Por Javier Quintero

 

Por fin el despilfarro que hacen los gobiernos en México en pagos a medios de comunicación será regulado.

 

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión expedir a más tardar el 30 de abril de 2018 una ley que regule la publicidad oficial, algo a lo que los legisladores le habían estado sacando la vuelta desde febrero de 2014, cuando se aprobó la reforma político-electoral, donde había sido estipulado.

 

Fue gracias a que la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 interpuso los primeros recursos legales que el caso empezó a avanzar. Obviamente en el camino se encontró trabas hasta que el expediente llegó a la Suprema Corte y ayer los ministros resolvieron darle la razón.

 

¿Por qué me da tanto gusto? Por varias razones, pero la más obvia es que los gobiernos tendrán un freno en los gastos excesivos que hacen a los medios de comunicación. Son gastos multimillonarios e innecesarios que directamente coartan la libertad de expresión y perpetúan la máxima de José López Portillo: “No te pago para que me pegues”.

 

Cada año los gobiernos tienen millones de pesos disponibles para pagos a medios y los distribuyen a su libre albedrío, a unos más y a otros menos, según la penetración entre la gente o según el compadrazgo o los favores que deseen cobrar después, pero hay otros a los que no se les da absolutamente nada, por odios, rencores, asuntos personales o porque son críticos del gobierno. Los castigan con eso y punto. Hay medios que han sobrevivido sexenios completos sin facturarle al gobierno.

 

Por eso una regulación a los gastos en publicidad oficial pondría el suelo parejo para todos. Finalmente se trata de dinero público, es una partida que debe existir para publicitar lo que está haciendo el gobierno en turno y no debe ser utilizada al antojo de los gobernantes o sus subordinados.

 

Pero hay muchas cosas que deben cambiar a la par de la regulación que habrá en abril de 2018. Durante décadas, los medios de comunicación en México no han sido un contrapoder, un contrapeso político, sino más bien un instrumento al servicio de los gobiernos, quizá por conveniencias, complicidades o temores de perder esos ingresos gubernamentales. Los medios han servido al poder y solamente unos pocos han trabajado para legitimar la democracia.

 

Probablemente con este cambio legal, también cambie esta percepción equivocada de los dueños de los medios de comunicación, o quizá no, quizá les guste más estar del lado de los gobernantes. Es un cambio que, en teoría, debiera cambiar el panorama de los medios de comunicación en México y pasar del “No te pago para que me pegues” al “No me pagas para que me censures”. Es un asunto de valores, ética y compromiso. El primer paso ya está dado, gracias a Artículo 19. Quizá el siguiente sea prescindir de los pagos gubernamentales y seguir los pasos de aquellos medios que han buscado fuentes alternativas de financiamiento. 

 

 

*El autor es un comunicador originario de Sonora, becario de la Fundación Prensa y Democracia. Estudió Escritura Creativa en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido reportero, editor y director en periódicos, radios y medios digitales. Twitter: @quintero_javier