Como sonorense y sobre todo desde el actuar constante en la Administración Pública, me ha tocado mirar el contexto en que los Derechos Humanos han venido institucionalizándose; Secrearon las Comisiones ante supuestas arbitrariedades de autoridades y el actuar de las Comisiones Estatales o Nacional fue incomprendida y señaladas públicamente de defender delincuentes, ya que ante el enojo ciudadano de algún presunto delincuente atrapado, se le hacía rápidamente un juicio social que pedía el maltrato del denunciado, por lo que era necesario actuar, ayer y ahora, en la protección del ser humano, no de su acto ilícito, que le traten con el debido proceso y se garantice la integridad física del imputado.

Porque los Derechos Humanos son para todos, aún que alguien esté señalado de un delito, es necesario respetar sus derechos con un debido proceso de procuración e impartición de justicia, de tal manera que no se defiende al delincuente, sino a los derechos que son inherentes a toda persona.

Los Derechos Humanos tienen un principio de progresividad, ya que hay que lograr el pleno cumplimiento de los mismos más allá de los discursos y se requiere tomar medidas jurisdiccionales y no jurisdiccionales que permitan a toda persona gozar del derecho que tiene a un orden social en el que se pueda realizar plenamente, éste el nuevo reto de los Derechos Humanos y que sin duda los cambios que vienen en Sonora, la Comisión Estatal deberá transitar hacia políticas, acciones en el corto y mediano plano que eficazmente pugnen por el derecho a vivir sin violencia y se propugne por abatir la impunidad. 

Hoy, lamentablemente la violencia letal del crimen borra cualquier esfuerzo gubernamental por potenciar las áreas económicas, sociales y políticas, aún si los esfuerzos gubernamentales estuvieran enfocados en promover las buenas noticias a través de los medios de comunicación, la nota roja se impone a través de las redes sociales conla información que suben los ciudadanos, ellos están enterados y si el gobierno no atiende los reclamos de seguridad y justicia recibirá un costo en su imagen, junto a un impacto en su capacidad de gobierno y rentabilidad político electoral. 

Hoy vivimos un desenfrenado horror de violencia letal del crimen que se reproduce con total impunidad, provocando también una crisis forense descomunal. Los números son de atenderse de inmediato, ya que en 2021:

• En Sonora la Cifra Negra Delictiva: los delitos no denunciados es del 93.30%;Lo que implica que si la Fiscalía abrió 37,302 Carpetas de Investigación en 2021, en realidad la ciudadanía sufrió 519,444 delitos que no denunciaron.

• De los delitos denunciados por los sonorenses, la probabilidad de esclarecimiento por parte de la Fiscalía es del 0.91%, es decir apenas un delito de cada 100 denunciadoses resuelto en Sonora.

• El delito de mayor impacto social es el homicidios doloso y la impunidad en Sonora es del orden 80.6%, es decir de cada 100 ejecuciones sólo se resuelven 20, quedando 80 impunes, haciendo cíclica la violencia letal y una invitación abierta a más ciudadanos a perpetrar el delito.

• Sonora ocupa el 4to. lugar nacional en fosas clandestinas después de Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, sólo en ésta semana en San Luis Río Colorado, Cajeme, Guaymas y Nogales se han encontrado más de 40 cuerpos.

Los datos que conocemos vía fuentes abiertas de información, así como los que nos ofrece el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021, editado por IMPUNIDAD CERO nos permite inferir que en Sonora, todo y todos estamos en riesgo, ya que 18 ciudadanos de cada 100 Sonorenses sufrieron un delito, pero solo 6 de ellos denunciaron y la probabilidad de que se esclarezca su caso es menor al 1%.

Así la realidad rebasa las intenciones y es necesario dejar de ver a los Derechos Humanos como una institución o un concepto, sino avanzar con acciones reales incidiendo en el actuar gubernamental, sea primariamenteen seguridad pública, procuracióne impartición de justicia para lograr que sus actuaciones nos garanticen una forma de vida en donde vivamos sin violencia.

Para avanzar en una vida en paz, en una sociedad con estabilidad, es necesario observar la eficiencia y eficacia del ministerio público, desde la plataforma de la seguridad pública, es decir hay que transitar el camino completo para aplicar justicia: cuantos informes policiales homologados (IPH) son levantados por los Oficiales responsables de aplicar la ley, cuantas personas son detenidas y presentadas ante la Justicia Cívica, lo que antes conocíamos como Jueces Calificadores o Barandillas, cuántos son turnados al Ministerio Público, sea del fuero federal o común, cuantas carpetas de investigación se abrieron, cuantos acuerdos reparatorios se alcanzaron, cuantas se judicializaron, cuantas con detenido, cuantas sin detenido, cuantas órdenes de aprehensión se emitieron, cuantas se ejecutaron, cuantas sentencias se lograron, cuántas de ellas condenatorias.

Conocer los resultados en cada etapa del proceso permitirá evaluar adecuadamente las actividades de seguridad y justicia, impulsando así no sólo el rendimiento de cuentas por parte de las autoridades responsables de aplicarla ley, sino el abatimiento de la impunidad.

 

Todo Estado tiene una Política de Persecución Criminal, que se ejecuta a través de la Fiscalía, esun hecho irreductible que en Sonora, la actual Política de Persecución se encuentra colapsada, rebasada o en su defecto inhibida, ya que no logra presentar resultados para:

 

Ya que con tan alto porcentaje de impunidad en los delitos dolosos(80.6%), vuelve cíclico el irrespeto a la ley y multiplica el número de víctimas y victimarios. Si no hay garantía al derecho a la vida y a la protección a la integridad física, no hay condiciones para el ejercicio y disfrute de los demás derechos humanos.

Este tema es fundamental para la sociedad, ya que no se trata solamente de evitar la impunidad en homicidios y feminicidios, sino llevar a cabo una persecución penal proactiva de todos aquellos delitos que son contra la integridad de las personas: lesiones, secuestros, privación ilegal de la libertad deteniendo las conductas en estos delitos que son los que más impactan a la convivencia social.

 

Todo grupo criminal organizado actúa para un beneficio económico o material: narcomenudeo, robo de vehículos, extorsión, secuestros, robo a bancos, etc. y su actuar constante perturba la paz social, crea zozobra en la comunidad; su actividad ilícita debe ser perseguida puntualmente hasta desarticularlos con las distintas soluciones procesales que permite la procuración de justicia y las funciones de investigación de las Policías Primer Respondiente.

Hoy es una constante la irrupción de comandos armados en las comunidades, los levantones, las ejecuciones.No habrá forma de gozar plenamente nuestros derechos humanos y desarrollarnos como comunidad si nuestros derechos fundamentales a la vida y paz social, no se garantizan por las instituciones responsables.

Nelson Mandela pronunció: "Privar a las personas de sus Derechos Humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”; es nuestro derecho vivir en paz.  

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Del Autor: Administrador Público especializado en Desarrollo de Capacidades Institucionales, Mejores Prácticas en Seguridad y Justicia, Táctica Gubernamental. Director en Jefe de Operaciones de Asesores  en Estrategia y Soluciones.