirse.

Todo esto ocurre mientras los partidos políticos aceleran sus movimientos rumbo a la sucesión gubernamental de 2027. Morena y sus aliados afinan sus procesos internos, mientras la oposición recorre el estado buscando construir alternativas competitivas. Metro a metro, municipio por municipio, la carrera ya comenzó

¿Quién tiene la razón? ¿Quién posee toda la verdad? Nadie puede asegurarlo por completo. Lo que sí es evidente es que los sonorenses observan con atención y esperan respuestas claras

Porque más allá de los discursos, las campañas y las estrategias electorales, la ciudadanía tiene otras prioridades: seguridad, empleo, servicios públicos eficientes, oportunidades para los jóvenes, mejores ingresos familiares y condiciones dignas para vivir.

La elección de 2027 no solamente definirá nombres y partidos; definirá el rumbo que habrá de tomar Sonora en los próximos años.

Por el bien del estado y del país, ojalá prevalezca la verdad, la transparencia y la responsabilidad pública. Y ojalá también que los partidos políticos postulen mujeres y hombres honestos, trabajadores y comprometidos con las causas reales de la gente.

Porque al final del día, los ciudadanos no buscan promesas. Buscan resultados.

Y esos resultados, tarde o temprano, son los que terminan hablando más fuerte que cualquier discurso político.

Muchas veces el discurso político, es diferente a los mensajes de los ciudadanos, son como dos líneas paralelas.

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