Por Armando Vasquez A.

HAY QUE RECONOCER que ADM se enfrentó a Napoleón Gómez Urrutia y le ganó. Participaron en esta derrota del senador y cocó de Grupo México, puro morenista, pero Alfonso aplastó las teclas adecuadas y se impuso. 

Para que usted lector dimensione la importancia del manejo dado al caso Cananea me permito darle a conocer una cronología para que se comprenda este parangón. 

1.- Napoleón Gómez Urrutia, es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) y, desde 2018, senador de la República por Morena y en el Senado: presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social, secretario de la comisión de Economía e integrante de las comisiones de Energía, Relaciones Exteriores, Minería y Desarrollo Regional. 

La dirigencia sindical le fue inmoralmente heredada de su padre Napoleón Gómez Sada, quien le pagó sus estudios de posgrado en Europa y también le ayudó para que fuera Director de la Casa de Moneda durante doce años, pero en el gobierno de Salinas de Gortari se detectó el robo de algunas barras de oro y don Napoleón metió sus manos para que no lo encarcelaran y solamente lo despidieran. Cosas de complicidades. 

 

2.- En su carrera de escándalos sobresale el haberse agenciado el cinco por ciento de las acciones de la minera de Cananea por un monto de 54 y pico de millones de dólares, cuando fue privatizada por el gobierno federal en 1989 y adquirida por Grupo México. El dinero se depositó en un fideicomiso a nombre del sindicato y desapareció. https://bit.ly/3Is3p4g  

 

Gómez Urrutia obtuvo ese dinero en el 2005 y de manera indebida lo depositó en varias cuentas bancarias del país y del extranjero y para su devolución, fue demandado por los ex mineros por la vía penal y laboral. Así le giraron orden de aprehensión y en 2006 se auto exilió a Canadá por doce años pretextando supuestas condiciones de “inseguridad” nunca demostradas.  

Alegó que fue “el sindicato” y no él quien se quedó con ese recurso, de tal manera que a través de diferentes machincuepas legales y enceitando con fuertes sumas la maquinaria judicial, logró librar ese escollo penal, pero no el laboral, claro, en el inter y desde allá ordenó tres diferentes huelgas en distintos tiempos en la mina de Cananea pero la más larga fue la iniciada el 30 de julio de 2007 y que duró tres años.  

3.- En ese lapso los huelguistas quemaron, robaron y destruyeron toda la maquinaria y equipos de producción de la mina. Grupo México solicitó la terminación de la relación colectiva de trabajo bajo el causal: “Causas de Fuerza Mayor” (válido y legal pues no había herramientas de trabajo),  que fue apoyado por el gobierno de Felipe Calderón y se levantó la huelga en junio del 2010. La reparación y reconstrucción de daños duró un año y se firmó un contrato colectivo con el sindicato Exploración Minera de Monterrey. 

En un momento determinado, Napito llevó a huelga en solidaridad a una treintena de sindicatos mineros del país. El gobierno de Calderón aprovechó la oportunidad y en cada uno de los participantes realizó juicios de titularidad donde Napito perdió –salvo Taxco--, todas sus filiales. La organización sindical de Monterrey fue la ganona. 

4.- Para el 2009 y tras dos años de no sentirse bien atendidos por el sindicato de Monterrey, los mineros de Fundición de Nacozari-Esqueda decidieron unirse a la CTM mediante juicio de titularidad. Al tiempo, la central obrera se hizo también del contrato de la minera de Cananea con una votación del 97% de sus agremiados.  

Ya son más de diez años del sello cetemista (son dos mil 114 obreros), que representa el 80% de los mineros de ese municipio. El resto lo componen agremiados de la sección 65 del Napito, --antes contaba con más de mil y ahora poco más de 300, suficientes para causar los desmanes ya conocidos al cerrar las carreteras--, y unos tantos independientes. 

5.- Regresemos al tema de los 54 mdd que les debe Napito a 719 mineros que le demandaron hace quince años y otros afectados más de otra ala organizacional. Al paso de los años uno por uno fueron cayendo sus argumentos legales y desde el mes de mayo de 2018 hay un laudo condenatorio de la Junta Federal contra su sindicato para que pague, juicio que finalmente ganó el licenciado laboral Raúl Sáenz Cota, después de haber fallecido. 

Ya no hay otra instancia, ni movimiento legal que detenga el remate de los bienes del sindicato de Napito, pero Gómez Urrutia no quiere despegarse de ese dinero que lo tiene en su bolsa. De allí también que quería que escalara el cierre de carreteras que topan en Cananea, para presionar con más fuerza y que fuera el gobierno y no él quien desembolse los 54 mdd. Por ello vociferó contra la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde, pataleó, gritó y se enfureció, pero no le salió la jugada.  

6.- Todo indica que los mineros pro napito serán liquidados con tres meses de indemnización y una prima de antigüedad de doce días por año, como dice la ley, sin embargo los 300 piden una liquidación mayor y creen en las promesas de NGU quien les ha dicho que van a regresar a trabajar y les regresarán el antiguo contrato colectivo que se perdió por su culpa, amén de que les pagarán salarios caídos conforme al contrato anterior, lo cual es una vil mentira. 

7.- En estos momentos, el senador morenista no acepta que perdió y llevó su lucha a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que fue admitida y revisada sabedores de que en México ya se han agotado todas las instancias judiciales por lo cual recomendó que se realice un “acuerdo amistoso”, en el entendido de que esta Resolución no tiene efecto vinculatorio, es decir no es obligatoria. Eso y nada, es lo mismo.

8.- Alfonso Durazo Montaño, quien fue a su vez el promotor del Plan de Justicia para Cananea, recientemente recibió a los ex mineros inconformes y les ofreció gestiones ante la federación para el diálogo amistoso y hasta donde sus facultades alcanzaran, pero en paralelo, logró acuerdos con Grupo México para que se hagan más inversiones y no solo depender laboralmente de la mina. Para ello se van a construir una Fundidora, la elaboración de cables y diversos productos terminados para darle un valor agregado al cobre y generar nuevos empleos en dicho municipio. 

Como lo anterior, (sobre todo las gestorías de ADM), no atienden los verdaderos intereses de Gómez Urrutia, el senador hizo otra de las suyas y ordenó el martes 18 de enero el bloqueo total por cuatro días a la carretera Federal en su tramo Cananea-Imuris, provocando gravísimas afectaciones a transportistas, a los viajeros y a toda la población porque en su desesperación los traileros bloquearon el acceso a Cananea, llegando las filas desde Imuris hasta Agua Prieta, como nunca antes se había visto. 

9.- El gobernador Durazo, no obstante, molesto por las injustas presiones, impulsó la reunión del viernes 21 de enero con el secretario de Gobernación y la secretaria del Trabajo, buscando las medidas adecuadas para que finalizara el problema.  Es obvio que, en esta reunión del gobierno federal y estatal, seguro hubo un fuerte reclamo y advertencias para Gómez Urrutia y escasos seguidores, ante la clara comisión de delitos y graves daños a terceros. 

Los acuerdos no fueron favorables para los chantajes de Napito y se hizo el compromiso de seguir dialogando y para ello se instalará la próxima mesa de diálogo para este miércoles 26 de enero en Gobernación. 

10.- Esperemos que, con la participación de estos dos gobiernos afines en materia política, se logre un acuerdo definitivo, sin amenazas ni chantajes del senador morenista, donde se aplique la ley y se resuelvan los derechos de los ex mineros que reclaman los 54 mdd que tienen derecho a esa liquidación conforme a la Ley Federal del Trabajo que cobija a los deudos en caso de fallecimiento de los titulares de la demanda original. 

EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere. 

Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorado en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…                                                                                        

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