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Enero 11, 2017 > El Mentidero

Adelantar un año el gasolinazo, más electoral que las protestas

Por Cornelio Montaño

Desde que iniciaron las manifestaciones en contra del desorbitante incremento a los precios de las gasolinas en el país, los ciudadanos inconformes se han lanzado a la calle cada vez en mayor número.

 

Sin embargo, en este movimiento social han estado tratando de asumir papeles de liderazgo muchos dirigentes y simpatizantes de los diferentes partidos políticos, ninguno se escapa, con el evidente interés de sacar raja político-electoral del mismo.

 

Han sido fundadas las críticas de esos intentos de contaminar el movimiento, pero quienes lo han intentado se han llevado el inmediato rechazo de los ciudadanos que no persiguen otra cosa que la marcha atrás al “gasolinazo” o al menos una reducción a los precios de las gasolinas.

 

Pero esto también es política, un problema de economía, de inestabilidad social, de gobernabilidad, y necesariamente involucra a partidos políticos.

 

Es cierto, cualquier pronunciamiento que emitan los dirigentes de partidos, puede ser considerado como de tintes electorales.

 

Pero también el gasolinazo que nos propinó el gobierno federal es electorero.

 

Esto, porque en realidad la medida de liberar los precios de las gasolinas y del diésel estaba prevista para instrumentarse a partir del 1 de enero del 2018, no el 1 de enero del 2017.

 

Al adelantar el gasolinazo un año, el gobierno de Enrique Peña Nieto tomó una decisión electorera, porque para hacerlo hizo cálculos del altísimo impacto que tal medida tendría en la elección presidencial del mes de junio del 2018.

Prefirieron aguantar los embates de la ciudadanía y los airados reclamos al gobierno federal y al PRI en el arranque del 2017, tratando de ganar tiempo para suavizar el daño electoral que le habría causado al PRI estar con este problemón en plenas campañas presidenciales, ya con candidatos definidos, en enero del año entrante. Era demasiado corto el tiempo para aminorar el costo electoral.

 

Sin embargo, todo parece indicar que este año que le ganó al calendario electoral para propinarle el descontón a la población, tampoco les será suficiente al gobierno federal para impedir una derrota del tricolor. Es una muerte electoral anunciada.

 

Entonces tenemos que sí es electoral el movimiento social contra el gasolinazo, pero no visto desde el punto de vista de que lo dirija algún partido político, sino por el solo hecho de que esa masa social inconforme se lo va a cobrar en las urnas a Peña Nieto y al PRI, sin necesidad de que nadie les diga que lo hagan.

 

Y para aminorar la andanada que hay en las calles con protestas que van desde pacíficas hasta violentas, con saqueo de cientos de tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, gasolineras, casetas de peaje, bloqueo de carreteras y trenes, llegando al grado de que el propio gobierno estadounidense se ha visto obligado a cerrar sus garitas a lo largo de la frontera con nuestro país, resulta que la administración del presidente Enrique Peña Nieto salió a medios el lunes para lanzar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, que por supuesto a nadie convenció, empezando por el sector patronal y por las organizaciones civiles.

 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), y como ellos muchas otras organizaciones, catalogaron dicho acuerdo como francamente insuficiente, que nada resuelve y que sólo es rollo y más rollo. Puro discurso mareador.

 

La COPARMEX aclaró que el no firmar el acuerdo propuesto por el Presidente Peña Nieto, no significa romper con el gobierno federal, sino al contrario, y para ello el sindicato de millonarios lanzó una contrapropuesta de tres ejes que incluye el impulso a la economía familiar y la generación de empleo; mejoramiento de la finanzas públicas y la macroeconomía; y el combate a la corrupción y defensa del estado de derecho.

 

Entre las medidas destacadas por la COPARMEX se encuentra no continuar con los incrementos a la gasolina debido a que el gobierno obtiene suficientes recursos al cobrar el IEPS, que representa ingresos por 67 mil millones de pesos al año.

 

Y fíjese usted que el sindicato de patrones tiene mucha razón, pues además propone que con reducir un peso al litro de gasolina, como lo propone COPARMEX, significaría una reducción a los ingresos federales por concepto de impuestos de tan sólo mil millones de pesos, una cifra que con una reducción al gasto público podría asumir el gobierno.

 

También proponen eliminar al menos 37 programas sociales que se encuentran duplicados, así como volver deducibles de impuestos las prestaciones al 100 por ciento y por último limitar el gasto por parte del gobierno en publicidad oficial.

 

Ah, y no dejaron pasar la oportunidad de señalar que el acuerdo propuesto por la Presidencia de la República inició mal, desde su punto de vista, porque de entrada pretendía culpar a los empresarios por el incremento en los precios de varios productos.

 

Pero para qué tanto brinquito si está el suelo tan parejo, ¿acaso alguien duda que los empresarios no iban a subir los precios de sus productos y servicios para no absorber mayores costos por las alzas en los precios de las gasolinas? Las gasolinas mueven todo y por lo tanto encarecen todo.

 

Y sin salirnos del tema, es de reconocerse la valentía y decisión de la gobernadora Claudia Pavlovich al asumir de inmediato la postura crítica frente al gasolinazo y llevar hasta la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) sus propuestas para hacer frente a la situación y frenar el impacto del gasolinazo en la economía y bienestar de las familias sonorenses.

 

La Gobernadora propuso un esquema de subsidio al transporte público, en lo que respecta al diésel y la gasolina, para que no se vea afectada la economía de quienes menos tienen.

 

Para el sector agropecuario y pesquero se plantea un subsidio que evite aumentos escalonados en la canasta básica, y por otro lado sugirió un esquema fiscal para que en las gasolineras ubicadas en la frontera se disminuya el precio, con el objetivo de homologar el costo con los Estados Unidos y así incrementar la competitividad.

 

Por supuesto que la mandataria visualizó desde un principio lo que todos los ciudadanos también advertíamos, de que el gasolinazo y la inconformidad social podrían llevar al país y al estado a un problema de gobernabilidad, y por ello se les adelantó a todos los gobernadores con su posicionamiento.

 

Hasta la próxima.

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