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Martes, 25 de Abril de 2017
Abril 3, 2017 > El Mentidero

¿Qué sucedió en el desalojo de la carretera a Kino?

Por Cornelio Montaño

+ ¿Qué sucedió en el desalojo de la carretera a Kino?

 

+ Tenía “El Mencho” asiento VIP en reuniones de seguridad

 

Para abordar el tema del desalojo violento de transportistas que bloquearon la carretera Hermosillo-Bahía de Kino y sin afán ni interés de inclinar las cosas hacia un solo lado, empezaremos por establecer el contexto y recuento de los sucesos previos y posteriores a los hechos.

 

Durante un año, la Dirección de Transportes del Gobierno del Estado, que dirige Luis Iribe Murrieta, advirtió a los concesionarios de transporte del Poblado Miguel Alemán de la Costa de Hermosillo, que corrigieran los problemas que arrastraban y con los cuales incumplían con los términos de sus concesiones, las cuales fueron otorgadas en 2014, por el gobierno de Guillermo Padrés.

 

Los concesionarios no corrigieron sus fallas y la Dirección del Transporte revocó esas aproximadamente 20 concesiones, lo que derivó en la protesta de los transportistas y el bloqueo de la carretera que comunica Hermosillo con Bahía de Kino.

 

El bloqueo de la carretera se realizó el viernes 31 de marzo, un día de mucho tránsito vehicular hacia la playa de Kino por ser fin de semana, lo que motivó que por varias horas que duró la negociación con los inconformes, se formaran largas filas de automovilistas y camioneros varados en ambos sentidos de la carretera.

 

Al no fructificar las más de siete horas de negociaciones y dado el descontento de los automovilistas varados, el Gobierno del Estado, por medio de la Policía Estatal de Seguridad Pública, y el Ayuntamiento de Hermosillo, a través de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, decidieron emplear la fuerza pública para desbloquear la carretera y garantizar el libre tránsito de los viajeros.

 

La intervención de los elementos policiacos se tornó en enfrentamiento con los manifestantes y en ese afán de aplicar la ley para desalojar la carretera algunos elementos incurrieron en uso excesivo de fuerza, utilizando armas con balas de goma en contra de la multitud.

 

Las imágenes que circularon en portales de internet y redes sociales, con policías apuntando sus rifles contra civiles desarmados, entre ellos, viejos, niños y mujeres, son contundentes y un golpe mediático que pegó directo al gobierno de Claudia Pavlovich, ya ni siquiera al del Maloro Acosta.

 

Otras gráficas muestran a un policía apuntando su arma contra socorristas de la Cruz Roja que acudieron a atender a personas heridas con toletes y también con piedras lanzadas entre la bola.

 

Imágenes de alto impacto que generan la percepción de que el gobierno de Sonora reprime con violencia las manifestaciones de inconformidad.

 

Ya se sabe, porque así lo declaró el secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, que los rifles usaban balas de goma no letales que se utilizan para dispersar multitudes.

 

El problema es que eso sólo lo sabe el policía que la porta, no los ciudadanos que se ven amenazados del otro lado de la mira del rifle. Para estas personas lo que ven es un arma de alto poder que está cargada con balas que matan y que su vida está en riesgo. No saben en ese momento que son balas de goma, aunque también duelen.

 

El operativo para liberar la carretera se salió de control, porque hubo elementos policiacos que no siguieron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de acciones, dijo Adolfo García Morales, por lo que se tendrán que revisar dichos protocolos.

 

Informó que uno de los agentes de la PESP que apuntó su arma contra los manifestantes y los socorristas de la Cruz Roja, ya fue suspendido y sujeto a investigación.

 

Ahí también, hubo reacciones encontradas y muchas de ellas defendiendo al elemento policiaco, porque desde su pinto de vista él no amenazaba la vida de las personas, pues sabía que lo que traía eran balas de goma y sólo cumplía con su trabajo de hacer cumplir la ley para garantizar el derecho de otras personas al libre tránsito.

 

Entonces, desde el punto de vista de los ciudadanos y de muchos medios hubo exceso en el uso de la fuerza pública; pero para la autoridad el policía suspendido cumplió con su trabajo y aún así, para clarificar las cosas, está sujeto a investigación.

 

Desde el momento en que tiene que haber un desalojo, lleva implícito que se hará por la fuerza, porque quienes bloquean no se van a quitar por sí solos.

 

En mayor o menor grado, pero el abuso policiaco existe, lo mismo hoy que cuando las policías de Guillermo Padrés desalojaban plantones y manifestaciones de “Malnacidos”.

 

Dependiendo del cristal con que se mira, unos lo califican como abuso policiaco y otros consideran que es aplicar la ley para proteger los derechos y libertades de terceros.

 

Por su parte, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dijo de manera contundente: "No permitiré abusos policiacos en mi Estado, pero tampoco voy a permitir que se violenten los derechos de los ciudadanos sonorenses".

 

Está obligada a velar por que se cumplan una cosa y la otra, y así ha ordenado a sus colaboradores involucrados en el conflicto, para que se hagan las cosas. Es lo correcto.

 

 

 

Tenía “El Mencho” asiento VIP en reuniones de seguridad

 

Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tenía asiento VIP en las reuniones de seguridad nacional en las que participaban procuradores de justicia de todo el país, con el titular de la PGR, el Secretario de Gobernación y el mismísimo Presidente de la República.

 

Esto quedó de manifiesto luego de que las autoridades de Estados Unidos arrestaron en San Diego la semana pasada al Fiscal General de Justicia de Nayarit, Edgar Veytia, acusado de conspiración para importar, manufacturar y distribuir heroína, metanfetamina, marihuana y cocaína al territorio estadounidense.

 

¿Cuántas reuniones de procuradores hubo para delinear estrategias contra el crimen organizado, en más de tras años de investigación que traían las agencias estadounidenses sobre el Fiscal de Nayarit?

 

De ahí salía Edgar Veytia directo a informarle de primera mano al “Mencho” Oseguera los planes de combate contra su propia organización criminal, lo que le permitía anticiparse a cualquier intento del Ejército y la Marina para arrestarlo.

 

Es la mayor humillación que ha sufrido el gobierno mexicano, de su homólogo estadounidense, en la lucha contra el crimen organizado. Jamás les informaron de sus operaciones ni los alertaron que tenían al enemigo metido en las reuniones de seguridad.

 

El silencio del gobierno mexicano sobre este tema, dice más que mil palabras.

 

Y la pregunta ahora es, ¿cuántos fiscales más o secretarios de seguridad pública del país están como el prisionero y hoy ex Fiscal de Nayarit?

 

Nuestro gobierno no lo sabe, pero seguramente las agencias estadounidenses sí.

 

Hasta la próxima.

 

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