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Lunes, 21 de Agosto de 2017
Marzo 29, 2017 > El Mentidero

Militarizan Sonora y Sinaloa contra inseguridad

Por Cornelio Montaño

 

La Policía Militar nuevamente tiene que entrar al quite para frenar o limitar el accionar de los grupos del crimen organizado que se mueven en Sinaloa y Sonora, porque con las policías estatales y locales, nomás no se puede.

 

En el caso de Sinaloa, fueron 450 elementos del Ejército los que arribaron ayer a Culiacán, para tratar de contener la ola violenta que se vive sobre todo en el centro y sur de Sinaloa, pero más marcado en la zona de Culiacán y Navolato.

 

Estas dos ciudades han estado aportando el mayor número de muertes violentas en lo que va del año y la cereza del pastel fue la fuga de los cinco reos que pertenecen a la élite del cártel de Sinaloa, quienes huyeron por la puerta grande del penal de Aguaruto, en Culiacán.

 

Ante la corrupción imperante en dicho penal, que derivó en la fuga de los operadores y brazos armados de Ismael “El Mayo” Zambada y de los hijos del “Chapo” Guzmán, elementos del Ejército Mexicano tiene sitiado dicho penal, apostados desde hace varios días alrededor del inmueble del que desmantelaron las celdas de lujo que tenían los fugados, a saber el hijo de “El Azul”, el “Pancho Chimal”, el “Changuito Antrax”, “El 20” y “El Limón”.

 

A los cientos de elementos del Ejército y la Marina que ya se encontraban en Sinaloa, se les agregaron ayer estos 450 nuevos militares, para tratar de controlar una de las regiones más violentas en Sinaloa, porque en esas ciudades y sus alrededores viven muy pegados quienes eran amigos y hoy son rivales a muerte, los Dámaso y los Chapitos, protegidos éstos por El Mayo Zambada.

 

La fuga de esos liderazgos del cártel de Sinaloa, anticipa otra andanada de violencia en la disputa por el control de la organización criminal, y esa es la razón de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel haya solicitado el apoyo de las fuerzas armadas.

 

En Sonora dicen que están bien, pero buscan prevenir

 

En el caso de Sonora fueron alrededor de mil elementos de la Policía Militar los que llegaron el pasado lunes, pero aquí sería para blindar a la entidad del “efecto cucaracha”, para impedir que se metan delincuentes que salen huyendo de los Estados Vecinos, principalmente Sinaloa y Chihuahua.

 

Desde hace meses, partidos políticos y organizaciones civiles de Cajeme habían demandado en medios de comunicación el reforzamiento de la seguridad con elementos militares, porque se ha registrado una considerable alza en el número de homicidios, al grado de que tanto Ciudad Obregón como Hermosillo se ubican entre los 50 municipios de México que concentran la mayor cantidad de delitos de alto impacto.

 

El secretario de Seguridad Pública de Sonora, Adolfo García Morales, dijo que la llegada de los mil efectivos militares obedece a una gestión que hizo directamente la gobernadora Claudia Pavlovich con el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos Zepeda; pero el propio García Morales asegura que no es porque consideren que hay focos rojos, sino como una medida de prevención para reforzar la vigilancia en los límites con Sinaloa y Chihuahua, principalmente, para mantener y aún mejorar la tranquilidad del estado.

 

La Policía Militar también apoyará tareas de vigilancia en zonas agrícolas de los valles del Yaqui y Mayo; y estarán en los municipios y regiones de la sierra alta y sierra baja, así como en las áreas urbanas de Hermosillo y Ciudad Obregón.

 

Aparentemente no está contemplado en esta ocasión, pero otra zona donde es necesario que dé una peinada el Ejército es en el desierto de Altar, ahí donde está la puerta de entrada a territorio de organizaciones de traficantes de drogas y de personas, por su ubicación estratégica para controlar la frontera Sonora-Arizona, donde ya en ocasiones recientes se han pegado sus agarrones los grupos delictivos.

Qué sería de este país, si no contáramos con el Ejército y la Marina para combatir a delincuentes y policías corruptos.

 

Macedo de la Concha en el Congreso

 

Estuvo ayer en el Congreso del Estado de Sonora el general Rafael Macedo de la Concha, ex titular de la Procuraduría General de la República en tiempos de Vicente Fox, y que hoy es el asesor de lujo que tiene la Consejería Jurídica de la administración de Claudia Pavlovich, en el diseño del Sistema Estatal Anticorrupción.

 

Macedo de la Concha planteó como urgente la necesidad de que Sonora se apresure a contar con una armonización que resulte en un Sistema Estatal Anticorrupción bien aceitado para que empiece a funcionar y a darle resultados a la demandante sociedad sonorense que es claro espera se castigue a quienes se aprovechan de sus cargos públicos para robarse el dinero de los sonorenses.

 

El General ofreció una conferencia acerca de “Los Retos del Sistema Nacional Anticorrupción y el Proceso en el Estado de Sonora”, ante la Comisión Anticorrupción de la LXI Legislatura que preside el diputado tricolor David Palafox.

 

Hay que decir, como lo reconoció el propio Macedo, que en Sonora se han dado pasos firmes hacia adelante en el proceso de construir el Sistema Estatal Anticorrupción.

 

Lo más reciente ha sido la aprobación por el Congreso del Estado, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sonora, estableciendo el marco legal que le da a la misma la solidez constitucional que requiere, y sobre todo le refuerza ahora sí los dientes a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y crea la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales.

 

Rodolfo Montes de Oca se mantuvo firme como el primer titular de esta nueva figura de la Fiscalía General que sustituye a la Procuraduría de Justicia del Estado. También dan como seguro fiscal anticorrupción a Odracir Espinoza, ahora sí con dientes muy afilados, y suena muy fuerte para quedar al frente de la Fiscalía contra Delitos Electorales el doctor Raúl Guillén López, quien ha demostrado una sobrada capacidad en la materia constitucional y así lo demostró como Secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal, al partir de la nada para llevar al Estado a los primeros planos a nivel nacional en la implementación del nuevo modelo de justicia. Así que capacidad la hay, sin duda.

 

Hasta la próxima.

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